El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó en su última sesión ordinaria de noviembre el Presupuesto Municipal 2026, fijado en $189.054.041.329, lo que representa un incremento del 33% respecto al ejercicio anterior. Esta decisión se produce en un contexto de severa restricción fiscal para la municipalidad, que ha perdido los fondos nacionales que históricamente financiaban obras de infraestructura y subsidios al transporte público, trasladando ahora el peso del financiamiento a la recaudación local y, en consecuencia, a los contribuyentes de la capital jujeña.
La aprobación del presupuesto, sancionada mediante la Ordenanza N.º 8238/25 junto con la Ordenanza Impositiva N.º 8239/25, se fundamenta en una proyección inflacionaria nacional de entre el 25% y el 30%, según explicaron desde el cuerpo legislativo. Sin embargo, el aumento presupuestario del 33% supera estas estimaciones, lo que anticipa un año de mayor presión sobre las arcas municipales y, consecuentemente, sobre los bolsillos de los vecinos.
El fin de los subsidios nacionales: Un golpe a las finanzas municipales

El principal factor que explica el incremento presupuestario y su impacto en los contribuyentes es el cese de los fondos de origen nacional que anteriormente sostenían el sistema de transporte y financiaban obras públicas. Durante años, la Nación se hacía cargo de subsidios clave como el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) y otras ayudas al transporte colectivo de pasajeros, además de aportar recursos para obras viales y de infraestructura urbana.
Esta situación cambió radicalmente en 2025. Ahora, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy debe asumir con fondos propios la totalidad de estos costos operativos, lo que representa una carga financiera considerable que antes no existía en el presupuesto local. El concejal Gastón Millón, quien presidió la sesión, reconoció este desafío al señalar que el municipio mantiene «una administración muy prolija» de las finanzas, sin deudas ni créditos para gastos corrientes, pero enfatizó que el éxito del presupuesto dependerá del «aumento en la recaudación que podamos hacer como municipio».
La morosidad impositiva: Un obstáculo adicional

El panorama se complica aún más al considerar los altos niveles de morosidad en el pago de impuestos municipales. Durante la sesión, se destacó que en zonas como Alto Comedero, la falta de pago de tributos alcanza el 70%, una cifra alarmante que compromete la capacidad de recaudación efectiva del municipio.
Esta situación plantea una ecuación compleja: el municipio necesita aumentar significativamente su recaudación para sostener los servicios básicos y los nuevos compromisos asumidos, pero se enfrenta a una cultura de incumplimiento tributario arraigada en sectores importantes de la ciudad. Para compensar este déficit, la presión fiscal deberá incrementarse sobre los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones, lo que profundizará la inequidad en la distribución de la carga impositiva.
En términos prácticos, esto significa que los vecinos que pagan sus tasas municipales regularmente deberán afrontar aumentos más pronunciados para compensar la falta de ingresos provenientes de las zonas morosas, generando una sobrecarga sobre el sector cumplidor de la población.
Nuevo pliego de transporte: Mejoras con costo para el municipio

Paralelamente al presupuesto, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 8.232/2025, que establece el pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio de transporte público que regirá a partir de 2026. Si bien este nuevo marco regulatorio promete mejoras sustanciales en la calidad del servicio, también implica compromisos financieros adicionales para el municipio en un momento de máxima tensión presupuestaria.
El nuevo pliego introduce exigencias significativas para las empresas de transporte, incluyendo la obligación de que al menos el 10% de las unidades cuenten con accesibilidad para personas con discapacidad, la implementación de aplicaciones móviles para el seguimiento en tiempo real de las unidades, y la creación de sistemas digitales para la gestión de reclamos de usuarios.
Además, se establece la creación de nuevas líneas y frecuencias para barrios en expansión como Alto Comedero y la Ciudad de las Artes en Alto Padilla, respondiendo a demandas ciudadanas concretas surgidas de un proceso participativo. El concejal Millón destacó que «cuando nos enviaron el pliego, muchas de estas cosas no estaban y fueron agregadas», evidenciando el impacto de la participación ciudadana en el documento final.
El modelo de subsidios cruzados: ¿Suficiente para garantizar la sostenibilidad?

Para asegurar que las líneas menos rentables no queden sin servicio, el pliego estructura la licitación mediante «grupos» o «paquetes» que combinan rutas rentables con otras «económicamente más complicadas». Este modelo de subsidios cruzados obliga a las empresas a ofertar por el paquete completo, internalizando la obligación de servicio público en toda su operación.
Sin embargo, este diseño no elimina la necesidad de subsidios municipales para sostener el sistema, especialmente considerando las ambiciosas exigencias de modernización y expansión del servicio. En un contexto donde el municipio ya debe asumir costos que antes cubrían los fondos nacionales, la pregunta inevitable es: ¿de dónde saldrán los recursos adicionales para financiar estas mejoras?
La respuesta, inevitablemente, apunta hacia un incremento en la carga tributaria sobre los vecinos. El presupuesto aprobado contempla «garantizar los gastos de funcionamiento, la prestación de servicios municipales y la ejecución de obras», objetivos que solo podrán cumplirse si la recaudación local crece proporcionalmente. Y ante el panorama de alta morosidad, el ajuste recaerá principalmente sobre los contribuyentes regulares.
Impacto directo en el bolsillo de los vecinos
El aumento del 33% en el presupuesto municipal no es una cifra abstracta. Se traducirá en incrementos concretos en las tasas e impuestos que los vecinos de San Salvador de Jujuy deberán afrontar durante 2026. Entre los tributos que históricamente aumentan en línea con el presupuesto se encuentran la tasa de servicios generales, los derechos de construcción, las tasas de habilitación comercial y los impuestos sobre vehículos.
Para una familia tipo de la capital jujeña, que ya enfrenta el impacto de la inflación nacional proyectada entre el 25% y 30%, este aumento adicional del 33% en las cargas municipales representará un golpe significativo a su economía doméstica. Especialmente considerando que los salarios no están creciendo al mismo ritmo y que muchos hogares ya destinan una porción considerable de sus ingresos a cubrir servicios básicos y alimentos.
El comercio y la industria local tampoco escaparán a este impacto. Las empresas radicadas en la ciudad verán incrementadas sus cargas tributarias municipales, lo que podría trasladarse a los precios finales de productos y servicios, generando un efecto inflacionario adicional a nivel local que profundizará el deterioro del poder adquisitivo de los jujeños.
Un presupuesto sin deuda pero con interrogantes
Los concejales destacaron que el municipio mantiene sus cuentas en orden, sin recurrir a endeudamiento ni a créditos para financiar gastos corrientes. Esta prudencia fiscal es positiva desde el punto de vista de la sostenibilidad de largo plazo, pero plantea un dilema inmediato: sin margen para tomar deuda y sin aportes nacionales, la única vía para financiar el crecimiento del gasto es aumentar los ingresos propios, es decir, la recaudación tributaria local.
Vale aclarar, según se informó en la sesión, que el municipio no paga los salarios de sus empleados, ya que esta responsabilidad corresponde al Gobierno de la Provincia de Jujuy. Sin embargo, debe garantizar el funcionamiento operativo de todos los servicios municipales, desde la recolección de residuos hasta el mantenimiento de espacios públicos, además de los nuevos compromisos asumidos con el transporte público.
Otras decisiones de la Sesión Ordinaria
La última sesión ordinaria del año también incluyó la aprobación de las renuncias de dos concejales. Lisandro Aguiar dejó su banca para asumir como vocal de la Corte de Justicia, siendo destacado por sus pares como una «persona del consenso». Por su parte, Keila Zequeiros renunció a los dos años restantes de su mandato actual debido a su reelección para el período 2025-2029, debiendo renunciar para asumir su nuevo cargo a partir del 10 de diciembre.
Adicionalmente, se modificó el Artículo 10 de la normativa de transporte alternativo para regular el uso de aplicaciones móviles de transporte, estableciendo requisitos de inscripción y operación legal. También se aprobaron declaraciones para promover actividades teatrales y fomentar el uso de paneles solares y energías renovables.
2026: Un Año de ajuste para los vecinos

El ejercicio fiscal 2026 se presenta como un año de importantes desafíos para los vecinos de San Salvador de Jujuy. Si bien las mejoras proyectadas en el transporte público y la ampliación de la cobertura a zonas históricamente desatendidas representan avances positivos, el costo de estas transformaciones recaerá principalmente sobre los contribuyentes locales.
El aumento del 33% en el presupuesto, combinado con la pérdida de fondos nacionales y los altos niveles de morosidad tributaria, configura un escenario donde los vecinos cumplidores deberán absorber una carga fiscal significativamente mayor. La capacidad del municipio para ejecutar su ambicioso plan dependerá en última instancia de la disposición y capacidad de pago de los contribuyentes, quienes enfrentarán un año de ajuste en sus economías personales y familiares.
La pregunta que quedará flotando durante 2026 es si las mejoras en los servicios justificarán el sacrificio económico que se exigirá a los vecinos, y si el municipio logrará implementar mecanismos efectivos para combatir la morosidad y distribuir más equitativamente la carga tributaria entre todos los sectores de la ciudad.

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