Una ex militante de la organización que lidera Milagro Sala brindó detalles escabrosos de la Tupac Amaru en Mendoza. Aprietes, amenazas y connivencia política.
La visita del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala, mientras esta se encontraba internada por una trombosis venosa profunda, reavivó las posiciones de numerosos referentes del arco político respecto a la situación judicial de la dirigente social jujeña.
Denunciaron a Fernández por presunto peculado y apología del delito
Desde el gobierno apuntaron a la Justicia y aseguran que Sala es una presa política, desde la oposición aseguraron que existen numerosas pruebas y testimonios de los repetidos actos de corrupción de la dirigente.
El revuelo generado en el ámbito judicial provocó que, una vez más, salgan a la luz testimonios de militantes de la agrupación Tupac Amaru, que hicieron las veces de testigos de identidad protegida durante la causa. Según publicó el portal RealPolitik se mencionan aprietes, extorsiones, corrupción política y amenazas, parecen ser moneda corriente.
Tal es el caso de Emilce Belén Martínez Lamas, una militante que ingresó a la Tupac Amaru el 21 de diciembre de 2013 en Lavalle, provincia de Mendoza. De acuerdo a su testimonio, al momento de ingresar la delegada Carla Martínez le cobró 800 pesos, que en el marco del complejo entramado de Milagro Sala, era el costo para ingresar a la organización, a parte de una cuota que se les cobraba a todos los militantes del 1 al 10 de cada mes.
Martínez Lamas trabajaba una o dos veces por semana en la Tupac Amaru, un mínimo de ocho horas mensuales obligatorias. “Trabajábamos cortando y quemando montes, limpiando casas en construcción, cuidando las viviendas y las herramientas. Apilábamos ladrillos y nos ocupábamos de lo textil”, afirmó.
De acuerdo a Martínez Lamas, el objetivo era “sumar puntos” para después acceder a alguna de las viviendas que otorgaba el Instituto de la Vivienda en Mendoza y cuyos planes administraba la propia Sala a su antojo. “Siempre había una delegada que firmaba la entrada y salida de las horas trabajadas, y nos informaba de cuántas horas trabajadas sumaban puntos para acceder a la vivienda”, afirmó.
La testigo señaló a Nélida Nieves Rojas de Martínez, mano derecha de Sala en la provincia cuyana, como la responsable de su área. Junto a ella, los que mandaban eran su marido, Matías Corzo, su hija Leonela, y dos personas llamadas Carla Martínez y “Fani” Villegas. A su vez, las personas de confianza de Milagro Sala tenían sus propios delegados y grupos a cargo, quienes organizaban las reuniones.
Desde el principio, los militantes de Sala eran obligados a asistir a marchas, manifestaciones, actos y reclamos. Debían presentarse de forma obligatoria con la pechera y la gorra que las identificaban con la Tupac Amaru y hasta tenían que aprenderse de memoria las letras de las canciones. Si alguno faltaba, se le quitaban puntos para acceder a la vivienda propia. Durante el día, podían optar por remeras con imágenes del “Che” Guevara o Eva Perón.
Finalmente, y luego de muchas horas de trabajo, militancia y sacrificios, a Emilce le dieron su casa el 1 de agosto de 2016 en el barrio Tupac Amaru II. Sin embargo, tan sólo dos días después y cuando comenzaba a disfrutar de su nuevo hogar, Nélida Rojas y su hija Leonela le quitaron la casa. A pesar de sus llantos y pedidos de explicación, le exigieron que se vaya de forma violenta y sin dar respuestas.
“Cuando volví a preguntar, me amenazaron con denunciarme por acoso. Las viviendas no eran de ellos, sino del Instituto de la Vivienda, que las adjudicaba según una lista que armaba la Tupac Amaru”, aseguró.
“Recurrí al Instituto de la Vivienda para explicar lo sucedido, y me dijeron que la Tupac Amaru no tenía ningún tipo de potestad para quitarme la casa adjudicada, pero no pudieron hacer nada. Fui al INADI y a la Defensoría del Pueblo, pero nadie pudo hacer nada”, contó. “Finalmente, le dieron la misma casa a otra familia”. (RealPolitik)
La causa Tupac en Mendoza
Al inicio del 2016, la organización kirchnerista oriunda de Jujuy, Tupac Amaru, tenía a su cargo la finalización de más de 600 casas en Mendoza, utilizando fondos que el Gobierno nacional les había destinado a través del Programa Nacional de Integración Socio-Comunitario: debía costar cerca de 340 millones de pesos, pero la Unidad Antilavado del Banco Nación señaló el movimiento de 800 millones dentro de las cooperativas de la agrupación en los cinco años previos. Varias viviendas, sin embargo, ni siquiera tenían techo.
Cuando el programa se detuvo, la líder de la Tupac, Milagro Sala, inició una protesta en Jujuy que terminó con su detención en enero por instigación a cometer delitos, pero que continuó luego de que el juez mendocino Gastón Mercau indicara que siguiera presa por “asociación ilícita”. En la provincia de Mendoza, los reclamos por irregularidades dentro de la organización comenzaron casi un año después, cuando una investigación del programa Periodismo Para Todos pusiera el foco en la actividad local de la agrupación.
En los meses siguientes a noviembre de 2016, se consumaron más de 80 denuncias contra la Tupac, cuya referente local es Nélida Rojas, imputada por la fiscal Gabriela Chaves desde 2015, al igual que su hija y su yerno, por coacción, y quien ahora posee prisión preventiva. Las víctimas aseguraron que existía en sistema de puntos para acceder a las viviendas según el apoyo que se daba a los actos militantes, a través del cual se los dejaba sin casa. (Datos: El Sol de Mendoza)
