Más de cien intendentes de todo el país, incluyendo al jefe comunal de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, impulsan en el Congreso Nacional un proyecto de ley para que los municipios dejen de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La iniciativa, que cuenta con apoyo de distintas fuerzas políticas, busca aliviar las finanzas municipales en un contexto de creciente presión económica y reducción de fondos nacionales.
El reclamo surge ante una situación crítica: el IVA afecta hasta en un 40% el presupuesto de los gobiernos locales, según estimaciones de los propios jefes comunales. Esto ocurre porque los municipios son tratados como «consumidores finales» y no pueden recuperar el impuesto que pagan en sus compras, a diferencia de las empresas privadas que lo compensan como crédito fiscal.
«Los municipios son el hilo más delgado del sistema federal», afirmó Raúl Jorge, intendente de la capital jujeña, quien describió el impacto de esta medida como mínimo para el presupuesto nacional —«una hormiga al lado de un elefante»—, pero de un valor incalculable para las finanzas de las ciudades.
El problema del IVA en los gobiernos locales
El Impuesto al Valor Agregado es un tributo nacional que se aplica sobre la mayoría de los bienes y servicios. Cada vez que un municipio compra insumos, contrata una obra pública, adquiere equipamiento o servicios esenciales, paga el IVA incluido en la factura como cualquier otro contribuyente. Sin embargo, a diferencia de una empresa, no puede descontar ese monto ni recuperarlo.
Esta dinámica convierte al impuesto en un gasto neto que reduce la capacidad de inversión y operación de los gobiernos locales. El diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro calificó la situación como una «transferencia injusta de fondos desde lo local hacia el Estado nacional», en referencia a cómo el dinero que debería destinarse a las comunidades termina en las arcas del gobierno central.
El problema se agrava en el contexto actual de eliminación de subsidios nacionales al transporte público y drástica reducción de la obra pública financiada por el Estado central, lo que deja a los municipios como la única red de contención para las necesidades de los vecinos.
Dos propuestas legislativas en debate
En el Congreso se analizan principalmente dos caminos para resolver esta distorsión fiscal, cada uno con características y alcances diferentes.
Propuesta de Exención Total
Impulsada por el colectivo de más de 100 intendentes y articulada legislativamente por el diputado Martín Aveiro, esta iniciativa propone modificar la ley del IVA para eximir directamente a los municipios del pago del impuesto. La exención se aplicaría a la adquisición de bienes, equipamiento, servicios esenciales, obras públicas, mantenimiento e indumentaria para trabajadores municipales.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores de más de 15 provincias, lo que demuestra un amplio consenso político y territorial. Según sus impulsores, esta medida liberaría recursos que podrían destinarse directamente a obras públicas, renovación de equipamiento y mejora de servicios, creando un «verdadero círculo virtuoso en beneficio de los vecinos».
Propuesta de Fondo de Reintegro
Presentada por el diputado radical Víctor Hugo Romero, esta alternativa ofrece un enfoque más gradual. Propone la creación del «Fondo Municipal de Reintegro del IVA«, financiado con recursos del Tesoro Nacional. Los municipios seguirían pagando el impuesto en sus compras, pero luego recibirían un reintegro parcial de ese monto a través de transferencias automáticas del Banco de la Nación Argentina.
Un aspecto distintivo de esta propuesta es que prohíbe expresamente el uso de estos fondos para gastos corrientes, debiendo destinarse exclusivamente a obras de infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda o vial. Además, establece una escala de reintegro progresiva diseñada para beneficiar en mayor medida a los municipios con menor capacidad de recaudación propia:
- Hasta 19.999 habitantes: reintegro del 50%
- Entre 20.000 y 49.999 habitantes: reintegro del 40%
- Entre 50.000 y 299.999 habitantes: reintegro del 30%
- Más de 300.000 habitantes: reintegro del 20%
Según Romero, el principal valor de este modelo es que «deja de lado los criterios políticos» en el reparto de fondos, asegurando una distribución equitativa que no dependa del «gobierno de turno».
Diferencias clave entre ambas propuestas
Las dos iniciativas difieren en aspectos fundamentales. Mientras la exención total ofrece un beneficio directo e inmediato que mejora el flujo de caja municipal al evitar el desembolso inicial, el fondo de reintegro funciona como un mecanismo post-compra con carga administrativa asociada.
En cuanto al uso de los recursos, la exención permite a los municipios destinar los fondos liberados tanto a obras como al funcionamiento general y sostenimiento de servicios esenciales. El fondo de reintegro, en cambio, restringe explícitamente el uso a infraestructura, impidiendo su aplicación a gastos corrientes.
El criterio de equidad también varía: la exención aplica de manera universal para todos los municipios, mientras que el reintegro introduce un sistema progresivo que beneficia proporcionalmente más a las localidades pequeñas con menor capacidad recaudatoria.
Autonomía Municipal y Federalismo
Más allá del alivio financiero inmediato, ambas propuestas buscan fortalecer la autonomía municipal, un mandato consagrado en el Artículo 123 de la Constitución Nacional. Los datos revelan la dependencia de los gobiernos locales: en promedio, solo el 40% de sus recursos son de recaudación propia, mientras que las provincias reparten a sus municipios apenas el 14% de los fondos que reciben por Coparticipación Federal.
El diputado Romero explicó que su propuesta busca establecer una distribución reglada por ley para que el reparto de fondos no dependa de criterios políticos. Al crear un mecanismo automático con criterios objetivos, el modelo de reintegro aborda directamente el problema de la discrecionalidad, dotando de previsibilidad y equidad a la transferencia de recursos.
Estado del trámite legislativo
El proyecto impulsado por los intendentes será presentado próximamente ante las comisiones de Asuntos Municipales y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Este paso formalizará una demanda que cuenta con amplio consenso político, como lo demuestra la participación activa de alrededor de 100 jefes comunales de todo el país.
Paralelamente, el proyecto del diputado Romero ya se encuentra en análisis en la Comisión de Asuntos Municipales y ha sido objeto de consultas técnicas con la AFIP. Su trámite legislativo deberá continuar luego en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La existencia de múltiples proyectos paralelos evidencia el impulso político del tema, aunque también plantea la necesidad de una negociación legislativa para unificar criterios y evitar la dispersión de esfuerzos, un paso crucial para garantizar la viabilidad de la reforma.
Beneficios esperados para los ciudadanos
Ambas propuestas buscan transformar un gasto fiscal en una inversión directa en la comunidad. Los principales beneficios esperados incluyen un significativo aumento en la inversión en obras públicas, que se traduciría en más asfalto, mejores centros de salud, renovación de espacios públicos y mejora de la infraestructura sanitaria, educativa y vial.
La medida también fortalecería la autonomía financiera de los municipios, permitiéndoles gestionar sus recursos de manera más previsible y eficiente sin depender tanto de transferencias discrecionales del gobierno nacional o provincial.
En el caso de la exención total, los municipios tendrían mayor flexibilidad para sostener servicios esenciales y renovar equipamiento crítico, como maquinaria vial o vehículos de recolección de residuos, algo especialmente relevante en el contexto actual de falta de apoyo nacional.
Contexto Provincial y Nacional
La participación de Raúl Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy, en el impulso de esta iniciativa coloca a la capital jujeña en el centro del debate nacional sobre el federalismo fiscal. El reclamo cobra particular relevancia en Jujuy, donde los municipios enfrentan las mismas presiones que el resto del país, agravadas por las características geográficas y económicas de la provincia.
El pedido de exención del IVA no es un simple reclamo de reducción de impuestos, sino una demanda estructural para fortalecer a los gobiernos más cercanos a la gente, aquellos que están en «la primera línea de respuesta frente a los vecinos», según destacan los propios jefes comunales.
Las autonomías municipales en juego
La discusión sobre la exención del IVA para municipios representa uno de los debates más importantes sobre federalismo y finanzas públicas en la agenda legislativa actual. Con el respaldo de más de 100 intendentes de diferentes partidos políticos y proyectos en análisis en el Congreso, la reforma podría materializarse en los próximos meses.
El resultado de este debate no solo determinará el futuro financiero de cientos de ciudades argentinas, sino que también definirá el grado de autonomía real que el sistema federal está dispuesto a otorgar al nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos. Para San Salvador de Jujuy y el resto de los municipios del país, la aprobación de cualquiera de estas iniciativas significaría un cambio sustancial en su capacidad de gestión y respuesta a las necesidades de sus comunidades.
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