San Salvador de Jujuy: Polémica ordenanza permite cooperación público-privada para obras y servicios

La nueva ordenanza de San Salvador de Jujuy que promueve la articulación público-privada ha generado críticas por su impacto en la ciudad.

En una reciente sesión del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, se aprobó la controvertida Ordenanza Nº 8060/2024, que establece un Régimen Municipal de Contratación mediante articulación público-privada. Esta medida ha sido promovida como una solución para la ejecución conjunta de obras y servicios públicos entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y actores privados interesados. Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas y preocupaciones.

Una medida controversial en tiempos de crisis

Finalizada la sesión, Lisandro Aguiar, presidente del Concejo Deliberante, se refirió a la ordenanza como el tema más relevante aprobado durante la jornada. Aguiar afirmó que esta norma permitirá la cooperación entre el sector público y privado, enfocándose en dos predios clave: un terreno baldío junto al Mercado Central de la ciudad y una esquina en la Av. El Éxodo, donde se encuentra la sede del Ejecutivo municipal.

Aguiar destacó que la medida ha sido bien recibida tanto por la Cámara Argentina y Jujeña de la Construcción como por la Unión de Trabajadores de la Construcción (UOCRA), subrayando que la ordenanza fue aprobada con unanimidad por los diez concejales presentes. Sin embargo, este consenso dentro del Concejo no refleja la preocupación que existe en algunos sectores de la sociedad respecto a las implicaciones de esta colaboración público-privada.

Obras públicas en terrenos estratégicos

La ordenanza contempla el desarrollo de torres de viviendas y proyectos urbanísticos en los terrenos municipales mencionados. Según Aguiar, estas construcciones buscan no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también generar empleo en un contexto de crisis económica nacional.

Además, se aprobó la concesión de dos espacios verdes para actividades gastronómicas, con la intención de crear nuevos espacios de recreación que puedan atraer a residentes y turistas. No obstante, la decisión de concesionar espacios públicos ha suscitado críticas por parte de quienes consideran que estas áreas deberían permanecer bajo control municipal y estar al servicio de la comunidad sin la interferencia de intereses privados.

Las críticas y preocupaciones

A pesar de la aprobación unánime en el Concejo, la ordenanza ha sido vista con escepticismo por algunos analistas y miembros de la comunidad, quienes temen que la articulación público-privada pueda derivar en privatizaciones encubiertas o en la entrega de espacios estratégicos de la ciudad a empresas privadas sin suficiente control o supervisión por parte del municipio.

La falta de transparencia y la celeridad con la que se ha aprobado la norma han sido señaladas como problemáticas. A los ciudadanos les preocupa que esta ordenanza pueda priorizar los intereses empresariales por encima de las necesidades de la población. En este sentido, se ha cuestionado si las obras y concesiones realmente beneficiarán a la comunidad en su conjunto o si, por el contrario, podrían terminar favoreciendo a un pequeño grupo de empresas y desarrolladores inmobiliarios.

Una herramienta para el Ejecutivo en tiempos difíciles

Aguiar ha defendido la ordenanza como una “herramienta más” para el Departamento Ejecutivo en la generación de obras públicas y empleo, especialmente en un contexto de recesión económica. No obstante, la vaguedad en los detalles sobre cómo se implementarán estos proyectos ha generado inquietud.

El edil mencionó que la ordenanza busca responder a la crisis que atraviesa Argentina, proporcionando al municipio una vía para dinamizar la economía local y mejorar la infraestructura urbana. Sin embargo, la falta de un plan detallado y la ausencia de consultas amplias con la comunidad han dejado en el aire importantes preguntas sobre la efectividad y equidad de esta medida.

Proyectos impulsados por jóvenes, pero con resultados mixtos

Por otro lado, Aguiar destacó la aprobación de iniciativas presentadas por el Concejo Deliberante Estudiantil, lo que muestra un intento de involucrar a los jóvenes en la vida cívica de la ciudad. Entre las medidas aprobadas se encuentran la adhesión a la Ley Nacional de Promoción de la Lactancia y la implementación de códigos QR en gimnasios urbanos para promover la actividad física.

Si bien estas iniciativas reflejan un esfuerzo por parte del Concejo para integrar las ideas de los jóvenes en la política local, algunos críticos consideran que se trata de medidas simbólicas que no abordan los problemas estructurales más urgentes de la ciudad. La adhesión a la Ley de Lactancia, aunque importante, es vista por algunos como un gesto menor en comparación con los desafíos económicos y sociales que enfrenta San Salvador de Jujuy.

Conclusión: Un futuro incierto para San Salvador de Jujuy

La aprobación de la Ordenanza Nº 8060/2024 pone de manifiesto la complejidad de las decisiones políticas en tiempos de crisis. Aunque se presenta como una solución innovadora para fomentar el desarrollo urbano y económico, su implementación plantea serios interrogantes sobre su impacto a largo plazo en la comunidad.

La crítica principal radica en la falta de transparencia y la posibilidad de que esta medida beneficie desproporcionadamente a intereses privados en detrimento del bien común. Además, la rapidez con la que se ha aprobado la norma y la ausencia de un diálogo más amplio con la sociedad civil aumentan las dudas sobre su verdadera efectividad.

Mientras el gobierno municipal avanza con estos proyectos, será crucial que los ciudadanos de San Salvador de Jujuy mantengan una vigilancia activa para asegurar que las promesas de desarrollo y generación de empleo se cumplan de manera justa y equitativa, sin sacrificar el control público de los recursos y espacios que pertenecen a toda la comunidad.