La comunidad de Caspalá, ubicada en la provincia de Jujuy, Argentina, se encuentra en una situación crítica tras el incumplimiento del Gobierno provincial en la restitución de su cancha ancestral. La asesora legal de las comunidades, Silvana Yañez, ha denunciado que no solo se ha ignorado una orden judicial, sino que también se han generado nuevos daños al patrimonio arqueológico de la zona.
Contexto de la situación
En noviembre de 2022, el Gobierno provincial, bajo la administración del entonces gobernador Gerardo Morales, decidió construir una escuela en la cancha ancestral de la comunidad. Esta decisión fue recibida con oposición por parte de los lugareños, quienes argumentaron que existía otro lote previamente destinado para tal fin. A pesar de la resistencia de la comunidad, el Gobierno continuó con sus planes, lo que llevó a una serie de acciones que incluyeron la expropiación ilegal de tierras y el uso de la fuerza para despojar a los residentes de sus propiedades.
La lucha de la comunidad
La comunidad de Caspalá no se quedó de brazos cruzados y presentó una denuncia contra Gerardo Morales por usurpación, abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita. Después de dos años de lucha, la Justicia federal falló a favor de los residentes, ordenando la reparación de la cancha ancestral y la restitución de las tierras expropiadas. La jueza federal Carina Gegoraschuk estableció que el Estado provincial debía llevar a cabo estas reparaciones en un plazo de 30 días, a partir de finales de noviembre de 2024.
Sin embargo, el Gobierno no cumplió con esta orden, lo que llevó a la comunidad a solicitar un nuevo plazo, que también fue ignorado. En una reciente entrevista en el programa de cable Sobremesa, Silvana Yañez expresó su frustración ante la falta de acción del Estado provincial.
Incumplimiento del Estado
“Fue debido al incumplimiento manifiesto del Estado provincial respecto de una manda judicial, porque el convenio que se firmó en noviembre está ya homologado. Ellos en esa época pidieron 30 días hábiles para restituir la cancha ancestral de la comunidad, reacondicionada y lista para usar, lo cual no ocurrió”, afirmó Yañez. Además, destacó que el Gobierno se comprometió a reintegrar los derechos de la titularidad de dominio a la familia Cruz Moyoja de la finca Santa Rosa, donde se encontraron los antigales.
A pesar de estos compromisos, la situación ha empeorado. “Lejos de eso, hoy estamos en una situación en la cual no se ha dado cumplimiento en lo absoluto, con el agravante de que se ha planteado una reunión con el Estado provincial, con el fiscal de Estado Albesa, que puso toda su buena predisposición, para avanzar en un plan de remediación integral multidisciplinario”, explicó Yañez.
Daños al patrimonio arqueológico
La asesora legal también denunció que la intervención del Gobierno en la cancha ancestral ha resultado en la destrucción de patrimonio histórico. “Volvieron a destrozar los antigales para tapar y tirar tierrita, como en su momento dijeron. Hoy la cancha no solo no cuenta con la reparación de la cancha a la que se comprometieron, sino que, además, en lo que son los antigales nuevamente se cometió delito de infracción a la ley de patrimonio, destrucción de patrimonio arqueológico”, afirmó Yañez.
La situación ha sido constatada por Gendarmería, que ha documentado la remoción del suelo sin la supervisión de personal idóneo. “De esta forma se revictimizó al pueblo”, agregó la letrada, quien también denunció maltrato por parte de los empleados que fueron a cumplir con la manda de la justicia.
La respuesta del Gobierno
A pesar de las múltiples denuncias y la presión de la comunidad, el Gobierno provincial ha mantenido una postura de silencio ante las acusaciones. La falta de respuesta y acción ha generado un clima de desconfianza y frustración entre los residentes de Caspalá, quienes sienten que sus derechos y su patrimonio cultural están siendo sistemáticamente ignorados.
La importancia de la cancha ancestral
La cancha ancestral de Caspalá no es solo un espacio físico; representa un símbolo de identidad y resistencia para la comunidad. Este lugar ha sido utilizado por generaciones para actividades culturales y deportivas, y su destrucción implica un ataque directo a la herencia cultural de los habitantes de la región. La comunidad ha luchado por preservar este espacio, que es fundamental para su cohesión social y su historia.
“Es un lugar donde se han realizado eventos importantes para nuestra comunidad, y su pérdida es un golpe duro para todos nosotros”, comentó Yañez, enfatizando la relevancia de la cancha en la vida cotidiana de los lugareños. La falta de atención del Gobierno a este aspecto cultural ha llevado a un sentimiento de abandono y desamparo entre los miembros de la comunidad.
La intervención de la Justicia
La intervención de la Justicia federal ha sido un rayo de esperanza para la comunidad de Caspalá. Sin embargo, el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del Gobierno provincial ha generado dudas sobre la efectividad del sistema judicial en la protección de los derechos de las comunidades indígenas y locales. “La Justicia ha hablado, pero el Gobierno no ha escuchado”, lamentó Yañez.
La comunidad ha expresado su intención de seguir luchando por sus derechos y por la reparación de los daños causados. “No vamos a rendirnos. Seguiremos buscando justicia y la restitución de nuestra cancha ancestral”, afirmó Yañez, quien se ha convertido en una voz representativa de la lucha de la comunidad.
La situación actual y los próximos pasos
A medida que se acerca la fecha límite establecida por la Justicia, el 30 de abril, la comunidad de Caspalá se encuentra en un estado de expectativa y ansiedad. La falta de acción del Gobierno ha llevado a la comunidad a considerar nuevas estrategias para hacer valer sus derechos. “Estamos evaluando todas nuestras opciones, incluyendo la posibilidad de movilizarnos y hacer escuchar nuestra voz en las calles”, indicó Yañez.
La comunidad también ha comenzado a buscar apoyo de organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos que puedan ayudar a visibilizar su situación y presionar al Gobierno para que cumpla con sus obligaciones. “Es fundamental que la sociedad sepa lo que está sucediendo en Caspalá. No estamos solos en esta lucha”, concluyó Yañez.
Conclusiones
La situación en Caspalá es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan muchas comunidades indígenas y locales en Argentina y en otras partes del mundo. La lucha por la restitución de tierras y la protección del patrimonio cultural es una batalla constante que requiere no solo la atención de las autoridades, sino también el apoyo de la sociedad en su conjunto.
El incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del Gobierno provincial no solo afecta a la comunidad de Caspalá, sino que también plantea preguntas sobre el respeto a los derechos humanos y la protección del patrimonio cultural en el país. La comunidad ha demostrado una resiliencia admirable, y su lucha por la justicia y la reparación continúa.
A medida que se acerca la fecha límite impuesta por la Justicia, la comunidad de Caspalá espera que el Gobierno finalmente cumpla con sus obligaciones y respete los derechos de los lugareños. La historia de Caspalá es un recordatorio de la importancia de la defensa del patrimonio cultural y de la necesidad de que las autoridades actúen con responsabilidad y respeto hacia las comunidades que representan.
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