El ambicioso desarrollo inmobiliario proyectado para las riberas del Dique La Ciénaga en la provincia de Jujuy permanece en un limbo jurídico y social que genera profundas dudas sobre su viabilidad. La iniciativa, promovida por el gobierno provincial a través de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques (ADSD), busca atraer inversión privada para transformar la zona en un polo turístico de gran envergadura, pero enfrenta una férrea oposición comunitaria y, más crítico aún, un amparo ambiental que aguarda resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proyecto contempla la construcción de torres habitacionales, un hotel y casino, espacios comerciales, canchas deportivas y una guardería náutica en una superficie de 15,88 hectáreas. Sin embargo, la persistencia del gobierno en extender los plazos de venta directa de los lotes a lo largo de 2025 revela las dificultades para concretar el negocio, en un contexto donde convergen riesgos legales, conflictos sociales y denuncias ambientales que alejan a potenciales inversores.
Una venta que no despega: prórrogas y falta de interés
La ADSD ha convocado reiteradamente a una «Venta Directa» para una fracción de tierra identificada como Padrón B-28207, Matrícula B-24778, Parcela 927, con una superficie de 15 hectáreas y 8889,65 metros cuadrados en la zona del perilago del Dique La Ciénaga, en el Departamento El Carmen. La oferta ha sido prorrogada en múltiples ocasiones durante 2025, con fechas límite que se han extendido desde el 30 de enero hasta el 19 de diciembre.
Estas sucesivas prórrogas evidencian un evidente fracaso en atraer compradores, pese a que el gobierno insiste en presentar el proyecto como una inversión segura respaldada por el Estado. El proyecto original, denominado «Ecoparque«, incluía 17 parcelas valoradas en 40 millones de pesos cada una, destinadas exclusivamente a emprendimientos de hospedaje turístico como cabañas y casas de fin de semana.
Nueva audiencia pública para discutir la construcción de un Ecoparque en los Diques
Andrés Aparicio, titular de la ADSD, ha justificado la iniciativa argumentando la necesidad de incrementar la capacidad de alojamiento en la región. «Si algo nos hace falta acá, sobre todo en los espejos de agua, son camas para hospedar a la gente que viene», declaró. El funcionario también destacó que el proceso busca dar «mayor seguridad jurídica al privado» para el desarrollo de los espejos de agua, aunque los hechos sugieren lo contrario.
El núcleo del conflicto: una ley cuestionada y un juicio pendiente
La piedra angular del proyecto es la Ley N° 6049/17, sancionada en 2017, que cambió radicalmente el estatus legal del territorio. Antes de esta norma, el área estaba protegida bajo la Ley N° 5365 como «Área Natural Protegida Los Diques«. La nueva legislación la reclasificó como «Área de Desarrollo Sostenible de los Diques«, habilitando así la venta de tierras para urbanización y turismo.
Sin embargo, en 2018, la Organización Campesina Los Perilagos (OCP) presentó un recurso de amparo ambiental y colectivo cuestionando la legalidad de esta ley y la desafectación de las tierras. El amparo argumenta que la norma vulnera la protección ambiental y comunitaria previa del área. Tras ser rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde aún espera una resolución definitiva.
Esta indefinición judicial constituye el riesgo legal más grave para cualquier inversor. Una sentencia adversa de la Corte Suprema podría anular la Ley N° 6049/17, revirtiendo el estatus del área a su condición de zona protegida y declarando nula la venta de las tierras, lo que resultaría en la pérdida total del capital invertido.
Pablo Gutiérrez, referente de la OCP, es contundente al advertir a potenciales compradores: «Ya saben que se está comprando pescado podrido porque son tierras en conflicto«. La abogada Alejandra Cejas, quien respalda legalmente a las comunidades, ha adelantado que preparan nuevas estrategias judiciales para frenar la venta directa si el proyecto avanza.
Oposición comunitaria: un conflicto de más de seis años
La resistencia al proyecto no es reciente ni esporádica. Desde 2019, la Organización Campesina Los Perilagos ha liderado una oposición organizada que incluye a comunidades campesinas, vecinos de El Carmen, activistas ambientales y legisladores de oposición. Esta capacidad de movilización sostenida representa un riesgo operacional concreto, con alta probabilidad de protestas, bloqueos de accesos y campañas mediáticas negativas.
Las principales denuncias de los opositores apuntan al desplazamiento de aproximadamente 30 familias campesinas que históricamente han utilizado estas tierras para el pastoreo y la agricultura familiar. Noelia Florencia González, integrante de la OCP, expresó el temor de las comunidades: «Nos prometen que el progreso significará trabajar como sirvientas en hoteles lujosos, sirviendo en sus restaurantes».
La abogada Silvana Llanez denunció que el proyecto representa la «apropiación del espacio común para la clase adinerada y racista de Jujuy», advirtiendo que las comunidades campesinas y urbanas serán relegadas a las periferias de un desarrollo exclusivo.
Esperanza Pereyra, otra referente comunitaria, denunció la «violencia institucional» ejercida por el gobierno provincial contra quienes se oponen a sus políticas. «No es un negocio, es un avance sobre nosotros, quieren el alma, pretenden que les demos todo», afirmó.
Riesgos ambientales: agua escasa y estudio cuestionado
Las denuncias ambientales agregan otra capa de complejidad al proyecto. La OCP ha advertido durante años que el desarrollo pone en peligro el abastecimiento de agua y la salubridad ambiental de la región, argumentos que cobran mayor peso cuando se considera que el propio gobierno reconoce el problema.
La legislación que creó la ADSD exige un «Plan de Manejo y Conservación del Agua» como componente central de su «Plan Maestro», lo que confirma que la escasez de agua es una vulnerabilidad preexistente en la zona. Los opositores señalan que la región carece de infraestructura básica de cloacas y suministro de agua potable suficiente para un desarrollo de esta magnitud.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por los promotores ha sido objeto de severas críticas. La abogada Alejandra Cejas lo calificó como una «versión resumida» e «inadecuada» para un proyecto de esta envergadura. La Universidad Nacional de Jujuy también cuestionó su pertinencia, sugiriendo que fue simplificado en exceso. Las críticas apuntan a su «falta de consideración de los problemas sociales y la escasez de agua», ignorando las realidades del territorio.
Además, referentes campesinos han denunciado el «desmonte en curso« en la zona del proyecto, con destrucción de árboles nativos de alto valor ecológico como quebrachos, tipas, lapachos y urundeles, con la consecuente pérdida de hábitat para la fauna local.
Cuestionamientos al proceso: falta de transparencia
La legitimidad del proceso también ha sido puesta en tela de juicio. Los opositores critican que la audiencia pública ambiental fue convocada después de la aprobación de la Ley N° 6049, siendo calificada como una instancia «antidemocrática y demagógica» de carácter no vinculante.
El cambio de modalidad de licitación a venta directa es interpretado por Pablo Gutiérrez como una consecuencia del fracaso de convocatorias anteriores. «Los potenciales inversores saben que están comprando pescado podrido porque son tierras en conflicto», insistió el referente de la OCP.
Las autoridades provinciales, por su parte, sostienen que el proceso cumple con todos los requisitos legales, siendo una extensión de una licitación pública previa con publicaciones en el Boletín Oficial y diarios de gran circulación. Sin embargo, la persistente falta de interés del mercado sugiere que los inversores perciben claramente los riesgos asociados al proyecto.
Una inversión de alto riesgo
El análisis integral del proyecto revela un perfil de riesgo excepcionalmente alto para potenciales inversores. La contingencia legal pendiente en la Corte Suprema funciona como un evento de riesgo binario que podría anular cualquier inversión. Hasta que esta incertidumbre judicial se resuelva a favor de los promotores, los significativos riesgos sociocomunitarios y ambientales permanecen como amenazas concretas capaces de generar retrasos, sobrecostos y daños reputacionales.
La oposición comunitaria organizada desde 2019 demuestra una capacidad sostenida de movilización que se traduce en alta probabilidad de enfrentar protestas, bloqueos durante la fase de construcción y campañas mediáticas negativas que podrían afectar la comercialización futura de las unidades.
Los riesgos ambientales, particularmente el déficit hídrico reconocido implícitamente por el propio gobierno y las deficiencias del EIA, podrían resultar en la imposición de costosas medidas de mitigación no contempladas en el presupuesto original, suspensión de permisos o incluso su revocación.
Un futuro incierto
El proyecto «Eco Desarrollo del Dique La Ciénaga«, presentado por sus impulsores como el futuro «Miami de Jujuy» o una nueva «Villa Carlos Paz», permanece atrapado en un entramado de conflictos legales, sociales y ambientales que cuestionan su viabilidad. Las sucesivas prórrogas de la venta de tierras durante 2025 reflejan una realidad que contrasta con el discurso oficial de seguridad jurídica y oportunidad de inversión.
Mientras la Corte Suprema no emita una sentencia definitiva sobre el amparo ambiental presentado por la Organización Campesina Los Perilagos, el proyecto continuará en un limbo jurídico que aleja a inversores y profundiza el conflicto con las comunidades locales. La tensión entre un modelo de desarrollo turístico-inmobiliario impulsado por el Estado provincial y la defensa del territorio, los recursos naturales y la identidad cultural local no muestra signos de resolverse en el corto plazo.
En este escenario, las familias campesinas que durante generaciones han utilizado estas tierras enfrentan la amenaza de ser desplazadas de un territorio que consideran propio, mientras el gobierno provincial insiste en un proyecto que, hasta el momento, no ha logrado convencer al mercado de su viabilidad. El futuro del Dique La Ciénaga permanece, así, en una encrucijada donde se juegan no solo intereses económicos, sino también modelos contrapuestos de desarrollo y concepciones diferentes sobre el uso del territorio y los recursos comunes.
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