El conflicto salarial en la Policía de Jujuy escaló de forma dramática la noche del 9 de marzo de 2026 con violentos incidentes frente a la Casa de Gobierno. Detrás de la crisis: sueldos por debajo de la línea de pobreza, decretos que beneficiaban con hasta un 75% de adicional a la cúpula, y un acuerdo cuestionado por las propias bases. Una crisis que pone en jaque la «paz social» prometida por el gobernador Carlos Sadir, quien al momento de los hechos se encontraba en Nueva York.
La «noche de furia» en Plaza Belgrano
La noche del lunes 9 de marzo de 2026 quedará grabada en la memoria institucional de Jujuy. Lo que comenzó como una concentración pacífica de familiares de efectivos, policías retirados y personal activo frente a la Casa de Gobierno en la histórica Plaza Belgrano, derivó en una escalada de violencia sin precedentes en el sector: quema de cubiertas, derribo de vallas y uso de pirotecnia contra el edificio gubernamental.
Según reportó Todo Jujuy, la protesta se desencadenó como respuesta al acuerdo salarial que el Ejecutivo provincial había anunciado esa misma mañana, el cual fue rechazado por amplios sectores de la fuerza por considerarlo insuficiente e ilegítimo. Infobae confirmó que algunos manifestantes con el rostro cubierto intentaron forzar las rejas del portón de acceso, lo que motivó el despliegue de efectivos de Infantería en el acceso por calle Sarmiento.
El contexto político agravó la percepción: el gobernador Carlos Sadir se encontraba en Nueva York integrando la comitiva nacional de la Argentina Week 2026, según confirmó Cadena 365. Su ausencia, en medio de una crisis de seguridad pública protagonizada por sus propias fuerzas, fue leída por manifestantes y analistas como una señal de desconexión con la realidad provincial.
Las «Resoluciones de Oro»: el detonante que lo incendió todo
El origen inmediato del conflicto se remonta a la filtración de las Resoluciones N° 000077 y N° 000078 del Ministerio de Seguridad, firmadas en febrero de 2026 por el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro. Esos documentos otorgaban adicionales no remunerativos de entre el 35% y el 75% —y según fuentes sindicales hasta el 85%— exclusivamente a la plana mayor, al Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) y a los custodios del gobernador y vicegobernador. Mientras tanto, el personal de calle seguía cobrar sueldos que, con todos los adicionales, no superaban los $900.000 mensuales, por debajo de la Canasta Básica Total.
Como detalló El Destape, la brecha entre los salarios de la cúpula —que podían alcanzar los $4.500.000— y los de un agente ingresante —cuyo básico ronda los $223.000 a $225.000— generó un quiebre devastador en la cohesión interna de la fuerza. Ante la presión de la calle y el escándalo mediático, el Ejecutivo dispuso la anulación de ambas resoluciones, pero el daño ya estaba consumado. La figura de Pulleiro quedó en el centro de la tormenta y su renuncia se convirtió en una demanda innegociable de las bases.
La agrupación «Azules por Siempre», que nuclea a personal activo, publicó un duro comunicado citado por El Submarino Jujuy en el que denunciaron: «El núcleo de este malestar radica en una desigualdad sistémica que fractura la unidad de la fuerza. No se puede cuidar a la sociedad si no se cuida a quien la protege.»
El «policía pluriempleado»: changas para llegar a fin de mes
La precariedad económica de los efectivos no es una situación nueva. El Decreto 4311 de noviembre de 2025 fijó escalas salariales que la inflación pulverizó en pocos meses. Los datos son contundentes: un agente cobra en mano unos $800.000, mientras que un Oficial Ayudante llega apenas a los $900.000. Ambas cifras se ubican por debajo de los umbrales de pobreza establecidos por el INDEC para una familia tipo.
La consecuencia directa es la proliferación de las llamadas «changas»: tareas informales como cortar pasto, pasear perros o descargar camiones que los efectivos realizan en sus días francos para complementar ingresos. En una denuncia que se viralizó y fue recogida por Jujuy Dice, la madre de un efectivo describió con crudeza la situación: «Mi hijo sale a cortar el pasto, a pasear perros o se va a descargar camiones y no es justo que termine explotado. Encima la plata extra es para el uniforme, que ni le dan.»
La paradoja se cierra sola: el Estado obliga por ley a sus efectivos a portar un arma de fuego, pero no garantiza las condiciones mínimas para que esos mismos efectivos puedan vivir dignamente.
Retirados, familias y un acuerdo que dividió a las bases
Al estar legalmente impedidos de realizar huelgas, la primera línea de la protesta fue asumida por policías retirados —encabezados por el comisario retirado Daniel Romero y Rodolfo Choque— y por los familiares de los efectivos. Las manifestaciones, que el 4 de marzo reunieron a unas 500 personas frente a la Casa de Gobierno, incluyeron el pedido formal de renuncia del secretario Pulleiro y del jefe de la Policía, Milton Sánchez.
El conflicto también expuso una fractura interna: mientras el gobierno lograba firmar un acuerdo con una comisión liderada por Gonzalo Camino y Orlando Subia, las bases repudiaban ese entendimiento. Camino celebró que «se llegó al mejor acuerdo posible» y que el Gobierno se comprometió a que «no va a haber ningún tipo de represalia ni tampoco acciones contra el personal que se apostó estos días en las movilizaciones.» Subia, por su parte, calificó de «histórico» el hecho de que no habría persecuciones contra efectivos activos ni retirados.
Pero desde el otro sector, Romero fue tajante al advertir, según Jujuy al Momento: «Si no hay soluciones, seguirán los reclamos. Lo que hoy cobra un agente es $900.000 y se incrementaría a $1.400.000. Queremos que ese acuerdo, que fue verbal únicamente, se concrete por escrito.» La desconfianza hacia los delegados que firmaron el acta fue calificada por sectores disidentes como una «traición» y un «acuerdo trucho.»
La respuesta del Gobierno: diálogo con una mano, judicialización con la otra
El Ejecutivo provincial, encabezado interinamente por funcionarios ante la ausencia de Sadir, adoptó una postura dual. Por un lado, el ministro de Hacienda Federico Cardozo lideró las negociaciones y reconoció públicamente que algunos ítems salariales «no habían sido actualizados en años». La propuesta oficial incluyó un aumento escalonado —extraoficialmente descrito como un 30% en tres cuotas de 10%— y mejoras en el adicional por presentismo y compensatorios.
Por otro lado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) actuó con una velocidad que contrastó con la lentitud burocrática para actualizar salarios: en pocas horas, utilizó cámaras de seguridad y registros fílmicos para identificar a manifestantes e iniciar denuncias penales por daños materiales. La familiar Cecilia Mamaní graficó la situación según Todo Jujuy: «Nos explicaron algunos ítems que antes no estaban detallados y que se pagarían de forma escalonada… el planteo superaría el salario actual, aunque no alcanzaría el monto cercano al millón cuatrocientos mil pesos.»
El comunicado oficial del Gobierno de Jujuy, citado por Ámbito, intentó separar aguas: «Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.» Y agregó: «Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que los jujeños supimos dejar atrás.»
Un conflicto que trasciende fronteras: el «efecto contagio»
El conflicto jujeño no ocurre en el vacío. Como señaló El Destape, la crisis en Jujuy se suma a reclamos similares iniciados en febrero de 2026 en provincias como Santa Fe, Río Negro y Chaco, configurando un patrón de malestar sistémico en las fuerzas de seguridad de todo el país, impulsado por la erosión salarial que produce la inflación. La pregunta que ningún gobierno provincial parece querer responder es cada vez más urgente: ¿puede un Estado garantizar la seguridad pública cuando quienes deben proveerla necesitan un segundo empleo para poder comer?
Una mesa técnica frágil: ¿papel firmado o palabras al viento?
Al cierre de esta edición, se conformó una «mesa técnica» entre el Gobierno y representantes de las fuerzas para continuar el diálogo. Sin embargo, el conflicto dista de estar resuelto. La desconfianza hacia los delegados que firmaron el acuerdo del 9 de marzo, el temor a represalias administrativas y la brecha entre lo prometido verbalmente y lo garantizado por escrito mantienen a la fuerza en estado de alerta. El Intransigente reportó que para el martes 10 de marzo a las 11:00 horas se solicitó un nuevo petitorio formal, indicativo de que la negociación real apenas comenzaba.
Jujuy se ha convertido en el espejo en el que otras provincias se miran con alarma. La «paz social» no puede ser una cáscara vacía sostenida por la judicialización de quienes reclaman. Al final del día, la pregunta más punzante sigue sin respuesta oficial: ¿puede una provincia garantizar la seguridad de su población cuando quienes deben protegerla necesitan hacer «changas» para sobrevivir?
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