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Operativo en la Puna jujeña desmantela red de extracción ilegal de oro

Descubren un clan familiar que realizaba extracción ilegal de oro en la Puna jujeña. Detenidos, maquinaria incautada y posible conexión internacional.

En un operativo sin precedentes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy desbarató una organización dedicada a la extracción ilegal de oro en la Puna jujeña.

El despliegue incluyó 12 allanamientos simultáneos en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa y Orosmayo, culminando con la detención de siete personas y el secuestro de maquinaria pesada, vehículos de alta gama y documentos clave. Además, se investiga un posible lavado de activos y conexiones con redes internacionales.

La investigación: una tarea de dos años

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El caso comenzó hace más de dos años tras denuncias anónimas que alertaban sobre actividades sospechosas en la zona. Según detalló Alberto Mendivil, fiscal de Investigación Penal Preparatoria de La Quiaca, “el grupo pasó de realizar extracción artesanal de oro a operar a nivel industrial, utilizando maquinaria pesada y tecnología avanzada”. Los sospechosos fueron acusados de asociación ilícita, robo, desobediencia judicial y desvío de agua, además de causar un posible daño ambiental en una región protegida.

Los detalles del operativo

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El despliegue policial contó con la participación de 180 efectivos de diferentes unidades, incluyendo el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) y la Agencia Provincial de Delitos Complejos. Con la autorización del juez de Control Penal, Rodolfo Miguel Fernández, los allanamientos se llevaron a cabo en viviendas y un sofisticado campamento ubicado a más de 4.000 metros de altura. “Era un campamento equipado con edificaciones, garajes para camionetas, grupos electrógenos y conexión a internet”, señaló Mendivil.

 

Entre los bienes incautados se encuentran:

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  • 12 vehículos, incluyendo camionetas de alta gama.
  • Maquinaria pesada como topadoras y orugas.
  • Detectores de metales y grupos electrógenos.
  • Documentos que podrían revelar conexiones con redes nacionales o internacionales.

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El campamento, además, contaba con zonas habilitadas para la preparación de alimentos y dormitorios, lo que demuestra un alto nivel de organización y permanencia prolongada en el sitio. Las condiciones extremas de la Puna no parecían ser un impedimento para las operaciones de esta organización, que logró instalarse en una región tan inhóspita.

Impacto en los recursos naturales

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La región de la Puna jujeña es conocida por su riqueza mineral. Sin embargo, la explotación ilegal afecta tanto al medio ambiente como a los derechos de propiedad. Según el fiscal Gonzalo Puig, “estas actividades atentan contra el código minero y la concesión otorgada por el Estado a empresas autorizadas”. Además, se investiga si el grupo desviaba agua de un arroyo local, un recurso vital en esta región desértica.

El fiscal también advirtió sobre el posible impacto ambiental a largo plazo: “El uso de maquinaria pesada en un ecosistema tan delicado puede generar daños irreparables. Además, el desvío de recursos hídricos afecta no solo a las comunidades locales, sino también a la flora y fauna de la región”.

Conexiones internacionales bajo la lupa

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Una de las líneas de investigación más preocupantes es la posible vinculación del clan con redes de tráfico internacional de minerales. Mendivil indicó que los detenidos contaban con maquinaria y vehículos adquiridos de una misma empresa, lo que podría implicar la participación de un financista externo.

“No descartamos que esta organización forme parte de una estructura más amplia con alcance internacional”, afirmó Puig. Asimismo, los investigadores analizan los movimientos financieros relacionados con los bienes incautados, cuyo valor asciende a 60 millones de pesos.

Según fuentes del caso, las transacciones bancarias de los detenidos muestran patrones sospechosos que podrían estar relacionados con el lavado de activos. Esto incluye transferencias a cuentas en el extranjero y compras de bienes de lujo que no corresponden a los ingresos declarados por los implicados.

Testimonios clave y pruebas contundentes

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Durante el operativo, varios testigos locales confirmaron haber visto movimientos inusuales en la zona, incluyendo el transporte frecuente de materiales y maquinaria. “Era evidente que algo grande estaba ocurriendo allí. Había muchas camionetas entrando y saliendo cada fin de semana”, declaró un vecino de Orosmayo.

Los inspectores mineros también fueron clave en la investigación, a pesar de enfrentar amenazas y actos violentos. Uno de ellos relató: “Cuando intentamos inspeccionar la zona, nos enfrentamos a hombres armados que nos impidieron el acceso. Esto confirmó nuestras sospechas de que algo ilegal estaba ocurriendo”.

Próximos pasos legales

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Los detenidos permanecen bajo custodia en la comisaría 16 de Abra Pampa, mientras se prepara el pedido de prisión preventiva. El MPA busca consolidar las pruebas para avanzar en la elevación a juicio de la causa. Además, se esperan nuevos allanamientos y posibles detenciones relacionadas con la red.

Los fiscales también han solicitado la colaboración de organismos internacionales para rastrear posibles conexiones con redes de tráfico de oro y financistas. “Es crucial identificar a todos los involucrados para desmantelar por completo esta organización”, destacó Mendivil.

Un caso que expone la vulnerabilidad de la Puna

Este operativo pone en evidencia la fragilidad de los recursos naturales en zonas remotas y la necesidad de mayor vigilancia. “Es vital proteger la Puna, no solo por su riqueza mineral, sino también por su valor ambiental y cultural”, concluyó Mendivil. La colaboración entre las fuerzas policiales, la justicia y la comunidad ha sido clave para este avance, aunque el camino hacia la justicia plena aún está en curso.

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Los expertos también han instado al gobierno provincial a reforzar la supervisión de las actividades mineras y a implementar medidas que garanticen la sostenibilidad de los recursos naturales. “La explotación minera es una actividad vital para la economía, pero debe realizarse de manera responsable y bajo estrictos controles”, subrayó un representante de la Secretaría de Minería.

Este caso representa una oportunidad para reflexionar sobre las políticas de control y la importancia de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras.

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