El Ministerio de Justicia de la Nación presentó el 5 de febrero de 2026 una solicitud formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revocar el régimen de prisión domiciliaria que beneficia a Milagro Sala desde 2017. El pedido busca que la exdirigente de la organización Túpac Amaru cumpla su condena de 15 años en un establecimiento penitenciario común, argumentando que violó las condiciones de su arresto y que mantener esta medida constituye un «privilegio injustificado».
La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Joaquín Ignacio Mogaburu, y respaldada por el ministro Mariano Cúneo Libarona. Según informó Infobae, el Ejecutivo sostiene que la dirigente fue condenada por delitos graves vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
El incumplimiento que desató la ofensiva oficial
El argumento central del Gobierno se apoya en un hecho de aparente carácter administrativo pero de gran repercusión jurídica: Milagro Sala cambió su domicilio desde una vivienda en Villa Elvira hacia una propiedad en la localidad de Gonnet sin autorización judicial.
Este desplazamiento fue detectado por el sistema de monitoreo electrónico, cuyas alertas de geofencing activaron inmediatamente los protocolos de control. Como reportó LA NACION, el Ministerio de Justicia afirmó que «esa evidencia da cuenta de un hecho objetivo: Milagro Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez».
Según la documentación oficial, ese incumplimiento «activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal», según consignó Todo Jujuy.
Cambio de retórica: «Los derechos humanos no son para blindar criminales»
La narrativa oficial del Gobierno de Javier Milei ha experimentado una transformación profunda en su discurso sobre derechos humanos. Bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, el Estado argentino abandonó el lenguaje de la vulnerabilidad para adoptar el de la equidad ante la ley.
El comunicado oficial del Ministerio de Justicia fue contundente: «Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel», según reprodujo Los Andes.
La Subsecretaría de Derechos Humanos agregó que la medida de la CIDH «se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme», como informó Ámbito.
El documento oficial también rechazó las denuncias de la defensa sobre supuesto hostigamiento judicial. El Ministerio afirmó que «presentar esas medidas como ‘hostigamiento’ busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio», según consignó Filo News.
La defensa denuncia hostigamiento y crisis de salud mental
Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo legal de Milagro Sala y exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández, respondió con dureza a la presentación oficial.
La abogada calificó el pedido del Gobierno como una estrategia de hostigamiento continuo. «Es claro que la comunicación de hoy tiene solamente la finalidad de seguir hostigando a Milagro… podemos decir que es simplemente fuegos artificiales ese comunicado», declaró Gómez Alcorta, según los documentos consultados.
La defensa reveló que el pasado 12 de enero de 2026, Sala fue internada en el Hospital de Gonnet con un cuadro clínico alarmante que incluyó intentos de autolesiones. «Es simplemente fuegos artificiales ese comunicado… intentan negar el hostigamiento mientras Milagro tuvo que ingresar hace veinte días con un cuadro de salud mental a una internación», sostuvo la abogada.
Claudia Sala, hija de la dirigente, también se manifestó sobre el estado de su madre: «A veces no quiere vivir más porque está cansada de tanto apriete… lo que le hacen a ella no se lo merece ni al peor enemigo», según consta en la documentación del caso.
La defensa denuncia una paradoja: mientras el Estado se muestra inflexible ante un cambio de domicilio, el Poder Judicial de Jujuy guarda silencio ante los pedidos de tratamiento psiquiátrico tras el alta médica de Sala.
El laberinto judicial: condena firme y elegibilidad para libertad condicional
La arquitectura judicial del caso alcanzó su punto culminante en mayo de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la pena única de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta para Milagro Sala. Los delitos confirmados por el máximo tribunal son:
- Asociación ilícita (en calidad de jefa de la organización)
- Fraude a la administración pública
- Extorsión
- Amenazas
Sin embargo, emerge aquí la mayor contradicción del escenario actual: el Estado pelea por el traslado a una celda común en el preciso momento en que la ley nacional parece abrirle la puerta de salida a la condenada.
Al haber cumplido el pasado 16 de enero de 2026 diez años de detención, Sala alcanzó los dos tercios de su condena de 15 años, lo que la habilita técnicamente para solicitar la libertad condicional según el Código Penal argentino, como reportó Opinando San Nicolás.
Cronología del caso
La dirigente social fue detenida inicialmente el 16 de enero de 2016 en Jujuy. En 2017, la CIDH dictó una medida cautelar ordenando que Sala cumpliera prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria. A comienzos de 2019 se impuso la condena original de 13 años por asociación ilícita y fraude, que fue confirmada por la Corte Suprema en 2022.
En mayo de 2025, el máximo tribunal dejó firme la pena única de 15 años de prisión. El 12 de enero de 2026, Sala fue internada por complicaciones de salud física y mental. Cuatro días después, el 16 de enero, cumplió 10 años de detención, alcanzando los dos tercios de su condena.
Finalmente, el 5 de febrero de 2026, el Gobierno nacional presentó el pedido formal ante la CIDH para revocar el arresto domiciliario y trasladar a la dirigente a una cárcel común.
Tensión entre soberanía nacional y compromisos internacionales
El conflicto escala a una tensión entre la soberanía nacional para ejecutar penas firmes y los compromisos internacionales de Argentina. La CIDH, que ha sostenido la protección de Sala desde 2017, debe ahora decidir si mantiene su tutela ante un Estado que reclama el fin de un «trato excepcional».
Gómez Alcorta recordó que el Estado ya realizó pedidos similares hace más de un año sin que la CIDH modificara las medidas cautelares vigentes, lo que sugiere que la presentación actual podría tener un destino similar.
¿Victoria simbólica o estrategia procesal?
La insistencia del Gobierno ante la CIDH en febrero de 2026 parece ser, más que una estrategia de éxito procesal garantizado, una contundente declaración de principios. Al presionar por el traslado de una figura cuya condena está cerca de cumplir sus hitos de libertad condicional, el Ejecutivo prioriza el valor simbólico del «cumplimiento efectivo» sobre la economía procesal.
El desenlace de este capítulo determinará no solo el destino inmediato de Milagro Sala, sino también el margen de maniobra de Argentina frente a los organismos internacionales de derechos humanos en la era del gobierno de Javier Milei.
La pregunta central permanece: ¿está dispuesto el Estado argentino a arriesgar una sanción internacional por un triunfo simbólico sobre una figura cuyo tiempo en prisión ya está casi agotado? La respuesta definirá el equilibrio entre la justicia penal nacional y los estándares de protección global en lo que el Gobierno denomina la «Nueva Argentina».
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