El abogado en Derechos Humanos, Héctor Huespe denunció esta semana persecución política por parte del gobierno de Gerardo Morales, al indicar que pesan sobre él cuatro causas por “ejercer su profesión” en defensa de feriantes y vecinos del barrio Campo Verde, tras el accionar represivo de la policía de Jujuy en el marco de un conflicto por el desalojo de un espacio verde.
La denuncia de Huespe tomó estado público luego del episodio de represión policial ocurrido la semana pasada en las afueras de la capital jujeña, cuando más de 300 policías avanzaron contra vecinos del barrio Campo Verde para desalojar un predio público utilizado para actividades deportivas y recreativas, donde el gobierno jujeño lleva adelante las obras de un colegio secundario.
El abogado, que se dirigió hacia la Ciudad de Buenos Aires, refirió a Télam que el viernes pasado, cuando se encontraba en pleno viaje para denunciar los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión en el desalojo, “policías se acercaron a mi domicilio y presentaron a mi pareja una orden de arresto en mi contra”, contó.
“Como tengo el teléfono ilegalmente intervenido -continuó Huespe- y me hacen escuchas ilegales, intentaron evitar que llegue a asentar las denuncias”.
Además, denunció que el gobierno de Morales, “sin una orden de juez” competente, “emitió una falsa orden de arresto” en su contra.
Y luego aseguró que los efectivos que se acercaron a su domicilio “quisieron ingresar a la vivienda”, donde en ese momento se encontraban sus hijos, “y en el lapso de dos horas regresaron tres veces más”, denunció.
Al denunciar la situación manifestó que al día siguiente, “en un diario oficialista, emitieron un comunicado que no había ninguna orden de detención”, señaló sobre la persecución que se extiende con cinco causas en su contra.
“Acá lo más grave no es la orden de arresto, sino las imputaciones en el ejercicio de la profesión de abogado: los abogados somos funcionarios públicos en el sistema de Justicia y no podemos ser perseguidos por los casos que llevamos”, advirtió.
Para Huespe, los fiscales que componen el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy constituyen “el brazo inquisidor del gobernador Morales”.
“Las imputaciones a los abogados son inconstitucionales y representan una amenaza extorsiva a todos los profesionales del Derecho”, remarcó y sobre ese punto añadió: “Eso significa mandar un mensaje mafioso”.
Huespe contó que le abrieron una causa por ‘entorpecimiento funcional’ al intervenir en un operativo en el que una inspectora municipal, aseguró, “le robó una medida cautelar a un vendedor ambulante para decomisarlo posteriormente”.
Asimismo, Huespe fue acusado por el fiscal Aldo Lozano por, presuntamente, “instigar a usurpar un espacio público”, en referencia a la feria 13 de Junio que está ubicada en el barrio Alto Comedero.
“Los trabajadores (de ese barrio) poseen una medida cautelar que le impide al municipio realizar decomiso en ese predio”, subrayó.
Las otras dos causas abiertas contra Huespe refieren a la ‘instigación a usurpar un espacio público’, en ambos casos impulsadas por el fiscal Alejandro Maldonado, en relación los hechos sucedidos el 8 y 17 de marzo cuando, relató el abogado, “la policía, en la clandestinidad de la noche, usurpó la cancha (de fútbol) del barrio Campo Verde”.
Huespe también explicó que los vecinos de ese predio “tuvieron la previsión de dejar seis hectáreas para la construcción de establecimientos educativos”, sobre la calle principal del barrio.
“El gobernador (por Morales) no puede anunciar la construcción del colegio al lado de una escuela que no está terminada, por lo que fue a usurpar la cancha de los vecinos, quienes viven en terrenos que no tienen patio”, denunció el abogado.
Huespe presentó denuncias sobre el accionar represivo de la policía jujeña para desalojar el predio de Campo Verde ante las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos y también en el Congreso Nacional.
Por otra parte, referentes sociales, sindicales, barriales y de derechos humanos de Jujuy que integran la mesa Coordinadora contra la represión y criminalización de la protesta, en una conferencia de prensa, repudiaron la “violencia institucional que reina” en Jujuy.
Además, vendedores ambulantes y vecinos del barrio Campo Verde alertaron que la Justicia “persigue a nuestro abogado (por Huespe)”.
“No queremos que esto siga pasando, queremos que se intervenga a la Justicia provincial”, exhortaron.
“Vemos con mucha preocupación una escalada de procesos represivos contra las libertades democráticas de los ciudadanos e instituciones”, manifestaron y añadieron que “hay una impunidad total y persecución contra abogados, por lo que nos sentimos desprotegidos”, denunciaron los vendedores y los vecinos de Campo Verde. (Télam)
