Un nuevo informe de la Fundación Libertad ha puesto en el centro de la polémica el elevado costo de los concejos municipales en las principales ciudades del país. A medida que la opinión pública se indigna por el gasto de la clase política, la percepción es clara: la austeridad promovida por el presidente Javier Milei no ha llegado a las legislaturas municipales.
Un gasto escandaloso
Según el informe, el costo promedio por concejal asciende a $129 millones anuales. Este dato es alarmante, especialmente en un contexto donde la austeridad es la norma. La ciudad de San Salvador de Jujuy se destaca en este ranking, con un presupuesto de $12.028.900.000 para su Concejo, donde más de la mitad de esos fondos se destinan a salarios. En comparación, Río Gallegos y San Salvador de Jujuy ocupan el segundo y tercer lugar, con costos anuales por concejal de $639.296.455 y $564.061.922, respectivamente.
El informe también revela que el presupuesto total para el funcionamiento del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy se sitúa en el cuarto lugar entre las ciudades que más fondos administran, solo superado por San Miguel de Tucumán, Rosario y Córdoba. Este hecho es particularmente preocupante, dado que estas ciudades tienen poblaciones significativamente más grandes y, por ende, un mayor número de concejales.
Participación en los Presupuestos Municipales
El análisis del informe también destaca la participación de los concejos deliberantes en los presupuestos municipales. De los más de $80.000 millones asignados por la Secretaría de Hacienda, el Concejo se lleva una porción del 8,4%. Esta cifra es considerable, especialmente cuando se compara con el 12,5% destinado a obras públicas y el menos del 1% para el presupuesto participativo de los centros vecinales.
Además, el gasto del Concejo supera el presupuesto destinado a la policía y control municipal, que requiere $1.540.230.564 menos. Este desbalance en la asignación de recursos plantea serias preguntas sobre las prioridades de los gobiernos locales.
Altos costos y baja productividad
La Fundación Libertad critica el «gasto excesivo» en el mantenimiento de estructuras que, en muchos casos, son disfuncionales. La organización propone recortes y reducciones para «eficientizar el funcionamiento de los Estados municipales», sugiriendo que esos fondos deberían ser redistribuidos a áreas más urgentes.
Un análisis reciente de JujuyalMomento sobre la productividad de los concejales de San Salvador de Jujuy revela que, en promedio, cada concejal sancionó menos de 6 ordenanzas durante el año 2024. De las 129 ordenanzas aprobadas, más de la mitad fueron solicitudes de exención impositiva presentadas por el Ejecutivo, lo que pone de manifiesto la falta de iniciativas propias por parte de los concejales.
La situación se agrava al observar que el salario de cada concejal supera los $4.100.000 anuales, lo que genera un descontento generalizado en la población. La percepción de que los concejales sancionan poco y cobran mucho se ha vuelto un tema recurrente en las redes sociales.
Presupuesto 2025: Un aumento injustificable
El presupuesto para 2025, prevé un incremento del 77,78% respecto al año anterior, alcanzando los $142.869.150.319. De esta suma, $12.113.736.659 se destinarán al funcionamiento del Concejo, lo que implica un aumento similar al del año anterior. Más del 92% de este monto se destinará a gastos salariales, dejando un escaso margen para mantenimiento e insumos.
Este aumento en el presupuesto contrasta con las promesas de ajuste y eficiencia que se escuchan desde la Casa Rosada. La realidad es que, en San Salvador de Jujuy, la clase política parece continuar disfrutando de privilegios a costa del ciudadano común.
Un balance anual desalentador
El balance anual de los concejales de San Salvador de Jujuy revela una relación desproporcionada entre salario y rendimiento. Con un promedio salarial neto de $4.300.000, cada concejal ganó aproximadamente $1.433.333 por día trabajado en sesión, sin contar reuniones de comisión o labor parlamentaria. Este gasto bruto total, que ronda los $55.000.000 al pagar los haberes de noviembre, plantea serias interrogantes sobre la eficiencia y la responsabilidad fiscal de los concejos municipales.
Durante el mes de noviembre en que se implementó un «dietazo», se sancionaron 30 ordenanzas. De estas, 9 fueron exenciones de tasas municipales, 4 fueron declaraciones de días conmemorativos, 3 fueron imposiciones de nombre y 3 reconocimientos a personalidades destacadas. Entre las restantes, se incluyeron iniciativas como la creación de una estatua de «La China», un protocolo para que los restaurantes describan los ingredientes de cada plato en el menú, y la creación del encuentro «La Magia del Café».
La desconexión con la realidad ciudadana
La falta de iniciativas significativas y la desconexión con las necesidades de la ciudadanía son evidentes. La mayoría de las ordenanzas aprobadas no abordan problemas urgentes que afectan a los vecinos. En lugar de centrarse en mejorar la infraestructura urbana o en implementar políticas que beneficien a la comunidad, los concejales parecen más interesados en cuestiones simbólicas o en satisfacer demandas del Ejecutivo.
Por ejemplo, la aprobación de la ordenanza que conmemora el Día Nacional del Barrendero o la creación de placas QR en calles de Alto Comedero para contar la biografía de héroes caídos de la Fuerza Aérea son iniciativas que, aunque pueden tener su valor, no abordan las necesidades más apremiantes de la población, como la mejora de servicios públicos o la atención a la seguridad.
La voz de la ciudadanía
La indignación de la ciudadanía ha encontrado eco en las redes sociales, donde muchos han expresado su descontento con el gasto de los concejales. «Es inaceptable que cobren salarios tan altos por un trabajo tan poco productivo», comenta un ciudadano en Twitter. «Mientras nosotros luchamos por llegar a fin de mes, ellos se aumentan el sueldo y sancionan ordenanzas irrelevantes».
Desde la Fundación Libertad, se hace un llamado a la acción, instando a los ciudadanos a exigir mayor transparencia y responsabilidad a sus representantes. «Es fundamental que la ciudadanía esté informada sobre cómo se utilizan sus impuestos y que demande un cambio en la forma en que se gestionan los recursos públicos», señala un portavoz de la organización.
Propuestas para la eficiencia
Ante este panorama, se plantean varias propuestas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Entre ellas, se sugiere la implementación de auditorías externas para evaluar el desempeño de los concejos municipales y la creación de mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los ciudadanos conocer el trabajo de sus representantes.
Además, se propone la reducción de los salarios de los concejales y la redistribución de esos fondos hacia áreas que realmente beneficien a la comunidad, como la educación, la salud y la seguridad. «Es hora de que los concejales entiendan que su trabajo debe estar al servicio de la ciudadanía y no de sus propios intereses», concluye el portavoz de la Fundación Libertad.
Conclusiones
El informe de la Fundación Libertad pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar el gasto de los concejos municipales y la productividad de sus integrantes. En un contexto de crisis económica y austeridad, es inaceptable que la clase política continúe disfrutando de privilegios a costa del ciudadano común.
La falta de iniciativas significativas y la desconexión con las necesidades de la población son evidentes. Es fundamental que los ciudadanos exijan mayor transparencia y responsabilidad a sus representantes, así como un cambio en la forma en que se gestionan los recursos públicos.
La situación actual no solo es insostenible, sino que también es una oportunidad para repensar el papel de los concejos municipales y su relación con la ciudadanía. La eficiencia en el uso de los recursos y la atención a las necesidades de la comunidad deben ser la prioridad en la agenda política.
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