La dirigente social Milagro Sala protagonizó un nuevo episodio de controversia judicial al violar las condiciones de su arresto domiciliario cuando se mudó sin autorización de la justicia desde una vivienda en Villa Elvira hacia una propiedad en la exclusiva zona de Gonnet, activando la alerta de su tobillera electrónica y poniendo en riesgo inminente la continuidad de su régimen de detención fuera de un establecimiento penitenciario.
El traslado no autorizado, que se concretó antes de que la Justicia se expidiera al respecto según informó Cadena 3, generó una alerta inmediata en el sistema de monitoreo electrónico, reabriendo el expediente sobre el cumplimiento de la medida y poniendo bajo evaluación judicial su prisión domiciliaria.
La mudanza ilegal que desató el escándalo
La secuencia de los acontecimientos revela una actuación unilateral de Sala que desafió las normas judiciales. Según reportó Jujuy al Día, la mudanza se concretó antes de que la Justicia se expidiera sobre el pedido formal de su defensa para cambiar de domicilio.
Fuentes policiales consultadas por medios locales detallaron que la tobillera sonó y cuando las autoridades consultaron al abogado de Sala, este informó que «se mudó» a un lugar para el cual no tenía autorización previa. El medio Infoqom tituló directamente que Sala volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras violar las condiciones de su prisión domiciliaria.
La defensa intentó justificar el traslado argumentando una situación de «fuerza mayor» ante el vencimiento del contrato de alquiler en Villa Elvira y una intimación de desalojo por parte de los propietarios. Sin embargo, esta justificación llegó después de consumado el hecho, cuando la alerta de seguridad ya se había activado.
Desalojo y controversias en la propiedad abandonada
El conflicto habitacional que derivó en esta mudanza irregular tiene su origen en el incumplimiento de un acuerdo de desocupación firmado el 3 de noviembre de 2025, con fecha límite del 3 de diciembre. Según Border Periodismo, el propietario intimó la devolución inmediata del inmueble tras el vencimiento del plazo establecido.
Alicia Cagnani Salinas, abogada de los propietarios, confirmó que inicialmente acudió al fuero Civil y Comercial de La Plata para iniciar el proceso de desalojo por vencimiento del contrato. Sin embargo, ese fuero se declaró incompetente y derivó la cuestión a la Justicia de Ejecución Penal, entendiendo que la situación de Sala no es un simple caso locativo sino que se encuentra atravesada por una medida judicial de detención domiciliaria, según informó Border Periodismo.
Las acusaciones de los propietarios no se limitaron al incumplimiento contractual. El arquitecto Dante Fiorenza, dueño del inmueble, denunció que Sala realizó modificaciones estructurales sin permiso, amparada en una promesa de compra que nunca se concretó. Según su relato, parte del jardín fue cubierto con cemento y se amplió un galpón, alterando la arquitectura original de la propiedad. «Yo en esta casa nací», declaró Fiorenza, expresando el daño personal que representaba para él la situación.
Además, se denunció que en la vivienda convivían más de 10 personas, incluyendo dos nietos de Sala, y que se encontraron «pilas de colchones de la Tupac Amaru«, según afirmó la abogada Cagnani Salinas. La propiedad fue finalmente dejada en un «estado muy deficiente», según las denuncias de los propietarios.
El nuevo domicilio: De Villa Elvira al exclusivo Gonnet
La nueva residencia elegida por Sala se encuentra en Manuel B. Gonnet, descrita por Border Periodismo como una de las localidades más exclusivas del norte platense, donde predominan amplios chalets con piletas, parques arbolados y viviendas de alto poder adquisitivas.
La elección del nuevo domicilio, según la defensa, respondió a su cercanía con el Hospital San Roque de Gonnet, donde Sala recibe tratamiento médico. Sin embargo, el cambio de una zona popular como Villa Elvira a una de las áreas más valoradas de La Plata generó suspicacias sobre las verdaderas motivaciones del traslado.
Finalmente, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 a cargo del juez Juan José Ruiz convalidó el traslado, permitiendo que la dirigente pasara las fiestas de fin de año en la nueva residencia y regularizando una situación que había escalado peligrosamente.
Riesgo real de revocación del arresto domiciliario
El episodio de la mudanza no autorizada pone en evidencia la fragilidad de la situación procesal de Sala. El Intransigente reportó que la Justicia analiza si incurrió en un incumplimiento de las condiciones del beneficio tras el cambio de domicilio sin autorización previa.
La falta de un domicilio fijo y válido se ha convertido en la principal amenaza para el beneficio procesal de Sala. Fuentes del caso citadas por medios locales aseguraron que «nadie quiere alquilarle una vivienda a Sala», lo que crea una paradoja jurídica: sin casa, no puede haber arresto domiciliario, y sin arresto domiciliario, debería regresar a un establecimiento penitenciario.
Esta situación judicial se complica aún más considerando que Sala fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de mayo de 2025, por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. El arresto domiciliario le fue concedido únicamente por razones de salud, tras la intervención de organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Contexto: Nueve años de detención y condenas firmes
Milagro Sala fue detenido el 16 de enero de 2016 durante el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, en el marco de una protesta de la organización Tupac Amaru en la Plaza Belgrano. Desde entonces, su caso ha sido un epicentro de debate político y judicial.
El traslado a La Plata se efectuó en 2023 para que Sala recibiera tratamiento por una trombosis venosa profunda, primero en la Fundación Favaloro y luego en el Hospital Italiano de La Plata. Una resolución del juez Ruiz de octubre de 2025 dictaminó que Sala debía continuar cumpliendo su prisión domiciliaria en la Provincia de Buenos Aires «a fin de salvaguardar el derecho a la salud».
Sin embargo, este nuevo episodio de mudanza ilegal y activación de tobillera contradice la imagen de una persona que cumple arresto domiciliario por estrictas razones de salud, y expone una actuación discrecional que desafía las normas judiciales establecidas.
Análisis: Las implicancias legales
El caso pone de manifiesto múltiples irregularidades en el comportamiento de Sala durante su arresto domiciliario:
- Violación de condiciones judiciales: La mudanza sin autorización constituye un incumplimiento directo de las condiciones impuestas por el juzgado.
- Daños a propiedad privada: Las denuncias de modificaciones no autorizadas y deterioro del inmueble de Villa Elvira representan un perjuicio material a los propietarios.
- Convivencia irregular: La presencia de más de 10 personas en una vivienda destinada al arresto domiciliario de una sola persona plantea interrogantes sobre el verdadero cumplimiento de la medida.
- Cambio de zona: El traslado desde Villa Elvira a una de las zonas más exclusivas de La Plata contrasta con la imagen de una persona en situación de vulnerabilidad sanitaria.
Los propietarios del inmueble de Villa Elvira, desesperados por la falta de respuesta institucional, llegaron a enviar una carta al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, solicitando que el gobierno garantizara una propiedad en alquiler para la dirigente, pero no obtuvieron respuesta.
El futuro judicial en jaque
La situación actual de Sala permanece frágil, con la justicia evaluando las implicancias de sus acciones. Cadena 3 informó que las autoridades judiciales no han resuelto sobre el episodio ni sobre posibles incumplimientos de las condiciones de la prisión domiciliaria, dejando en suspenso el futuro de su régimen de detención.
El Juzgado de Ejecución Penal N°1 deberá determinar si el episodio de la mudanza no autorizada constituye un incumplimiento que pueda afectar el beneficio otorgado. La decisión del juez Juan José Ruiz será determinante para definir si Sala continúa en arresto domiciliario o si debe regresar a un establecimiento penitenciario.
Mientras tanto, la dirigente social jujeña pasará las fiestas de fin de año en su nueva residencia en Gonnet, en una situación legal cada vez más comprometida y bajo la constante supervisión judicial.
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