Gladys Zambrano, referente de la Asociación de Ambulantes, Feriantes y Afines Agremiados de Jujuy (AFAAJ) y secretaria de Acción Social de la CTA Jujuy, recuperó su libertad el pasado 25 de agosto tras cuatro días de detención arbitraria que generó una fuerte movilización social en San Salvador de Jujuy. La causa fue anulada por «error procesal» de la Municipalidad, aunque organizaciones sociales denuncian persecución política hacia los trabajadores de la economía popular.
El Juez de Control, Rodolfo Fernández, anuló la causa «por una cuestión procesal, de forma no de fondo», al determinar que la denuncia fue presentada incorrectamente por el Secretario de Gobierno Municipal, Ezequiel Aldao Fascio, quien carecía de las facultades legales para hacerlo. La responsabilidad correspondía al Procurador Municipal.
Detención irregular sin orden judicial
La dirigente social fue detenida el jueves 21 de agosto de 2025 mientras trabajaba en su puesto ubicado en la zona de la vieja terminal de ómnibus, en las calles Dorrego y Leandro Alem, en San Salvador de Jujuy. La detención fue realizada por policías de civil de la Brigada de Investigaciones sin exhibir identificaciones ni presentar orden judicial en el momento del arresto.
«No tiene antecedentes penales, la tomaron de los pelos cuando ella se encontraba en su puesto de trabajo. No hubo orden de detención. Fue un secuestro, estamos muy preocupados», declaró Daniel Ibáñez, abogado defensor de Zambrano.
La orden de detención recién apareció al día siguiente, el viernes 22 de agosto, siendo entregada posteriormente a la detenida. El allanamiento a su puesto de trabajo también careció de documentación legal, configurando múltiples irregularidades procesales desde el inicio del procedimiento.
Imputaciones y «causa armada»
A Zambrano se le imputaron diversos delitos: defraudación a la administración pública, ocupación del espacio público, usurpación del acto fundacional en concurso real, desobediencia a la autoridad, calumnias e injurias, instigación pública al incumplimiento de la ley y falsedad.
Sin embargo, manifestantes, organizaciones sociales y la propia dirigente de vendedores ambulantes denunciaron que se trataba de una «causa armada» como represalia por conflictos históricos con la Municipalidad.
«La causa está armada entre la justicia y la Municipalidad de San Salvador y está relacionado con un juicio que gano Gladys a la gestión de Raúl Jorge, hace algunos años y que prohíbe el decomiso de la mercadería», explicó Humberto Mamaní, pareja de Zambrano.
El gremio SEOM calificó la detención como «un ataque feroz y un intento de control de la economía popular, a través del miedo y la persecución. Esta situación se da en un momento en que se incrementan los vendedores ante la falta de trabajo y los sueldos que son insuficientes».
Maltrato durante la detención
La trabajadora de la economía popular denunció maltrato físico y verbal durante su detención en la Comisaría de la Mujer del barrio Huiaco, Seccional 49.
«La Brigada me maltrató en el momento de mi detención, me tiraron en el vehículo, yo tengo problemas de columna, y también me maltrataron verbalmente, me dijeron vieja de mierda, vieja sucia, de todo me dijeron dentro del vehículo», relató Zambrano tras su liberación.
La dirigente también denunció «daños económicos de todos estos días que no me dejaron trabajar» y el robo de dinero de su puesto: «plata que yo tenía para comprar los caramelos del día del niño».
Su pareja denunció que Gladys estuvo «descalza en la comisaría» porque le habían quitado sus botas, considerándolo «injusto, inhumano». Durante los días de detención, Zambrano permaneció incomunicada, sin que le permitieran a su pareja entregarle comida o ropa.
Movilización social masiva
La detención arbitraria generó una inmediata respuesta de solidaridad. Centenares de trabajadores de la economía popular, militantes de distintos sectores sociales, políticos y gremiales se movilizaron exigiendo su liberación inmediata.
Las marchas recorrieron puntos estratégicos de la capital jujeña: la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la sede del juzgado penal y el Ministerio Público de la Acusación. Participaron organizaciones como AFAAJ, CTA Jujuy, SEOM, ATE Verde y Blanca, y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.
«Vendedores ambulantes reclamaron exigiendo la liberación de Gladys Zambrano», titularon los medios locales al dar cuenta de la masiva movilización que acompañó los cuatro días de detención.
Error procesal y liberación
El error municipal que derivó en la anulación de la causa expuso las irregularidades del proceso. El fiscal Emilio Gurrieri fue criticado por no verificar la legitimidad del denunciante antes de proceder con la detención y el secuestro de pertenencias.
«Es un escándalo lo que se hizo, fue una cuestión de forma no de fondo… en estos cuatro días demostraron una gran crueldad y disciplinamiento a los trabajadores de la economía popular«, declaró el abogado Daniel Ibáñez.
Humberto Mamaní cuestionó la actuación judicial: «El Poder Judicial aplica el peso a los pobres, pero no a los que tienen plata o a los políticos. Acá el error es grosero, cuatro días detenida tortura psicológica y física».
Celular retenido y persecución continuada
A pesar de la anulación de la causa, el Ministerio Público de la Acusación no devolvió el teléfono celular de Zambrano, argumentando que debe ser «peritado». Sus allegados interpretan esta retención como evidencia de que «persiste la intención de avanzar en una causa ‘armada’ contra Zambrano».
«¿Por qué peritar si no hay causa?», cuestionó Mamaní, señalando la contradicción entre la anulación judicial y la retención de evidencias.
La dirigente social adelantó que «hará una denuncia penal» por el hostigamiento y maltrato sufrido, mientras sus abogados analizan acciones legales por la «gran crueldad y disciplinamiento a los trabajadores de la economía popular«.
Conflicto histórico con la municipalidad
La detención de Zambrano se enmarca en un conflicto de años entre vendedores ambulantes y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La tensión se intensificó tras una victoria judicial previa de la dirigente contra la gestión del ex intendente Raúl Jorge.
Ese juicio, ganado entre 2014 y 2022, expuso que la municipalidad cobraba multas e realizaba controles comerciales «ilegalmente» con una ordenanza no publicada en el Boletín Oficial. La sentencia prohibía el decomiso de mercadería y ordenaba indemnizaciones que, según denuncian, aún no han sido pagadas.
La Municipalidad acusa a Zambrano de hacer «cobranzas ilegales» a los feriantes, lo cual ella y su entorno niegan, explicando que se recolectaba dinero entre vendedores para gastos de limpieza y seguridad del lugar.
El municipio se opone a las ferias organizadas por Zambrano porque «quiere manejar las ferias y cobrar cifras astronómicas», según denuncian los trabajadores de la economía popular.
Criminalización de la protesta social
Las organizaciones sociales denuncian una «escalada de persecución política y criminalización de la protesta social» en Jujuy. Consideran que el gobierno provincial y municipal «emplean al poder judicial con fines de desmovilizar y atemorizar a los sectores populares que se organizan».
Fernando Acosta de ATE Verde y Blanca consideró «evidente» que la denuncia fue armada para «detenerla, castigarla, atormentar y asustar a los demás porque estuvieron apretando a otros feriantes».
La dirigente de vendedores ambulantes ha estado «organizando a feriantes y trabajadores de la economía popular para que puedan desempeñar su trabajo en condiciones dignas», especialmente en el barrio Alto Comedero, lo que genera resistencia municipal.
Feria Medalla Milagrosa: Vendedores ambulantes enfrentan crisis por nuevas regulaciones municipales
Contexto socioeconómico
El caso se desarrolla en un contexto de «crecimiento de la venta feriante» y aumento de vendedores ambulantes «ante la falta de trabajo y los sueldos que son insuficientes». Esta realidad socioeconómica convierte la economía popular en una válvula de escape para sectores vulnerables.
Desde hace años, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy mantiene una «actitud hostil e deshonesta» hacia los vendedores, realizando decomisos y persecuciones mientras «recauda cientos de millones de pesos mensuales, con los que el municipio se financia sin rendir cuentas».
Repercusiones y futuro del caso
La liberación de Gladys Zambrano no cierra el conflicto. La retención de su celular y la posibilidad de nuevas acciones judiciales mantienen la tensión. La dirigente anunció que presentará una denuncia penal por los maltratos sufridos.
El caso expone las tensiones entre el poder municipal y los sectores populares organizados en Jujuy. Las organizaciones sociales advierten sobre el uso del poder judicial como instrumento de disciplinamiento social.
La Asociación de Ambulantes, Feriantes y Afines Agremiados de Jujuy (AFAAJ) y la CTA Jujuy mantienen su organización y reclamos por condiciones dignas de trabajo para los vendedores ambulantes.
El error procesal que anuló la causa evidencia las irregularidades del procedimiento, pero también la persistencia del conflicto de fondo entre la Municipalidad y los trabajadores de la economía popular organizados.
La movilización social que acompañó el caso demuestra el nivel de organización y solidaridad de los sectores populares jujeños ante lo que consideran persecución política y detención arbitraria.
Descubre más desde JUJUYGRÁFICO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.