A finales de 2024, la Justicia Federal dictó una resolución que obliga al gobierno jujeño a devolver las tierras expropiadas a Caspalá, incluyendo una cancha y una finca, que habían sido tomadas durante la gestión de Gerardo Morales. Sin embargo, a pesar de este fallo, los trabajos de reparación y restitución no se están llevando a cabo de manera adecuada, lo que ha generado preocupación en la comunidad.
Contexto del conflicto
La decisión judicial fue el resultado de un convenio entre el Ministerio Público Federal y la Fiscalía de Estado, que buscaba restituir las tierras a la comunidad originaria de Caspalá. La abogada de la comunidad, Silvana Llanes, celebró el fallo, considerándolo un «precedente enorme en Jujuy». Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que en febrero de 2025 se hizo evidente que el gobierno no había cumplido con la restitución de las tierras, demorando las obras de restauración.
Denuncias de irregularidades
En este contexto, la abogada Llanes denunció públicamente las irregularidades en los trabajos de reacondicionamiento de la cancha. En una entrevista con Radio 2, expuso que el gobierno provincial había enviado únicamente a Vialidad para realizar los trabajos, cuando lo correcto habría sido contar con un equipo multidisciplinario que evaluara cómo avanzar en la restauración. “No estamos hablando de una cancha simple, de tirar tierrita y ya está, sino que es una cancha que fue construida y mantenida por la comunidad”, enfatizó Llanes.
La abogada también destacó que, según la homologación del Juzgado Federal, la supervisión de las obras debía estar a cargo de la Fiscalía Federal, Gendarmería y la querella, que representa a la comunidad. Sin embargo, la falta de un análisis adecuado sobre el estado de la cancha y los daños causados por las obras ha llevado a una situación insostenible.
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Problemas en la ejecución de obras
Llanes explicó que, al realizarse los trabajos de reacondicionamiento, se dañó el muro de contención de la cancha debido a la falta de precauciones. “Cuando subieron todas esas columnas y máquinas, al estar en altura, el muro de contención se dañó. Eso tendría que haber sido analizado para dejar la cancha en el estado anterior”, afirmó.
La abogada también mencionó que se habían realizado dos audiencias en relación con estas irregularidades, pero la segunda fue suspendida debido a las denuncias de incumplimientos. “El agravante fue que en Finca Santa Rosa, donde se pretendía asentar, se destrozó patrimonio. También debería haberse realizado con personal idóneo, pero no tomaron las precauciones pertinentes y volvieron a dañar el patrimonio”, agregó.
Reunión con funcionarios provinciales
Ante esta situación, se programó una reunión con funcionarios del gobierno provincial para el lunes 24 de febrero, donde se espera que se presente un plan concreto de remediación multidisciplinario. “Nuestro ingeniero acudió, vio el desastre que habían hecho y a partir de ahí, se sugirió al Estado provincial que tiene que haber un plan concreto de remediación”, indicó Llanes.
La abogada subrayó la importancia de que esta reunión se lleve a cabo con la seriedad que corresponde, algo que debería haberse hecho desde el inicio del proceso. “Ahora van a tomar realmente cartas en el asunto y con la seriedad que corresponde”, afirmó.
Imputaciones a funcionarios
En relación con las imputaciones a funcionarios por este caso, Llanes fue consultada sobre la situación de la ex ministra de Educación, María Teresa Bovi, y el ex comisionado municipal, Natividad Apaza. “Hasta abril tienen plazo para agregar todo lo que corresponde a la Investigación Penal Preparatoria, donde nosotros estamos trabajando fuertemente porque vamos a la cabeza de todo esto que es el ex gobernador que no podía desconocer que estaba sucediendo esto y no estaba al tanto”, explicó.
La abogada destacó que, aunque estas personas están imputadas, se está trabajando para ampliar las imputaciones y asegurar que se tomen las responsabilidades adecuadas. “Estamos en pleno trabajo para reunir toda la evidencia necesaria y presentar un caso sólido”, remarcó Llanes.
La reacción de la comunidad
La comunidad de Caspalá ha estado atenta a los desarrollos de este conflicto y ha expresado su descontento con la falta de acción por parte del gobierno provincial. La restitución de las tierras expropiadas es vista no solo como un derecho, sino como un paso crucial para la recuperación de su patrimonio cultural y social. La cancha, en particular, es un símbolo de la identidad comunitaria y su mantenimiento es fundamental para las actividades recreativas y deportivas de la localidad.
Los habitantes de Caspalá han comenzado a organizarse para hacer escuchar su voz y exigir que se cumplan los compromisos asumidos por el gobierno. “No solo queremos que nos devuelvan las tierras, sino que también queremos que se respeten nuestros derechos y nuestra historia”, comentó un miembro de la comunidad que prefirió permanecer en el anonimato.
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La Importancia de la supervisión
La supervisión de las obras es un aspecto crítico en este proceso. La falta de un equipo multidisciplinario que evalúe y supervise adecuadamente los trabajos de restauración ha llevado a la comunidad a cuestionar la seriedad del gobierno en el cumplimiento de la resolución judicial. “No se puede dejar en manos de un solo organismo la responsabilidad de una obra tan importante. Necesitamos un enfoque integral que contemple todos los aspectos técnicos y sociales”, enfatizó Llanes.
La abogada también hizo hincapié en que la comunidad debe estar involucrada en el proceso de supervisión. “Nosotros somos los que conocemos el lugar, su historia y su importancia. Es fundamental que se nos escuche y se nos incluya en las decisiones que afectan nuestro patrimonio”, afirmó.
Desafíos futuros
A medida que se avanza en este proceso, la comunidad de Caspalá enfrenta varios desafíos. La falta de cumplimiento por parte del gobierno provincial y las irregularidades en las obras de restitución son solo algunos de los obstáculos que deben superar. Sin embargo, la determinación de la comunidad y el apoyo legal que han recibido les brindan una base sólida para continuar luchando por sus derechos.
La próxima reunión con los funcionarios provinciales será un momento clave para definir el rumbo de este conflicto. La comunidad espera que se presenten soluciones concretas y que se establezca un cronograma claro para la restitución de las tierras y la reparación de los daños causados.
Conclusión
El caso de Caspalá es un ejemplo de la lucha de las comunidades originarias por recuperar sus tierras y derechos. A pesar de la resolución de la Justicia Federal que ordena la restitución de las tierras expropiadas, la falta de acción por parte del gobierno provincial ha generado tensiones y descontento en la comunidad. La abogada Silvana Llanes ha sido una voz clave en esta lucha, denunciando las irregularidades y exigiendo un plan de remediación adecuado.
A medida que se acerca la reunión con los funcionarios provinciales, la comunidad de Caspalá se mantiene unida y decidida a hacer valer sus derechos. La restitución de las tierras no solo es un acto de justicia, sino también un paso hacia la recuperación de su identidad y patrimonio cultural. La lucha continúa, y la comunidad espera que se tomen las decisiones correctas para avanzar en este proceso.
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