Comunidades originarias de Jujuy y Salta rechazan la asistencia del Banco Mundial en Salinas Grandes

Comunidades originarias de Jujuy y Salta rechazan la asistencia del Banco Mundial en estudios sobre el humedal de Salinas Grandes, exigiendo consulta.

En julio de 2023, el Banco Mundial aceptó el pedido de asistencia realizado por los gobiernos de Salta y Jujuy para llevar a cabo un estudio en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Sin embargo, la decisión de avanzar con este proyecto ha generado un fuerte rechazo entre las comunidades originarias de la región, que acusan a los gobiernos provinciales de no haber consultado adecuadamente a los pueblos indígenas sobre la gestión de sus recursos.

Reunión entre el gobernador y el Banco Mundial

El martes pasado, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó una reunión con miembros de su gabinete y técnicos del Banco Mundial. Durante el encuentro, el titular de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Iván Lello Ivacevich, destacó que la empresa ha estado trabajando con el organismo de crédito en proyectos que son de interés para el desarrollo de la minería en Jujuy, especialmente en el mapeo de recursos.

Reacción de las comunidades originarias

La afirmación de Ivacevich no pasó desapercibida para las comunidades originarias jujeñas, que ya se habían manifestado en contra de la presencia del Banco Mundial en el humedal. Durante la quinta Cumbre del Agua de los Pueblos de Abya Yala, que se llevó a cabo en El Moreno (Jujuy) entre el 6 y el 8 de septiembre, las comunidades rechazaron la participación del organismo en un relevamiento destinado a estudiar la situación ambiental, social y cultural de la cuenca.

Clemente Flores, presidente de la comunidad originaria de El Angosto del Moreno, expresó: “Rechazamos la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial para el estudio. Se elaboró un documento y vamos a adjuntarlo al expediente del amparo ambiental que tramita la Corte”. Flores enfatizó que el plan de los gobiernos no se alinea con lo que las comunidades han solicitado.

Contexto del amparo ambiental

Las comunidades originarias habían solicitado un estudio hidrológico en 2019, el cual aún se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este amparo busca determinar quién debería realizar el estudio sobre la disponibilidad de agua en el humedal, considerando la situación ambiental, social, cultural y biológica de la cuenca.

Verónica Chávez, de la comunidad indígena Santuario de Tres Pozos, también se pronunció en la cumbre, recordando que llevan 14 años luchando por el agua y que deben permanecer unidos para proteger su territorio. “Nosotros tenemos derecho a un ambiente sano y por eso llevamos adelante la lucha por el agua”, afirmó.

Protocolo de consulta previa

Chávez recordó que en 2015, las comunidades redactaron un protocolo para la consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado argentino en 1992. “Al Kachi Yupi lo armamos para que nos consulten, pero no las empresas, no nos equivoquemos hermanos”, aseveró, subrayando que la consulta debe ser realizada por los gobiernos y no por las empresas.

El Banco Mundial y el acuerdo interprovincial

Desde la Oficina de Asuntos Externos del Banco Mundial en Argentina, se confirmó que las provincias de Salta y Jujuy solicitaron apoyo técnico al organismo internacional. Este apoyo consiste en la “sistematización de los datos existentes” para colaborar con las provincias en el ordenamiento de la información disponible sobre la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Yanina Budkin, representante del Banco, aclaró que la participación en el estudio hidrológico se encuentra en una etapa preliminar y que, en caso de avanzar con apoyo adicional, se aplicarían “estándares del Marco Ambiental y Social del Banco, incluyendo el estándar sobre Pueblos Indígenas”.

Acuerdo interprovincial para la Gestión Integral de la Cuenca

Mientras el amparo se resuelve en la Corte Suprema, los gobiernos de Salta y Jujuy firmaron el 4 de octubre de 2023 el “Acuerdo Interprovincial para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes”. Este convenio establece la creación de una comisión para gestionar la cuenca hídrica en la Puna, encargándose de relevar la información necesaria para la línea de base ambiental.

El acuerdo fue ratificado en las legislaturas provinciales, finalizando el proceso en Salta el 14 de mayo y en Jujuy el 28 de agosto. La Fiscalía de Estado de Salta informó a la Corte Suprema sobre el trámite ante el Banco Mundial el 20 de agosto.

Falta de información entre comunidades

A pesar de la firma del acuerdo, los testimonios de referentes de comunidades originarias salteñas indican que la información sobre los términos del acuerdo interprovincial no ha circulado de manera clara. Esto incluye a instituciones universitarias de Salta y Jujuy que realizan estudios en la cuenca, aunque con fondos otorgados por la Nación durante la gestión de Alberto Fernández.

Proyecto RIESAS y su Relación con el Banco Mundial

Durante una reunión entre funcionarios de minería y recursos hídricos de Salta y Jujuy el 29 de julio, se mencionó el proyecto RIESAS, que estudia el cauce del río San Antonio de Los Cobres como una posible fuente de datos para el estudio de la línea de base. Sin embargo, Raúl Becchio, coordinador de la Red Interdisciplinaria para la Explotación Sostenible de los Salares del NOA, aclaró que este proyecto fue financiado por la Nación y no tiene relación con el Banco Mundial.

Becchio destacó que RIESAS no tiene como objetivo realizar un estudio en profundidad, lo que contrasta con el objetivo de la Comisión Interprovincial para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes. “Nuestro trabajo será ambiental, no biológico, ni cultural, ni social“, remarcó.

Críticas de las comunidades aborigenes

Los referentes de las comunidades originarias salteñas también expresaron su sorpresa y críticas respecto a la falta de información. Reina Ferril, presidenta de la comunidad Kollas del Desierto, aseguró que la información proporcionada por RIESAS fue confusa y que no les quedó claro el propósito del estudio. Ferril indicó que su comunidad no estaba al tanto del pedido realizado por la provincia de Salta al Banco Mundial.

Por su parte, Liborio Flores, de la Red Atacama La Poma Norte, comentó que su comunidad no tiene conocimiento de la presencia del Banco Mundial en la cuenca. “Nos dijeron que a ese estudio había que hacerlo sí o sí porque lo ordenó la Corte Suprema”, afirmó, añadiendo que el documento que recibieron fue analizado en una asamblea con miembros de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Conclusiones y futuro del Proyecto

La situación en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc refleja un conflicto entre los intereses de los gobiernos provinciales y las demandas de las comunidades originarias. A medida que avanza el proceso judicial en la Corte Suprema, las comunidades continúan exigiendo ser consultadas y tener voz en la gestión de sus recursos naturales.

El rechazo a la asistencia del Banco Mundial y la falta de información sobre el acuerdo interprovincial subrayan la necesidad de un diálogo más inclusivo y transparente entre los gobiernos y las comunidades. La lucha por el agua y el derecho a un ambiente sano sigue siendo una prioridad para las comunidades originarias, que insisten en que sus derechos deben ser respetados en cualquier proyecto que afecte su territorio.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se resuelve el amparo en la Corte Suprema y qué pasos seguirán los gobiernos de Salta y Jujuy en su relación con las comunidades originarias y el Banco Mundial. La gestión de los recursos hídricos en la región no solo es un tema de desarrollo económico, sino también de justicia social y ambiental. (Con información de Página 12)