El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, presentó al Concejo Deliberante un proyecto que condona las deudas que mantienen las empresas de transporte urbano con el municipio desde 2020, generando una fuerte controversia política y social en la capital jujeña. La medida beneficiará a cinco compañías del sector mientras los usuarios enfrentan aumentos constantes en las tarifas y un servicio deficiente.
La propuesta, ingresada bajo el Expediente Nº515-X-2025 y firmada por el intendente Jorge junto al secretario de Obras Públicas Aldo Montiel y la secretaria de Hacienda Agustina Apaza, busca eximir del pago de múltiples tributos a las empresas Unión Bus, El Urbano, Santa Ana, Colón (Xibi Xibi) y San Jorge.
Marcelo Moyano, ex dirigente de UTA Jujuy, calificó duramente la iniciativa: «Es un negociado, la política tiene sus amigos y sus negociados», denunciando que mientras los trabajadores del volante perciben salarios insuficientes, las empresas reciben beneficios fiscales sin cumplir adecuadamente con el servicio.
El alcance de la condonación
La condonación de deudas incluye una amplia gama de tributos municipales que las empresas transportistas han dejado de abonar durante los últimos cinco años. Entre los conceptos a perdonar se encuentran el canon por concesión de servicios públicos, la tasa por desinfección, desinsectación y desratización, el impuesto a los automotores y la tasa por inspección y control de servicios.
El proyecto municipal se apoya en la Ordenanza Nº 7978/2023 para justificar esta medida extraordinaria, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público de transporte en la ciudad.
La iniciativa del intendente Jorge busca, según el documento oficial, «asegurar la operatividad del sistema» y «restablecer el beneficio empresarial de la ecuación económica financiera de la concesión», reconociendo que las empresas enfrentan dificultades económicas que comprometen la prestación del servicio.
Justificaciones oficiales cuestionadas
Las autoridades municipales fundamentan la condonación en tres argumentos principales: la eliminación del subsidio nacional implementada por la Secretaría de Transporte de la Nación en 2023, el mantenimiento del Boleto Estudiantil y Universitario Gratuito (BEGU) y la declaración de emergencia en el sector del transporte público.
Sin embargo, la oposición política ha señalado inconsistencias en esta argumentación. El concejal del Frente de Izquierda Unidad, Guillermo Alemán, cuestiona cómo se justifica condonar deudas desde 2020 cuando la caída del subsidio nacional comenzó en 2023.
Durante el período de pandemia entre 2020 y 2022, el subsidio nacional había sido duplicado, lo que contradice los argumentos sobre las dificultades económicas de las empresas en ese período inicial. Además, la reducción de los fondos nacionales fue compensada con «millonarios subsidios aportados por el gobierno provincial» y significativos aumentos en las tarifas que pagan los usuarios.
El boleto de transporte experimentó un incremento dramático, pasando de $22,78 en 2020 a $1.099,49 en la actualidad, lo que representa un aumento del 4.826%. Este incremento, junto con los subsidios provinciales, habría subsanado las pérdidas por la reducción del apoyo nacional.
Oposición política y gremial
El Frente de Izquierda Unidad ha manifestado su rechazo categórico a la propuesta, considerándola un «nuevo beneficio para las patronales del sistema de transporte urbano de pasajeros». Los concejales de esta fuerza política han anunciado que exigirán transparencia sobre el monto exacto de la condonación y el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas.
Guillermo Alemán, concejal del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, ha planteado que se solicitará a la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, que rinda cuentas sobre «cuánta plata deja de recaudar el municipio» por esta medida y si las empresas están cumpliendo con los aportes patronales.
La crítica más dura proviene de Marcelo Moyano, quien conoce de cerca la realidad del sector: «Los choferes están cobrando menos de un millón de pesos, mientras que en Buenos Aires ya se cerraron paritarias con básicos de $1.600.000». El ex dirigente gremial denuncia la disparidad salarial que afecta a los trabajadores jujeños y cuestiona cómo empresas que «siguen figurando que tienen coches nuevos y usados» no pueden pagar sus obligaciones tributarias.
Incumplimientos sistemáticos sin sanciones
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es que el propio proyecto municipal «admite que las empresas del transporte incumplen sistemáticamente con los pliegos de la licitación del transporte urbano de pasajeros», pero en lugar de aplicar sanciones, se las beneficia con la condonación de sus deudas.
Los usuarios de San Salvador de Jujuy han denunciado que, a pesar de los constantes aumentos tarifarios, el servicio de transporte público no ha mejorado sustancialmente. Las unidades continúan en condiciones deficientes y la frecuencia del servicio no satisface las necesidades de la población, configurando lo que los críticos denominan un «premio por el mal servicio».
La situación se agrava cuando se considera que muy pocas empresas cumplen efectivamente con los pliegos de licitación en cuanto a la cantidad y calidad de unidades que deben poner en funcionamiento, generando un círculo vicioso donde el incumplimiento es premiado en lugar de sancionado.
Impacto en trabajadores y usuarios
Los trabajadores del transporte en Jujuy enfrentan condiciones laborales precarias que contrastan con los beneficios que reciben las empresas empleadoras. Muchos choferes se ven obligados a complementar sus ingresos con actividades como Uber para poder subsistir con dignidad.
La brecha salarial con otras jurisdicciones es significativa: mientras los conductores jujeños perciben salarios inferiores al millón de pesos, sus colegas porteños ya han acordado paritarias que establecen básicos de $1.600.000, evidenciando la desventaja competitiva que enfrentan los trabajadores locales.
Por su parte, los usuarios del transporte público son quienes más sufren las consecuencias de esta situación. No solo deben pagar tarifas cada vez más elevadas, sino que además, como contribuyentes municipales, terminarán financiando indirectamente las deudas condonadas a las empresas a través de sus impuestos.
La percepción ciudadana es que se trata de una «burla» al esfuerzo de los vecinos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias, mientras las grandes empresas reciben tratamientos preferenciales que no se reflejan en mejoras del servicio.
Comparación con políticas hacia sectores vulnerables
La oposición ha señalado una contradicción en las políticas municipales que resulta particularmente llamativa. Mientras se otorgan beneficios extraordinarios a empresas con capacidad económica demostrada, el gobierno municipal mantiene una postura estricta con sectores vulnerables de la población.
Los vendedores ambulantes, las personas con discapacidad que utilizan pases libres, y otros sectores sociales enfrentan controles rigurosos y restricciones, mientras que las grandes empresas del transporte reciben condonaciones millonarias sin garantías de mejora en el servicio.
Esta disparidad en el tratamiento refuerza la percepción de que existe una política de «dos varas» que favorece sistemáticamente a los sectores empresariales poderosos en detrimento de los ciudadanos comunes y los trabajadores.
Exigencias de transparencia y control
Ante la gravedad de la situación, diferentes sectores políticos y sociales han planteado la necesidad de implementar mecanismos de transparencia y control más efectivos. La principal demanda es conocer el monto exacto que dejará de percibir el municipio por esta condonación, información que resulta fundamental para evaluar el verdadero impacto fiscal de la medida.
El Frente de Izquierda ha reiterado su exigencia de conformar una «comisión auditora» que permita fiscalizar el desempeño de las empresas transportistas y verificar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Esta propuesta busca evitar que se repitan situaciones donde el incumplimiento empresarial sea premiado con beneficios fiscales.
Además, se ha solicitado información detallada sobre el cumplimiento de los aportes patronales y otros aspectos laborales, considerando que la precarización de los trabajadores del sector no puede ser la contrapartida de los beneficios empresariales.
Propuestas alternativas: Estatización del servicio
Como respuesta a lo que consideran una situación insostenible, sectores de la oposición han planteado la estatización del servicio de transporte público bajo control de trabajadores, profesionales y comités de usuarios. Esta propuesta busca eliminar el componente de lucro privado que, según sus promotores, distorsiona la prestación del servicio público.
La estatización se presenta como una alternativa que permitiría garantizar tanto la calidad del servicio como condiciones laborales dignas para los trabajadores, eliminando la necesidad de subsidiar empresas privadas que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones.
Esta iniciativa encuentra respaldo en el argumento de que el transporte público es un servicio esencial que no debería estar sujeto a las lógicas del mercado, especialmente cuando los resultados demuestran que el sistema actual no satisface las necesidades de usuarios y trabajadores.
Antecedentes y marco regulatorio
La Ordenanza Nº 7978/2023, que sirve de marco legal para la condonación propuesta, fue sancionada en un contexto de crisis del sector del transporte público. Esta normativa estableció los mecanismos para declarar la emergencia del sector y otorgar herramientas extraordinarias al ejecutivo municipal.
Sin embargo, los críticos señalan que esta ordenanza no debería utilizarse para beneficiar sistemáticamente a las empresas sin exigir contrapartidas concretas en términos de mejora del servicio y cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias.
Los antecedentes de condonaciones anteriores muestran que estas medidas no han resultado en mejoras sustanciales del servicio, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la efectividad de este tipo de políticas para resolver los problemas estructurales del transporte público.
Contexto económico nacional y provincial
La situación del transporte público en San Salvador de Jujuy debe analizarse en el marco de los cambios en las políticas nacionales de subsidios al sector. La gestión nacional ha implementado una reducción significativa de los fondos compensadores que tradicionalmente apoyaban a los sistemas de transporte del interior del país.
Esta política de ajuste ha generado presiones sobre los gobiernos locales y provinciales, que han debido implementar medidas compensatorias para mantener la operatividad de los sistemas de transporte. En el caso de Jujuy, el gobierno provincial ha aportado subsidios millonarios para cubrir el déficit generado por la reducción de los fondos nacionales.
Sin embargo, la transferencia de estos costos hacia los usuarios a través de aumentos tarifarios y hacia los contribuyentes mediante condonaciones fiscales plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y su equidad distributiva.
Perspectivas de los empresarios del transporte
Las empresas de transporte beneficiadas por la condonación propuesta argumentan que enfrentan dificultades económicas estructurales que comprometen la viabilidad del negocio. Los costos operativos, incluidos combustible, mantenimiento de flota, salarios y cargas sociales, han experimentado incrementos que no siempre pueden trasladarse íntegramente a las tarifas.
La reducción de la demanda durante la pandemia y la lenta recuperación posterior habrían impactado negativamente en los ingresos del sector, generando un desequilibrio en la ecuación económico-financiera de las concesiones.
No obstante, los cuestionamientos se centran en la falta de transparencia sobre la real situación económica de las empresas y en la ausencia de mecanismos de control que garanticen que los beneficios fiscales se traduzcan en mejoras del servicio y las condiciones laborales.
Impacto en las finanzas municipales
La condonación de cinco años de deudas tributarias tendrá un impacto significativo en las finanzas del municipio de San Salvador de Jujuy, aunque el monto exacto aún no ha sido divulgado oficialmente. Esta reducción en los ingresos municipales deberá ser compensada mediante otros tributos o a través de una reducción en la inversión pública.
Los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones tributarias terminan subsidiando indirectamente a las empresas beneficiadas, generando una inequidad que afecta la percepción de justicia fiscal y el cumplimiento voluntario de las obligaciones.
La falta de información precisa sobre el impacto fiscal dificulta la evaluación de la medida y alimenta las sospechas sobre la existencia de motivaciones que van más allá de las razones técnicas alegadas.
Precedentes y riesgos futuros
La condonación masiva de deudas empresariales puede sentar precedentes peligrosos que incentiven el incumplimiento tributario por parte de otros sectores económicos. Si las grandes empresas pueden obtener perdones fiscales alegando dificultades económicas, otros contribuyentes podrían reclamar tratamientos similares.
Este efecto demostración podría debilitar la disciplina fiscal y reducir la recaudación municipal, comprometiendo la capacidad del estado local para financiar obras y servicios públicos esenciales.
La sostenibilidad del modelo de transporte público basado en subsidios cruzados y condonaciones fiscales plantea interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo y su impacto en la equidad distributiva.
Reacciones del sector sindical
Más allá de las declaraciones de Marcelo Moyano, el sector sindical en su conjunto ha manifestado preocupación por una medida que beneficia a los empleadores sin garantizar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del transporte.
La UTA Jujuy ha protagonizado diversos conflictos en los últimos años debido a la demora en el pago de salarios y la brecha salarial con otras jurisdicciones. Los trabajadores han debido recurrir a medidas de fuerza para obtener el cumplimiento de acuerdos paritarios y el pago en tiempo y forma de sus remuneraciones.
La condonación de deudas patronales no incluye garantías sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales, lo que genera incertidumbre sobre si los beneficios fiscales se traducirán en mejoras para los trabajadores del sector.
Perspectivas de resolución
El tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante promete ser intenso, con la oposición preparada para exigir información detallada y garantías de transparencia. La discusión trasciende los aspectos técnicos para abordar cuestiones de fondo sobre el modelo de gestión del transporte público.
Las alternativas planteadas incluyen desde la modificación sustancial del proyecto hasta su rechazo total, pasando por la implementación de mecanismos de control y contrapartidas que garanticen mejoras efectivas del servicio.
La presión social y política podría forzar al ejecutivo municipal a revisar la propuesta o a brindar mayor transparencia sobre sus alcances e implicaciones, especialmente en lo referido al impacto fiscal y las garantías de mejora del servicio.
Conclusiones y perspectivas
La propuesta de condonación de deudas a las empresas de transporte público de San Salvador de Jujuy ha puesto en evidencia las tensiones entre los intereses empresariales, las necesidades de los usuarios y los derechos de los trabajadores. La medida, que busca resolver las dificultades económicas del sector, ha generado cuestionamientos sobre su equidad y efectividad.
Los argumentos oficiales sobre la caída de subsidios nacionales y los costos del boleto estudiantil gratuito contrastan con las críticas que señalan inconsistencias temporales y la falta de garantías sobre mejoras del servicio. La situación evidencia la complejidad de gestionar servicios públicos esenciales en un contexto de restricciones fiscales y demandas sociales crecientes.
El debate trasciende la coyuntura específica para plantear interrogantes más profundos sobre el modelo de transporte público, el rol del estado y el mercado, y la distribución de costos y beneficios entre los diferentes actores involucrados.
La resolución de esta controversia podría marcar precedentes importantes para la gestión del transporte público en Jujuy y sentar las bases para un modelo más equitativo y eficiente que contemple adecuadamente los intereses de usuarios, trabajadores y la sustentabilidad fiscal del sistema.
La transparencia en la gestión pública y el control ciudadano emergen como elementos clave para garantizar que las decisiones sobre servicios esenciales respondan efectivamente al interés general y no a intereses sectoriales específicos.
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