La Justicia Federal emitió un fallo histórico que obliga al gobierno de Jujuy a devolver tierras expropiadas durante la gestión de Gerardo Morales, marcando un fuerte revés judicial para el exgobernador. El fallo reconoce los derechos vulnerados de la comunidad kolla de Caspalá, cuyo territorio ancestral fue expropiado y devastado para construir una escuela secundaria, a pesar de la existencia de un terreno previamente designado para dicho propósito.
El convenio de reparación integral, homologado por la jueza Carina Gregoraschuk, restituye la cancha ancestral de Finca Pozuelos y las tierras de Pablo Cruz Moyoja, e impone al gobierno un plazo de 30 días para reparar los daños y restablecer el estado original de las propiedades.
El conflicto: represión, despojo y violación de derechos humanos
La comunidad kolla de Caspalá vivió momentos críticos desde noviembre de 2022, cuando fuerzas policiales reprimieron violentamente a los lugareños que resistían la destrucción de la cancha comunitaria, un espacio de uso ancestral. Según testimonios, la represión incluyó balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias, generando un profundo trauma colectivo.
Lidia Balcarce, una de las comuneras, relató: “Ese día fue fatal. La policía no tuvo compasión de niños ni abuelos; nos asustaron con gases y balas de goma. Hoy lloramos de alegría porque la justicia nos escuchó”. Este espacio no solo era el centro de celebraciones culturales y deportivas, sino también un sitio arqueológico clave, ignorado por el gobierno provincial durante las obras.
La resistencia: una comunidad que exigió justicia
La comunidad, liderada mayoritariamente por mujeres, emprendió una lucha legal y social para defender sus derechos y recuperar sus tierras. Lucía Apaza, presidente de la comunidad, expresó: “Nuestra cultura fue avasallada. Somos pueblos preexistentes y hoy recuperamos la paz porque la justicia nos escuchó”. La fiscal Lucía Orsetti destacó que la resolución fue el resultado de una investigación exhaustiva que incluyó análisis culturales y arqueológicos.
Además, el fallo se erige como un precedente contra la violencia institucional y la violación de derechos indígenas, ya que establece un límite a los gobiernos provinciales que actúan con impunidad sobre comunidades vulnerables.
Responsabilidades y el rol de la justicia federal
El convenio de reparación incluye, además de la restitución de la cancha y las tierras, la obligación del gobierno provincial de retirar cimientos y nivelar el terreno, lo que permitirá a la comunidad reanudar sus actividades en enero. La abogada Silvana Llanés, quien representó a la comunidad, calificó el fallo como un gran avance: “Este es un acto de justicia que dignifica a Caspalá y deja en evidencia los abusos de la gestión de Morales”.
Morales puso fin al conflicto en Caspalá y afirmó la construcción de escuela y una nueva cancha
Por otro lado, diversas figuras de la gestión Morales, como la exministra de Educación, María Teresa Bovi y el excomisionado municipal, Natividad Apaza, enfrentan imputaciones por delitos de defraudación y abuso de poder. Sin embargo, para la querella, el principal responsable sigue siendo el exgobernador Morales, señalado como autor intelectual del despojo.
La disputa por la educación y la verdad detrás del conflicto
Defensores de la gestión Morales, como el diputado provincial Diego Rotela, han argumentado que la construcción de la escuela buscaba garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, los lugareños y sus representantes legales han dejado claro que no se oponían al establecimiento educativo, sino a la ubicación seleccionada de manera arbitraria, que implicaba la destrucción de un patrimonio invaluable.
Eulalia Tito, una de las damnificadas, destacó: “Nunca nos opusimos a la escuela, pero había otro terreno designado para eso. Nos quitaron todo, hasta la tranquilidad. Hoy recuperamos la esperanza”. La comunidad propuso desde un inicio alternativas que respetaran su cultura y sus derechos, pero estas fueron desoídas por el gobierno provincial.
Un fallo que trasciende: Caspalá como símbolo de resistencia
Este caso subraya la importancia de la justicia federal como contrapeso a los abusos de poder en el ámbito provincial. El fallo no solo devuelve tierras y dignidad a la comunidad kolla, sino que también reafirma la necesidad de respetar los derechos de los pueblos originarios y su patrimonio cultural.
La jueza Gregoraschuk lo resumió con emoción: “Este es un acto de justicia con mucho respeto hacia nuestras comunidades aborígenes. Celebro este acto de corazón”. Mientras tanto, la comunidad de Caspalá celebra no solo la recuperación de su territorio, sino también el reconocimiento de su identidad y resistencia.
Caspalá: un modelo de lucha para otras comunidades originarias
El caso de Caspalá se ha convertido en un emblema de resistencia para otras comunidades indígenas que enfrentan situaciones similares. La falta de consulta previa y consentimiento informado, así como el uso de la violencia institucional para despojar tierras, son problemáticas recurrentes en regiones habitadas por pueblos originarios. Este fallo, además de resolver un conflicto puntual, envía un mensaje contundente sobre la inviolabilidad de los derechos de estas comunidades y su patrimonio cultural.
Silvana Llanés, abogada querellante, destacó: “Este fallo marca un antes y un después. No solo es una victoria para Caspalá, sino para todos los pueblos originarios que ven vulnerados sus derechos. Es un recordatorio de que la justicia puede ser una herramienta para defender la dignidad y la identidad”. Este precedente podría ser invocado en futuros conflictos similares, fortaleciendo el marco legal que protege a las comunidades originarias.
Las heridas que deja la gestión Morales en Caspalá
Pese al triunfo judicial, las cicatrices de la represión y el despojo en Caspalá son profundas. El testimonio de los habitantes refleja el impacto psicológico y social de los hechos. Pablo Cruz Moyoja, propietario de una de las tierras expropiadas, expresó: “Cuando destruyeron mi propiedad, mi familia quedó devastada. Nos enfrentamos a amenazas constantes, y mi hija pequeña aún sufre las consecuencias”.
Además de las pérdidas materiales, los daños a los sitios arqueológicos y al ecosistema local son irreparables. Según informes presentados en el proceso judicial, las excavaciones ilegales realizadas durante las obras destruyeron antigales y afectaron áreas de gran valor cultural e histórico. Estos actos evidencian un desprecio hacia la riqueza patrimonial de la región.
Las imputaciones y el futuro judicial de los responsables
El fallo ha desencadenado una serie de imputaciones contra exfuncionarios de la gestión de Gerardo Morales. Entre los acusados se encuentran la exministra de Educación, María Teresa Bovi y el excomisionado municipal, Natividad Apaza, quienes enfrentan cargos por defraudación a la administración pública y abuso de poder. No obstante, la querella apunta directamente al exgobernador Morales como el principal responsable.
La abogada Alejandra Cejas, querellante en el caso, afirmó: “Morales es el autor intelectual de este atropello. Aunque no ejecutó las acciones directamente, las decisiones emanaron de su oficina. Exigimos que sea juzgado con el mismo rigor que sus subordinados”. Las próximas audiencias serán clave para determinar si el exgobernador enfrentará responsabilidades legales.
Críticas al fallo y una defensa de la educación pública manipulada
Desde sectores afines a la gestión Morales, las críticas al fallo no se hicieron esperar. El diputado provincial Diego Rotela calificó la decisión como “peligrosa” y acusó a la justicia federal de obstaculizar el progreso educativo en Caspalá. Según Rotela, la restitución de la cancha implica sacrificar el futuro de los niños de la comunidad.
Sin embargo, este argumento ha sido desmentido por los lugareños, quienes aseguran que nunca se opusieron a la construcción de una escuela, sino a la ubicación y las formas arbitrarias en que se ejecutaron las obras. Lucía Apaza refutó estas afirmaciones diciendo: “Nosotros queremos escuelas, pero respetando nuestros derechos y sin destruir nuestro patrimonio”.
Ejemplo de justicia en medio de un contexto adverso
El fallo de la justicia federal a favor de la comunidad kolla de Caspalá representa mucho más que la resolución de un conflicto territorial. Este caso pone de relieve la necesidad de un sistema judicial independiente que defienda los derechos de las comunidades vulnerables frente a abusos de poder. Además, resalta la importancia de preservar el patrimonio cultural y garantizar el respeto a los derechos indígenas.
A pesar de las críticas y desafíos pendientes, este resultado judicial es una victoria para Caspalá y una advertencia para futuros gobiernos provinciales que pretendan actuar al margen de la ley. Como lo expresó la jueza Gregoraschuk, “este fallo es un acto de justicia y respeto hacia las comunidades originarias, algo que debe ser un estándar en todo el país”.
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