En un giro decisivo para uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos de Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha intervenido en la disputa por la explotación de litio en la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. La decisión del máximo tribunal, que se declara competente para entender en la causa, representa un hito en la lucha de las comunidades originarias y organizaciones ambientalistas contra el avance de la megaminería de litio.
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Este fallo no solo pone un freno a los gobiernos provinciales y al Estado Nacional, sino que eleva el debate a la máxima instancia judicial del país, situando en el centro de la escena la colisión entre un futuro energético global y la supervivencia de un ecosistema ancestral.
Las claves de un dictamen que reconfigura el conflicto
El 16 de octubre de 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema emitió una resolución que reconfigura el mapa del conflicto. La decisión responde a una acción de amparo ambiental iniciada en 2019 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y un colectivo de pueblos originarios. La demanda fue liderada por la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras trece comunidades, representando el reclamo colectivo de las 33 que habitan la cuenca interjurisdiccional de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, un ecosistema de humedales de altura que abarca 17.602 km² entre las provincias de Jujuy y Salta.
Suprema Corte de Jujuy garantiza acceso a información ambiental a comunidades indígenas
En su fallo, el tribunal se declaró competente para intervenir en la causa, una medida de alto impacto estratégico. La justificación legal se basa en que la disputa involucra un recurso ambiental que trasciende los límites provinciales y compromete al Estado Nacional, cumpliendo así los requisitos del artículo 117 de la Constitución y la Ley General del Ambiente. Como primera medida, la Corte ordenó a los tres gobiernos demandados presentar, en un plazo de 30 días, informes técnicos detallados sobre todos los proyectos de exploración y explotación de litio y borato autorizados o en trámite en la región, un requerimiento que obliga a los estados a rendir cuentas ante la máxima instancia judicial del país.
Voces del territorio: Reacciones al fallo
La noticia fue recibida con un cauto optimismo por quienes llevan más de una década defendiendo el territorio. Las declaraciones de los protagonistas reflejan el significado profundo de esta decisión judicial.
«El fallo es un agradecimiento a la lucha de las comunidades (…) hoy tenemos la responsabilidad de poder hacer respetar los derechos». — Clemente Flores, comunero de la cuenca.
La abogada de las comunidades, Alicia Chalabe, reforzó esta perspectiva, afirmando que el fallo «confirma la legitimidad del reclamo de las comunidades originarias respecto al respeto de sus derechos y al rechazo del atropello gubernamental y empresario».
Esta victoria legal, aunque celebrada, no detiene el bombeo de la salmuera. El verdadero campo de batalla no está en los tribunales, sino bajo la costra de sal, en la silenciosa e invisible disputa por el recurso más vital de la Puna: el agua.
El corazón del conflicto: La batalla por el agua
El avance de la minería de litio, impulsada por una demanda global de energía «verde», se enfrenta a una realidad irrefutable en la Puna: el agua es el recurso que define la vida y la muerte. Este conflicto es, en esencia, una batalla por el agua. La cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc es un frágil sistema de humedales de altura, y su equilibrio hídrico, sostenido por escasas lluvias, es la base de la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades. Es la prueba científica de cómo una demanda global amenaza con vaciar un «vaso» local de su savia.
El diagnóstico científico: Un recurso en riesgo irreversible
Para entender la amenaza, la guía local Mirta ofrece una analogía contundente: la cuenca funciona «como un vaso». Es un sistema cerrado, endorreico, que apenas se recarga con las lluvias. Lo que se extrae no se repone. Estudios técnicos, como el del hidrogeólogo Marcelo Sticco, validan científicamente esta metáfora y describen un mecanismo de degradación irreversible. Al bombear masivamente salmuera desde el centro del salar, se crea un vacío que succiona las reservas de agua dulce de los bordes. En su desplazamiento, esta agua atraviesa sedimentos salinos, contaminándose de forma permanente. Una vez que se contamina el agua del vaso, no hay forma de limpiarla.
La escala del consumo hídrico es alarmante. Para producir una sola tonelada de litio, se evaporan aproximadamente 2 millones de litros de agua dulce, «el agua que nosotros consumimos, que nuestros animales consumen«, subraya Mirta. La evidencia del peligro no es teórica. En la cuenca vecina de Olaroz-Cauchari, donde la explotación ya está avanzada, el «vaso» ya muestra grietas: se han registrado descensos de hasta 40 metros en el nivel del agua subterránea, un presagio de lo que podría ocurrir en Salinas Grandes.
Un modelo alternativo ignorado
A pesar de los riesgos del método evaporítico, existen alternativas tecnológicas de menor impacto. El informe de Sticco señala la viabilidad de procesos de separación por vía húmeda, que permiten la reinyección del agua al sistema subterráneo. Esta técnica, conocida como «recuperación secundaria» y de uso común en la industria petrolera, reduciría drásticamente el consumo hídrico y aumentaría la eficiencia. Sin embargo, este modelo alternativo ha sido sistemáticamente ignorado por la industria y los gobiernos.
El riesgo no es solo la salinización de un acuífero; es la desecación de una cultura que ha existido en armonía con este delicado equilibrio hídrico durante siglos.
Territorio, cultura y derechos: La lucha por la autodeterminación
Más allá de los balances hídricos, el conflicto en Salinas Grandes es una manifestación de una lucha histórica de los pueblos originarios por el reconocimiento de su territorio, su cultura y su derecho a decidir sobre su propio futuro. Es el choque frontal entre dos visiones del mundo: una que ve el territorio como un espacio sagrado de vida y otra que lo percibe como una fuente de recursos para explotar.
«Buen vivir» vs. modelo extractivista
Para las 33 comunidades kollas y atacamas de la cuenca, el territorio es la base de su existencia. Su modo de vida tradicional se fundamenta en la ganadería de llamas y ovejas y la cosecha ancestral de sal, una economía de subsistencia y reciprocidad. Mirta lo evoca con detalle: «la sal en pan que los abuelitos sacaban y los llevaban hacia la quebrada a realizar los trueques». Estas actividades están profundamente ligadas a una cosmovisión de respeto a la Pachamama (Madre Tierra), conocida como «Buen Vivir». Este modelo se contrapone directamente con la lógica de la industria extractiva, que prioriza la rentabilidad económica a corto plazo, a menudo a costa del equilibrio ambiental y la pervivencia cultural.
El reclamo por el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)
Uno de los pilares del reclamo es la vulneración sistemática del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), garantizado por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina. Un informe de FARN detalla las fallas del proceso. Los diálogos nunca fueron entre iguales. Por un lado, abogados y técnicos de corporaciones multinacionales; por el otro, miembros de la comunidad sin acceso a asesoramiento independiente. La información compartida, excesivamente técnica y extensa, resultaba incomprensible. Y lo más grave: el Estado, que debía ser el árbitro, brilló por su ausencia, dejando a las comunidades solas para negociar con las empresas interesadas en sus tierras.
Kachi Yupi: La propuesta comunitaria
Frente a este avasallamiento, las comunidades elaboraron el protocolo biocultural «Kachi Yupi. Huellas de la Sal». Este documento, pionero en Argentina, es su respuesta organizada. No busca ser una ley, sino un manual que establece cómo debe llevarse a cabo un proceso de consulta respetuoso de su cultura, sus tiempos y su derecho a la autodeterminación, poniendo la vida y el territorio por encima de cualquier interés económico.
Sin embargo, esta visión no es unánime en la Puna, donde la promesa del desarrollo ha abierto una brecha entre las propias comunidades.
El dilema del desarrollo: Litio, empleo y visiones enfrentadas
La promesa del «oro blanco» ha sembrado una profunda y dolorosa división en la Puna, enfrentando a comunidades hermanas con visiones irreconciliables sobre el futuro y la supervivencia. Para los gobiernos y el sector empresarial, el litio representa una oportunidad estratégica para atraer inversiones, generar divisas y crear empleo en una de las regiones más postergadas del país. Esta visión encuentra eco en algunas comunidades que ven en la minería una salida a la precariedad.
La postura pro-minería
No todas las comunidades se oponen a la minería. La Cámara Minera de Jujuy destaca que pueblos como Rinconadillas y Lipán han decidido, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, apoyar proyectos de exploración. Estos grupos critican el protocolo Kachi Yupi, al que consideran un documento sin validez legal promovido por actores externos. El abogado Gonzalo Castañeda Nordmann ha afirmado que el Kachi Yupi «no es ni debe ser entendido como ley», una postura que choca frontalmente con la visión de las 33 comunidades, que no lo ven como una ley rival, sino como un manual de supervivencia cultural y un ejercicio de los derechos garantizados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el propio Estado argentino.
La paradoja de la transición energética
Este conflicto local está enmarcado en una contradicción de escala global. La demanda mundial de litio es impulsada por la transición energética, un esfuerzo por abandonar los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. Pero esta transición «verde» en el Norte Global está creando nuevas «zonas de sacrificio» en el Sur, como advierten analistas como Oscar Campanini en reportajes para la plataforma Mongabay Latam. La paradoja es brutal: para intentar salvar el clima del planeta, se ponen en riesgo ecosistemas vitales como los humedales de altura y se vulneran los derechos de las comunidades que dependen de ellos. Se trata de una tensión fundamental entre el futuro global y la supervivencia local.
Un futuro en disputa: El precedente de Salinas Grandes
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia no es una decisión de fondo, pero marca un punto de inflexión ineludible. Al declararse competente, el máximo tribunal reconoce la legitimidad del reclamo comunitario y obliga a los estados provinciales y al nacional a rendir cuentas sobre el avance de la minería de litio. Es un paso que saca el conflicto de la esfera de las decisiones políticas locales y lo instala en el centro de la agenda judicial y ambiental del país.
Lo que está en juego en Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc trasciende el futuro de sus 33 comunidades. El resultado de este caso sentará un precedente crucial para la gestión de los recursos naturales en Argentina. Definirá cómo se equilibran los intereses económicos con la protección de los humedales, cómo se respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y, en última instancia, qué costo ambiental y social está dispuesto a pagar el país en su carrera por el «oro blanco». En un momento en que la fiebre del litio se intensifica, la decisión que se tome aquí resonará en toda la Puna y más allá.
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