En una resolución dictada entre el 11 y 12 de noviembre de 2026, la jueza federal María Catalano firmó el sobreseimiento total y definitivo de seis exfuncionarios de la provincia de Jujuy involucrados en la causa Caspalá. La medida judicial se fundamentó estrictamente en la «falta de tipificación legal», determinando en la instancia procesal intermedia que los hechos investigados no encuadran en ningún delito penal pautado por el Código Penal de la Nación.
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De esta manera, la causa judicial iniciada por la ejecución de 43 millones de pesos destinados a una infraestructura educativa inexistente y por la destrucción de un yacimiento arqueológico prehispánico se cerró formalmente sin procesados, sin imputados vigentes y sin posibilidad de juicio oral. La resolución de la Justicia Federal extinguió la acción penal antes de abrir la etapa de debate.
La sentencia dictada en los tribunales federales de Jujuy generó un fuerte impacto y renovada indignación en la comunidad del Departamento Valle Grande. Mientras el erario público ejecutó partidas millonarias y la maquinaria pesada del Estado arrasó con patrimonio cultural ancestral, el esquema judicial resolvió que las maniobras administrativas de la gestión provincial no constituyen un hecho ilícito sancionable.
El fallo judicial de María Catalano y los 6 exfuncionarios en la causa Caspalá

La resolución formal se dio a conocer tras la conclusión de una audiencia de control de acusación encabezada por la jueza federal María Catalano, una alocución de más de una hora de duración. En esa instancia del proceso, la magistrada desestimó la pretensión de la fiscalía federal de elevar la causa a juicio oral y público, aceptando los planteos de nulidad y atipicidad presentados por las defensas técnicas.
A partir de este pronunciamiento de la Justicia Federal, quedaron desvinculados de forma absoluta y libres de culpa y cargo los seis exintegrantes de la función pública provincial que permanecían formalmente imputados:
- María Teresa Bovi: Exministra de Educación de la provincia de Jujuy.
- María Victoria Martínez Fascio: Extitular de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.
- José Raúl Torrejón: Arquitecto perteneciente al área de infraestructura del Ministerio de Educación.
- María Cecilia Rotondo: Asesora legal de la cartera educativa provincial.
- Diego Ignacio Montenovi: Asesor legal dependiente de la Fiscalía de Estado de Jujuy.
- Natividad Apaza: Excomisionado municipal de la localidad de Caspalá.
Los seis acusados llegaron a la audiencia de control imputados por los delitos de fraude a la administración pública, falsedad ideológica y uso de documentos falsos. Sin embargo, de acuerdo a las constancias procedimentales citadas por el medio El Expreso de Jujuy, la jueza entendió que los hechos descritos por la acusación fiscal no reúnen los elementos dogmáticos exigidos por las figuras penales, disponiendo el archivo definitivo de las actuaciones.
43 millones de pesos ejecutados para una obra fantasma

El núcleo de la investigación contable en la causa Caspalá se centró en la administración del presupuesto transferido desde el Poder Ejecutivo Nacional. El convenio inicial estipulaba un monto total de 93 millones de pesos para la construcción de la Escuela Secundaria N° 57, de los cuales la provincia de Jujuy percibió y ejecutó efectivamente 43 millones de pesos en concepto de giros presupuestarios.
Las inspecciones sobre el terreno revelaron que el establecimiento educativo no posee estructura física terminada ni funcionamiento edilicio. La investigación penal expuso anomalías en las declaraciones juradas presentadas por el Estado provincial ante los organismos nacionales, donde se omitió consignar la presencia de comunidades indígenas en el territorio, un requisito indispensable para los criterios de elegibilidad de las obras públicas financiadas por Nación.
Presupuesto y Promesas Promovidas | Realidad Territorial Verificada |
| Asignación nacional aprobada de $93.000.000 para edificar la Escuela Secundaria N° 57. | Transferencia y ejecución de $43.000.000 sin existencia de edificio escolar. |
| Garantía legal de cumplimentar exigencias de elegibilidad edilicia a nivel nacional. | Omisión documental apócrifa sobre la presencia de comunidades originarias locales. |
| Creación de un espacio deportivo reparatorio en reemplazo del predio tradicional. | Obras paralizadas por conflicto social, terreno abandonado y superficie natural dañada. |
| Resguardo del patrimonio histórico y normas ambientales según legislación vigente. | Arrasamiento de tierras privadas, cultivos familiares y yacimientos arqueológicos. |
A pesar del evidente contraste entre las certificaciones obrantes en los expedientes y la inexistencia de las instalaciones en Caspalá, la justicia determinó que las divergencias en los legajos no configuraron la figura penada de ardid defraudatorio. Con esta decisión, el destino final de los 43 millones de pesos ejecutados por el erario público quedó resuelto sin exigencia de devolución ni asignación de responsabilidades penales.
Del pueblo más lindo del mundo a las topadoras: represión y daño patrimonial

Para mensurar el conflicto territorial de la causa Caspalá, la reconstrucción histórica remite a noviembre de 2022. En aquel momento, la comunidad de Caspalá celebraba la distinción otorgada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los pueblos turísticos más bellos del mundo. Ese panorama se alteró cuando la gestión del exgobernador Gerardo Morales dispuso la ocupación de la cancha de fútbol comunitaria para ubicar allí el proyecto de la Escuela Secundaria N° 57.
El predio deportivo expropiado por el Estado provincial no representaba únicamente un espacio para la práctica de ejercicios físicos. De acuerdo con los registros expuestos por Jujuy Dice, la cancha constituía el punto neurálgico de encuentros culturales, asambleas comunitarias y el área de resguardo y evacuación asignada para la población civil ante la ocurrencia de eventos sísmicos en la región andina.
La resistencia vecinal a la pérdida de su principal predio de reunión fue contenida mediante operativos de las fuerzas de seguridad provinciales, registrándose episodios de represión con balas de goma y gases lacrimógenos. Posteriormente, el Gobierno provincial aprobó la expropiación de sectores pertenecientes a la finca Cruz Mojoya para la relocalización de la cancha, desplegando maquinaria pesada sobre terrenos productivos particulares.
La intervención con maquinaria pesada destruyó cultivos agrícolas, sistemas de riego y árboles frutales de familias autóctonas. Asimismo, el movimiento de suelos destruyó de manera irreversible un antigal, yacimiento arqueológico prehispánico de alta relevancia histórica. Tal como consignó El Submarino Jujuy, las topadoras continuaron operando sobre el yacimiento sin la fiscalización de especialistas en patrimonio.
Acuerdos rotos, maniobras de fueros y la apelación de la querella

El devenir del proceso legal estuvo marcado por complejas contiendas de competencia procesal. Durante la tramitación del expediente, la Fiscalía de Estado de la provincia presentó recurrentes planteos inhibitorios con el objeto de extraer la causa Caspalá de los tribunales federales y trasladarla al fuero de la justicia ordinaria de Jujuy. Estos recursos fueron rechazados, sosteniéndose la jurisdicción de la Justicia Federal por involucrar fondos del tesoro nacional.
En el plano de los compromisos institucionales, en noviembre de 2024 el juzgado federal homologó un acuerdo de reparación integral entre la administración provincial y los comuneros. La resolución otorgaba un plazo de 30 días corridos para que el Gobierno de Jujuy restituyera la cancha comunitaria en su emplazamiento original y remediara los daños en la finca Cruz Mojoya. A dos años de la homologación, el mandato judicial continúa incumplido.
Desde la perspectiva de las defensas técnicas, las actuaciones de los funcionarios se enmarcaron dentro del cumplimiento de sus deberes administrativos. El abogado Federico Llermanos (MP 2760), representante legal de dos de los exfuncionarios sobreseídos, expuso los argumentos de la defensa tras la finalización de la audiencia:
«Desde la magistratura se ha resuelto y ha determinado, en una audiencia de más de una hora de alocución por parte de la magistrada en su resolución, que no se ha encontrado delito alguno y se ha dictado el sobreseimiento absoluto y definitivo para los seis funcionarios provinciales.»
Respecto de la ejecución de las partidas nacionales transferidas para la Escuela Secundaria N° 57, el letrado Federico Llermanos detalló la cronología procedimental de las obras:
«Los fondos sí llegaron, pero los fondos fueron utilizados y puestos en una ejecución de obra y lamentablemente, a raíz del conflicto, se vio paralizada la obra con una destrucción de dicho avance de obra… Existieron cuatro certificaciones de obras donde se ha podido demostrar que el avance de obra era correcto. Esa no era la tesis, para hablar comúnmente, que los funcionarios se hayan quedado con dinero; esa no era la hipótesis.»
El fallo dictado por la jueza María Catalano se conoció apenas dos semanas después de que los abogados de la querella comunitaria presentaran un nuevo escrito en la causa. En dicha presentación se denunciaba que maquinaria estatal continuaba realizando movimientos de suelo en el predio sin la presencia de peritos arqueólogos. La resolución judicial se sobrepuso a esas advertencias territoriales, cerrando el legajo penal.
Frente al sobreseimiento otorgado a los acusados, la representación legal de los comuneros de Valle Grande y las informaciones difundidas por La Voz de Jujuy confirmaron que interpondrán un recurso de apelación. La querella recurrirá el dictamen dentro del plazo legal de cinco días hábiles para elevar la revisión de la sentencia ante la Cámara Federal de Impugnación.
Un precedente amargo para las comunidades de Jujuy

El pronunciamiento en esta investigación abre una compleja discusión institucional sobre el control de la gestión pública en la provincia. Tras cuatro años del inicio de los sucesos en la Quebrada, el escenario en el territorio evidencia recursos públicos nacionales ejecutados sin una escuela construida, un predio arqueológico dañado por maquinarias y una orden de remediación ambiental desatendida por las autoridades.
La tesis de la «falta de tipificación legal» adoptada por la Justicia Federal sienta un precedente de amplio alcance para los reclamos territoriales de las comunidades originarias. La decisión de sobreseer a la totalidad de los acusados señala que las inconsistencias documentales y la alteración de sitios patrimoniales no devienen en sanciones penales para los funcionarios actuantes.
El desenlace de la causa Caspalá queda supeditado a la resolución del recurso de apelación presentado por la querella comunitaria. La población de Valle Grande aguarda la revisión del fallo en las instancias superiores, buscando evitar que las denuncias por irregularidades presupuestarias y daños al patrimonio cultural queden archivadas sin tratamiento en juicio penal.
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