El Partido Justicialista de Jujuy (PJ Jujuy) atraviesa su peor crisis institucional en décadas. Los interventores designados por Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, suspendieron la afiliación de más de 300 dirigentes peronistas, incluyendo a la senadora nacional Carolina Moisés, en una medida que amenaza con desintegrar el interbloque peronista en el Senado de la Nación. La Resolución N.º 02/2026, emitida el 28 de enero, postergó las elecciones internas previstas para el 15 de febrero hasta el 24 de abril y abrió sumarios disciplinarios contra dirigentes acusados de «grave inconducta partidaria».
La resolución que desató la tormenta
La intervención del PJ jujeño justificó las suspensiones preventivas argumentando que los afiliados sancionados participaron en listas electorales ajenas al partido durante 2025 o votaron a favor de iniciativas del gobierno nacional de Javier Milei. Según publicó La Nación, la medida alcanzó a figuras centrales del peronismo jujeño: la senadora Carolina Moisés, el diputado provincial Rubén Rivarola y el exvicegobernador Guillermo Jenefes.
En el caso de Moisés, los interventores la acusaron de haber «promovido activamente y consignado su propia imagen o fotografía en la boleta electoral de la lista denominada Frente Somos Más –Lista N°508″ durante las elecciones de mayo de 2025, sin autorización partidaria. Además, se le imputa haber votado a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases y del Presupuesto 2026, lo que según la resolución constituyó una «afrenta a los postulados doctrinarios» del justicialismo.
A Rivarola se le atribuye haber competido con el Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501) en octubre de 2025, mientras que a Jenefes se lo señala por realizar campañas de desprestigio contra candidatos oficiales del PJ a través de medios de comunicación provinciales.
La resolución también suspendió a más de 300 afiliados adicionales, entre los que se encuentran intendentes, diputados provinciales y concejales de todo el territorio jujeño. Entre los nombres mencionados figuran Luis Horacio Cabana, Pedro Belizán, Nilson Ortega y Mariela Segovia, todos acusados de haber apoyado la reforma constitucional impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales en 2023 o de haber competido en listas de la Unión Cívica Radical, el PRO o el Frente de Izquierda.
Lo paradójico de estas sanciones es que muchos de estos dirigentes habían recibido previamente una amnistía por parte de los mismos interventores en 2023, lo que la senadora Moisés denominó como la «Paradoja de la Amnistía». La legisladora recordó que la propia Leila Chaher, una de las principales beneficiarias de la actual intervención, compitió fuera del PJ en 2017 cuando integró la lista de Unidad Ciudadana, pero no enfrentó sanciones similares.
La defensa de Carolina Moisés: «cobardía total»
En una conferencia de prensa realizada el 2 de febrero, la senadora Moisés calificó la decisión como un «mamarracho jurídico» y «cobardía total». Según consignó Todo Jujuy, la legisladora denunció que la intervención suspendió las elecciones en cuatro oportunidades porque «no quieren que los afiliados decidan».
Moisés defendió su voto a favor del Presupuesto 2026 argumentando que evitó un default provincial que hubiera impedido el pago de sueldos a policías y docentes en marzo. «¿Vamos a terminar todos echados del PJ?», se preguntó la senadora. «¿Solamente quedarán los K ultra K que son ciegos, sordos y mudos, votan lo que dice Cristina, incluso en contra de los intereses de sus provincias?»
La legisladora jujeña responsabilizó directamente a Cristina Fernández de Kirchner de orquestar la purga, afirmando que «Cristina es la que ordenó todo esto. El kirchnerismo quiere que esto fracase». Además, anunció que presentó una acción judicial solicitando la intervención del PJ nacional por parte de la Justicia Federal.
Amenaza de fractura en el Senado Nacional
La crisis en Jujuy trasciende las fronteras provinciales y pone en jaque la unidad del peronismo en el Senado. Según reportó El Cronista, Moisés amenazó con abandonar el interbloque Popular liderado por José Mayans, junto a otros cuatro senadores del bloque Convicción Federal: Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Fernando Rejal (La Rioja).
De concretarse esta salida, el interbloque peronista pasaría de 28 a 23 miembros, lo que le haría perder el tercio necesario para bloquear nombramientos judiciales o leyes que requieren mayorías calificadas. Esta pérdida beneficiaría al gobierno de Javier Milei, que podría negociar la designación de jueces para la Corte Suprema sin necesidad de acordar con el kirchnerismo.
El jefe del interbloque, José Mayans, habría advertido en una reunión reservada en la casa de Cristina Kirchner sobre el riesgo de fractura, pero según fuentes parlamentarias citadas por Infobae, la expresidenta priorizó la disciplina partidaria sobre el número de bancas.
El cálculo político detrás de esta decisión es complejo. Si bien perder el tercio del Senado debilitaría la capacidad de veto del peronismo, desde el Instituto Patria consideran que mantener una bancada homogénea y disciplinada es más estratégico que contar con senadores que votan a favor de proyectos del oficialismo libertario. Esta visión choca frontalmente con la postura de los gobernadores provinciales, quienes argumentan que los intereses federales no pueden subordinarse a directivas centralistas de Buenos Aires.
La situación adquiere mayor gravedad cuando se considera que el gobierno de Javier Milei necesita designar dos jueces para la Corte Suprema de Justicia, nombramientos que requieren dos tercios de los votos en el Senado. Con un interbloque peronista reducido a 23 bancas, el kirchnerismo perdería su poder de veto absoluto sobre estas designaciones, abriendo la puerta a que el oficialismo negocie directamente con bloques provinciales y gobernadores.
Apoyo de gobernadores peronistas del Norte
Moisés recibió el respaldo explícito de los gobernadores peronistas Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes cuestionaron públicamente el «dedazo» de Cristina Kirchner y la acefalía del PJ nacional.
Antecedentes de una crisis anunciada
El conflicto actual en el PJ jujeño no es un fenómeno aislado, sino el punto culminante de décadas de irregularidades institucionales. El partido lleva más de 25 años sin poder elegir autoridades mediante elecciones democráticas, lo que ha generado una distorsión histórica en su funcionamiento interno. Esta situación se agravó durante el gobierno provincial de Gerardo Morales, cuando numerosos dirigentes justicialistas aceptaron cargos en su administración o apoyaron sus iniciativas legislativas, generando un quiebre entre el peronismo territorial y las directivas nacionales del partido.
La intervención conducida por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez fue designada hace más de dos años con el objetivo explícito de «normalizar» la situación partidaria. Sin embargo, según el análisis de diversos dirigentes locales, la gestión de los interventores no solo no resolvió los problemas estructurales, sino que los profundizó al postergar sistemáticamente los procesos electorales. La Resolución 02/2026 marca la cuarta postergación consecutiva de las internas, alimentando las acusaciones de que existe una estrategia deliberada para evitar que los afiliados expresen su voluntad en las urnas.
El gobernador salteño Gustavo Sáenz fue particularmente crítico, afirmando en sus redes sociales que «el PJ se convirtió en una pyme familiar» donde «desde Buenos Aires eligen sus candidatos a dedo en todo el país. La condición: obediencia debida, amistad y lealtad a la reina del balcón», según reportó La Nación.
Sáenz agregó: «Basta de imposiciones, sanciones e intervenciones. Dé un paso al costado. Renovar no es reciclar con los mismos de siempre. Al que habría que intervenir es al PJ nacional, y que asuma alguien que garantice participación, elecciones y justicia. Mi solidaridad con Carolina Moisés y con todos los compañeros sancionados en Jujuy».
Voces críticas: un partido en riesgo de extinción
Otros dirigentes peronistas jujeños expresaron su preocupación por la descomposición institucional del partido. El abogado y dirigente Carlos de Aparici advirtió que el peronismo jujeño corre el riesgo de extinguirse si no recupera un rol opositor real, señalando que la intervención de más de dos años «no normalizó nada, sino que agravó la situación».
Por su parte, Gerardo Raúl Luna, de la lista «Generación Valiente«, calificó la gestión de los interventores como un «tribunal de inquisición administrativa» funcional a los intereses de Leila Chaher y Máximo Kirchner. El 26 de enero, aproximadamente 25 candidatos de la lista de Moisés renunciaron masivamente, lo que algunos sectores interpretan como una maniobra orquestada para forzar la suspensión de las elecciones internas.
Un partido paralizado
El Partido Justicialista de Jujuy se encuentra en un estado de parálisis institucional sin precedentes. Con la imposibilidad de elegir autoridades por más de 25 años y un padrón electoral cuestionado, el partido ha perdido representatividad frente al gobierno provincial de Carlos Sadir y el nacional de Javier Milei.
La nueva fecha electoral del 24 de abril de 2026 no garantiza una solución a la crisis. Los sectores sancionados anunciaron presentaciones legales para judicializar el conflicto, mientras que la fractura interna amenaza con fragmentar definitivamente al peronismo, tanto a nivel provincial como nacional.
Lo que comenzó como una intervención para «normalizar» el partido terminó convirtiéndose en la mayor crisis de su historia reciente, con consecuencias que podrían redefinir el equilibrio de poder en el Senado de la Nación y debilitar la capacidad de bloqueo del kirchnerismo frente al gobierno de La Libertad Avanza.
Perspectivas para 2027
De cara a las elecciones legislativas de 2027, el panorama para el peronismo jujeño es sumamente incierto. La fragmentación interna del partido podría traducirse en múltiples listas peronistas compitiendo entre sí, o incluso en la conformación de frentes electorales alternativos que prescinden del sello partidario tradicional. Esta dispersión electoral favorecería tanto al radicalismo local como a las fuerzas libertarias que buscan expandir su presencia en el Congreso Nacional.
Además, la crisis ha expuesto una tensión estructural dentro del justicialismo argentino: la contradicción entre un partido que se define como movimiento policlasista y federalista, pero que en la práctica opera con mecanismos de control centralizado desde Buenos Aires. La pregunta que queda resonando en el NOA es si el PJ podrá recuperar su capacidad de representar genuinamente los intereses provinciales o si, por el contrario, se consolidará como una estructura subordinada a los intereses de sus cúpulas nacionales.
La definición de este conflicto no solo determinará el futuro político de Jujuy, sino que podría marcar un precedente para otros distritos provinciales donde el peronismo territorial enfrenta dilemas similares entre autonomía y disciplina partidaria.
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