La Legislatura de Jujuy sancionó el 9 de diciembre de 2025 la Ley N° 6.490 que aprueba el Presupuesto General para el ejercicio 2026, estableciendo un monto total de $2,6 billones. La aprobación, lograda con 32 votos positivos de los bloques de la UCR, Partido Justicialista y Primero Jujuy, se produjo en una sesión extraordinaria que generó intensos debates sobre la distribución de recursos, la dependencia de fondos nacionales y la autorización para tomar nueva deuda por US$380 millones.
El instrumento financiero proyecta ingresos por $2.656 billones y egresos por $2.284 billones, arrojando un superávit estimado de $372 mil millones. Sin embargo, este saldo positivo se convirtió en el centro de las críticas opositoras, que cuestionaron por qué no se utiliza para mejorar los salarios públicos, reconocidos como «muy bajos» por el propio gobierno provincial.
Un presupuesto con crecimiento del 31% pero con tensiones políticas
El presupuesto 2026 representa un crecimiento interanual de entre 31% y 34% comparado con el ejercicio 2025, según documentos analizados por diversos medios locales. El diputado Guido Luna, miembro informante del oficialismo, defendió el proyecto como un «presupuesto equilibrado» que garantiza el cumplimiento de obligaciones como el pago de salarios, que representa el 90% de los fondos de coparticipación federal.
Luna destacó la fuerte inversión en obra pública, con una partida de $304.560 millones, un 51% más que el año anterior. Entre las obras mencionadas figuran la finalización de la Ruta Nacional 66 y la construcción de 1.100 viviendas.
No obstante, la oposición presentó objeciones sustanciales. El diputado justicialista Rubén Rivarola, aunque acompañó la votación argumentando que «el gobernador necesita el presupuesto y los jujeños lo necesitan», calificó de «muy poco» el aumento del 10% para Salud y la inversión del 5,7% para Seguridad frente a la crisis sanitaria y el aumento de la inseguridad en la provincia.
La paradoja del superávit: dinero en caja pero salarios bajos
Uno de los puntos más polémicos del debate fue la denuncia del Frente de Izquierda sobre la gestión del superávit acumulado. El diputado Gastón Remy criticó que, a pesar de que el gobierno reconoce que los salarios públicos son bajos, no se destina el rendimiento financiero del superávit para mejorarlos.
Según datos expuestos por Remy durante la sesión legislativa, la provincia cuenta con un superávit acumulado superior a los $500.000 millones, colocado en instrumentos financieros que generan rendimientos de aproximadamente $15.000 millones mensuales, más de la mitad de toda la recaudación impositiva provincial.
Durante el debate, Remy cuestionó directamente al Ministro de Hacienda sin obtener una explicación clara: «cuando le dijimos al ministro usted tiene esta posibilidad de mejorar los sueldos con este rendimiento financiero ¿por qué no se lo puede aplicar bueno ahí la negativa es rotunda a no responder este y por otro lado otro ministro salá decir que los sueldos efectivamente son bajos ahora si hay una posibilidad de solución ¿por qué no se la piensa porque tampoco es que se dice qué se va a hacer con ese rendimiento financiero».
El Frente de Izquierda votó en contra del presupuesto, calificándolo como un «plan de ajuste» que consolida salarios bajos a pesar de la aparente bonanza fiscal.
Distribución del gasto: prioridades del gobierno de Sadir
El presupuesto 2026 distribuye los recursos en diferentes áreas de la administración pública provincial. La mayor partida corresponde a Administración General con $983.911 millones, seguida por Cultura y Educación con $621.952 millones y Salud con $370.108 millones.
El área de Seguridad recibirá $271.223 millones, mientras que el Desarrollo de la Economía contará con $199.293 millones. Para Bienestar Social se destinan $151.504 millones y para el pago de Deuda Pública, $44.655 millones.
La diputada del FIT Natalia Morales denunció que el presupuesto carece de «perspectiva de género y ambiental», siendo acorde a la «política negacionista de Milei», con recortes en programas de prevención de violencia de género y fondos insignificantes para la protección de bosques nativos y el manejo del fuego.
Dependencia del 81% de fondos nacionales: una vulnerabilidad estructural
Un aspecto crítico señalado por la oposición es la alta dependencia de los recursos que envía el gobierno nacional. Según datos expuestos durante el debate, el 81% de los recursos del presupuesto proviene de la Nación, mientras que solo el 19%-20% corresponde a recaudación provincial.
Esta cifra evidencia, según Remy, «el fracaso del cambio de la matriz productiva» y deja en claro la vulnerabilidad estructural de la economía jujeña, que es inviable sin el apoyo federal.
Nueva deuda de US$380 millones: pidiendo prestado con superávit
Paralelamente al presupuesto, la Legislatura aprobó con los dos tercios necesarios una Ley de Endeudamiento que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar nueva deuda por hasta 380 millones de dólares (250 millones en un artículo y 130 millones en otro). Esto se suma al stock de deuda actual de 507 millones de dólares.
El oficialismo justificó la medida argumentando que los fondos son necesarios para financiar obras públicas que la Nación dejó de costear, como la construcción de 1.100 viviendas y la conclusión de la Ruta Nacional 66. El diputado Guido Luna señaló que la deuda solo se tomará «si es estrictamente necesaria» y que podría ser pagada con los ingresos generados por la planta solar de Cauchari.
Sin embargo, el FIT denunció que la deuda para viviendas no tiene un verdadero fin social, sino que financiará proyectos bajo el esquema UBI/UVA, beneficiando a empresas constructoras y siendo inaccesible para la mayoría de los trabajadores que no cobran salarios dolarizados.
Ley de Estímulos Fiscales: beneficios para nuevos contribuyentes de Jujuy
Junto al presupuesto, se aprobó la Ley 6491 de Estímulos Fiscales, cuyo objetivo declarado es fortalecer la economía provincial mediante incentivos para nuevos contribuyentes. La medida más destacada es ofrecer hasta 12 meses sin pagar impuestos a las nuevas inscripciones, buscando así formalizar la economía y atraer capital.
No obstante, esta iniciativa fue duramente criticada por el diputado Rubén Rivarola, quien la calificó de «injusta y desigual». El legislador argumentó que mientras se exige a los contribuyentes locales -muchos de ellos PyMEs y comercios que pagan sus impuestos «religiosamente»- seguir cumpliendo con sus obligaciones, se otorgan beneficios significativos a los recién llegados, que a menudo son capitales «de afuera». Esta situación se agrava, según Rivarola, por el hecho de que muchas empresas locales enfrentan embargos de Rentas y ARCA.
Empresas públicas sin transparencia: el caso GEMSE
Otro punto denunciado durante el debate fue la falta de inclusión de las empresas públicas provinciales en la ley de presupuesto. Los diputados Martín Fellner y Gastón Remy señalaron que los estados financieros, planes de inversión, deudas o ganancias de estas compañías no son sometidos al escrutinio legislativo como el resto de las áreas del Estado.
El problema se agudiza porque, si bien el presupuesto no las incluye para la rendición de cuentas, sí habilita al Poder Ejecutivo a transferirles fondos. Esta dinámica fue resumida en una frase durante la sesión: «están para poder transferirle, pero no están para decir qué está pasando con las empresas públicas».
Para los ciudadanos, esto representa un vacío de transparencia. Empresas clave como JEMSE, vinculada a la explotación del litio, operan sin que se sepa públicamente si son deficitarias o si están generando las ganancias esperadas de un recurso estratégico.
Ley Impositiva 2026 y modificaciones fiscales
Las Leyes N° 6492 y 6493 actualizan la Ley Impositiva y el Código Fiscal para el próximo año. Entre los puntos destacados se encuentran:
- Impuesto Inmobiliario: Se actualizan las valuaciones fiscales en un 15%, pero se limita el incremento del impuesto a pagar a un máximo del 14%.
- Ingresos Brutos: Se reducen alícuotas para sectores estratégicos como el comercio mayorista y minorista de alimentos.
- Impuesto de Sellos: Se exime del impuesto a los contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda.
- Beneficios por Pago Digital: Se incrementan las bonificaciones por pago anual anticipado (15%), buen cumplimiento (10%) y uso de medios digitales (5%).
Actualización de la Grilla de Calificación Docente: consenso tras años de conflicto
La Ley N° 6494 actualiza la Grilla de Calificación Docente, modificando la Ley N° 6298 que había sido aprobada en 2022 tras un proceso conflictivo. Esta nueva versión fue el resultado de un extenso trabajo participativo de más de un año, con 31 mesas plenarias entre el Ministerio de Educación, la Junta de Calificación y los gremios docentes (SEDEMS, ADEP, AMED, UDA).
La norma actualiza los criterios de valoración de títulos y antecedentes, incrementa el puntaje por título de base y redefine categorías para adaptarse a los nuevos escenarios del ejercicio docente.
Reformas judiciales y otras normas aprobadas
La sesión extraordinaria también aprobó reformas en el ámbito judicial. La Ley N° 6495 reforma el Código Procesal Penal, impulsada por la Suprema Corte de Justicia, buscando otorgar mayor celeridad al proceso penal y adecuarlo al sistema acusatorio.
La Ley N° 6496 establece un nuevo Régimen de Custodia de Bienes Secuestrados, transfiriendo la competencia sobre la disposición y subasta de bienes secuestrados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al Poder Judicial.
Otras normas relevantes incluyen la Ley N° 6497, que establece un nuevo régimen de colegiación para Arquitectos y Urbanistas, y la Ley N° 6498, que modifica el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, endureciendo las condiciones (se ingresa al registro con 2 cuotas adeudadas) e impidiendo su acceso a eventos masivos y salas de juego.
Finalmente, la Ley N° 6499 reglamenta la Universidad Provincial para el Trabajo, creada en 2022.
Estrategia política: aprobación antes del recambio legislativo
La aprobación del presupuesto 2026 se produjo estratégicamente antes del recambio en la composición de la cámara, aprovechando la mayoría del oficialismo. Esta decisión generó críticas sobre la urgencia de las sesiones extraordinarias, postergadas la semana anterior y finalmente concretadas en una maratónica jornada legislativa.
El gobierno de Carlos Sadir defendió el instrumento como una herramienta que otorga previsibilidad a los actores económicos y garantiza la gobernabilidad, mientras que la oposición, aunque con matices, presentó objeciones sobre la equidad en la distribución de recursos, la falta de inversión social y la opacidad en la gestión de las empresas públicas.
El presupuesto aprobado define el marco financiero para la administración pública provincial durante 2026, estableciendo las prioridades del gobierno pero también evidenciando las profundas tensiones políticas que atraviesan a Jujuy en materia económica y social.
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