En la madrugada del jueves 9 de abril de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Luego de más de once horas de debate, el resultado fue 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, cuestionamientos ambientales y una multitud en las inmediaciones del Congreso. Jujuy no fue espectadora de este hecho histórico: cuatro de sus diputados nacionales votaron a favor de la reforma, y el gobernador Carlos Sadir había llegado horas antes a la Casa Rosada para negociar recursos con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Los cuatro votos jujeños que hicieron historia
Los diputados nacionales por Jujuy Jorge Rizzotti, Manuel Quintar, Bárbara Andreussi y Alfredo González votaron a favor de la reforma. En la vereda opuesta, mantuvieron una postura crítica y votaron en contra los legisladores jujeños Guillermo Snopek (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), según confirmó el portal Que Pasa Jujuy.
El rol de Rizzotti fue especialmente determinante: el legislador acompañó la apertura de la sesión junto a otros referentes de bloques provinciales, siendo su presencia vital para alcanzar el quórum que permitió iniciar el debate. Sin quórum, la sesión no hubiera podido comenzar.
El Gobierno indicó que la ampliación de atribuciones provinciales respondía a los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan—. Jujuy, con sus 255 espacios glaciares reconocidos y sus enormes reservas de litio, se convierte así en una de las jurisdicciones con mayor impacto directo frente a este nuevo marco regulatorio.
Qué cambia la nueva ley: menos protección científica, más poder provincial
La reforma establece que solo las formaciones que cumplan una función hídrica relevante contarán con amparo legal, excluyendo al ambiente periglacial de aquellas formaciones que actúan como reservas estratégicas de agua.
El cambio estructural más profundo es el desplazamiento del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) de su rol central. El Inventario Nacional de Glaciares pierde carácter vinculante y el control pasa principalmente a las autoridades provinciales. Las evaluaciones de impacto ambiental quedan bajo control de cada jurisdicción, aunque se exige que los estudios técnicos determinen si una zona cumple o no con los servicios hídricos previstos.
En términos prácticos, esto significa que Jujuy tendrá potestad para definir qué zonas de su territorio periglacial pueden ser abiertas a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, actividades que bajo la ley original de 2010 estaban prohibidas en esas áreas.
La advertencia científica: siete millones de personas en riesgo
No todos los actores celebraron la sanción. Desde la oposición científica y política, las advertencias fueron contundentes. La diputada y doctora en Física Adriana Serquis utilizó una maqueta para intentar explicar a sus colegas la importancia del ambiente periglacial, denunciando que la reforma ignora deliberadamente los datos científicos para favorecer una zonificación política que pone en riesgo las fuentes de agua dulce de la cordillera, cuyas cuencas proveen de agua a siete millones de personas.
«Equivocarnos acá afecta el futuro y a millones de habitantes», advirtió el diputado Martín Lousteau, según recogió Todo Jujuy. Por su parte, el ex ministro Nicolás Trotta fue directo: «No se van a generar más inversiones poniendo en riesgo nuestro ambiente».
El diputado kirchnerista Juan Grabois fue el más contundente en el recinto: «Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa», señaló, según consignó Infobae.
Sadir, Santilli y los fondos: el trasfondo de la negociación
La jornada legislativa no puede leerse sin su contexto político inmediato. El mismo 8 de abril, el gobernador Sadir se reunió con el ministro Santilli en la Casa Rosada. El encuentro, enmarcado en la estrategia del Gobierno nacional de negociar legislación clave en reuniones individuales con mandatarios provinciales, combinó la agenda de reformas nacionales con las urgencias económicas de la provincia.
Sadir fue claro sobre la situación de Jujuy: «Jujuy necesita decisiones urgentes. Por eso, a través del diálogo, buscamos dar soluciones que atiendan las necesidades de la gente», declaró el gobernador tras el encuentro.
Entre esas urgencias, el mandatario jujeño planteó la caída sostenida de la coparticipación, la pérdida de empleo privado, y el deterioro crítico de la Ruta Nacional 34, calificada como en «estado de destrucción». Desde noviembre de 2025, la provincia reclama sin éxito Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y fondos para infraestructura sanitaria y habitacional.
El trasfondo financiero de la negociación genera interrogantes que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ya documentó. Según el economista Matías Cena Trebucq, los ATN se utilizan para «negociar votos en el Congreso» ante la asfixia fiscal de las arcas provinciales: entre febrero y marzo de 2026, Jujuy recibió 5.000 millones de pesos en ese concepto, un hecho que el propio gobernador Sadir no ha reconocido públicamente. El dato resulta llamativo en comparación con el discurso oficial de emergencia financiera que el mandatario lleva a cada reunión en Buenos Aires.
El proyecto contó con el empuje de gobernadores de la Mesa del Litio y del Cobre —Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan— que buscan destrabar inversiones en zonas periglaciares.
La participación ciudadana que no fue
El proceso legislativo también quedó marcado por la controversia sobre las audiencias públicas. A pesar de que la convocatoria atrajo a más de 100.000 inscriptos para hacer oír su voz, el oficialismo limitó las jornadas a apenas dos días, permitiendo participar a menos del 1% de los anotados. La diputada Natalia Morales calificó el proceso como una «falsa audiencia» donde se silenciaron miles de voces para acelerar un trámite que, según la oposición, ya estaba acordado de antemano en los despachos de la Casa Rosada.
Fuera del recinto, activistas de Greenpeace colgaron una pancarta en el Congreso exigiendo a los diputados que no aprobaran la reforma de la Ley de Glaciares. Las protestas se extendieron por todo el país y los alrededores del Congreso fueron escenario de tensión durante toda la jornada.
Qué sigue: inversiones, agua y un futuro incierto para Jujuy
Con la aprobación, el Gobierno completó el paquete de reformas prioritarias que había impulsado durante el período de sesiones extraordinarias de febrero, siendo esta modificación la única iniciativa que había quedado pendiente de sanción definitiva.
Para Jujuy, la ecuación es compleja. La nueva ley abre la puerta a inversiones mineras estimadas en torno a los 20.000 millones de pesos en proyectos que apuntan al litio y al cobre. Pero la pregunta que late detrás de cada glaciar jujeño sigue sin respuesta definitiva: ¿puede el desarrollo minero garantizarse sin comprometer la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de esas reservas de agua dulce?
La reforma de la Ley de Glaciares ya es historia legislativa. Sus consecuencias reales para el territorio, el agua y el futuro productivo de Jujuy recién empiezan a escribirse.
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