El exprocurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez imputado formalmente esta semana por peculado de servicios en veinte hechos en concurso real. La noticia, confirmada en una audiencia clave en los tribunales jujeños, marca el capítulo más grave de la debacle judicial y política del otrora hombre fuerte de la Procuración, según reportó El Tribuno de Jujuy.
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La fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar leyó los cargos correspondientes al Legajo N° 15.345/2026, que atribuyen a Lello Sánchez la presunta autoría del delito de peculado de servicio. Según la reconstrucción de Infobae, el exfuncionario habría utilizado personal y recursos materiales del organismo en beneficio propio y de su familia entre junio de 2021 y marzo de 2025.
El peculado, hecho por hecho
El expediente detalla entre 17 y 20 hechos independientes, según la fuente consultada. Al tratarse de un concurso real, cada episodio se computa por separado, lo que podría elevar significativamente la pena en caso de condena.
El artículo 261 del Código Penal prevé una escala de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que utilice en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por el Estado.
Lello Sánchez decidió asumir su propia defensa técnica. En la misma audiencia, presentó una recusación contra la fiscal Serrano Antar, un movimiento que los tribunales interpretan como una maniobra para dilatar el proceso. Ahora, un juez de Control deberá resolver si la magistrada continúa al frente de la causa.
Mientras tanto, el exjefe de los fiscales permanece imputado en libertad, bajo los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal.
Un allanamiento que reveló material sensible
La causa se nutrió del material secuestrado en un allanamiento realizado en la sede central del MPA, sobre calle Sarmiento, en pleno microcentro jujeño. Según detalló El Submarino Jujuy, se secuestraron computadoras, discos rígidos, servidores, teléfonos corporativos y documentación vinculada a legajos personales de funcionarios y magistrados.
Esa documentación resulta clave para los investigadores, que ahora intentan determinar si, más allá del uso indebido de personal para fines familiares, existen indicios de operaciones de mayor escala. Entre ellas, el presunto armado de causas judiciales vinculado al escándalo conocido como el caso Pederiva-Atauche.
De «brazo ejecutor» a imputado: la caída política
Durante casi una década, Lello Sánchez fue descrito por analistas locales como el «brazo ejecutor» del esquema político provincial, encargado de motorizar los expedientes más resistidos desde la Procuración. Su recorrido incluyó allanamientos masivos a organizaciones sociales, causas contra opositores y la creación de un Juzgado Contravencional utilizado, según denuncias, para disciplinar la protesta social.
Ese poder se derrumbó en octubre de 2025, cuando la Legislatura provincial admitió un pedido de juicio político y dispuso su suspensión inmediata junto a la del procurador adjunto Ignacio Pasquini. Según reconstruyó TodoJujuy, la denuncia original fue presentada por exfuncionarios del propio organismo. Tras la suspensión, ambos funcionarios presentaron su renuncia.
Denuncias por violencia institucional
La imputación por peculado no es el único frente judicial que enfrenta el exprocurador. El psicólogo del MPA Alejandro Zamar realizó una denuncia pública en la que responsabilizó directamente a Lello Sánchez por cualquier atentado contra su integridad o la de su familia.
Según describió El Submarino Jujuy, Zamar afirmó que recibió directivas que calificó como contrarias a la ética profesional, lo que habría desencadenado una campaña de hostigamiento laboral que terminó con el traslado de su familia a otra provincia por razones de seguridad.
El profesional difundió además un audio en el que, según su versión, se escucha a Lello Sánchez exigirle la renuncia y descalificar su desempeño.
La sospecha de los 1.000 millones
Otro de los focos de tensión es el presunto faltante de 1.000 millones de pesos en las arcas del MPA, una cifra que abogados y exfuncionarios reclaman esclarecer. El pedido original de juicio político, impulsado por el diputado Facundo Figueroa Caballero, incluyó cargos por malversación de fondos.
Para dimensionar el impacto, ese monto equivale a miles de sueldos de docentes o enfermeros en una provincia donde los servicios esenciales enfrentan carencias de insumos.
Cadena de denuncias dentro del propio organismo
A lo largo de su gestión, distintas figuras del sistema judicial jujeño presentaron denuncias contra Lello Sánchez por persecución, apartamiento arbitrario de causas y violencia laboral. Entre ellas se cuentan exfuncionarias del MPA y el juez de Control Jorge Zurueta, quien lo acusó de manipular expedientes para presionar a magistrados que no se alineaban con sus decisiones.
Qué sigue en la causa
El caso ahora queda supeditado a dos definiciones judiciales inmediatas: la resolución sobre la recusación de la fiscal Serrano Antar y el avance de los peritajes sobre el material informático secuestrado. Según Cadena 3, la investigación también busca determinar si Lello Sánchez actuó solo en beneficio propio o si existieron implicancias adicionales en la manipulación de causas judiciales.
La asunción de Alejandro Bossatti al frente del MPA abre además un interrogante sobre la real independencia del organismo para investigar a quien fue su máxima autoridad durante casi diez años. ¿Alcanzará esta imputación para transparentar el manejo de fondos y expedientes del MPA, o quedará como un episodio más en la extensa lista de causas que, en Jujuy, tardan años en resolverse?
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