El conflicto en Caspalá, provincia de Jujuy, ha puesto en la mira al exgobernador Gerardo Morales, acusado de ser el «responsable ideológico» de diversas irregularidades en torno a la construcción de una escuela secundaria.
La obra, que contaba con un presupuesto de 95 millones de pesos provenientes del gobierno nacional, habría quedado inconclusa pese al desembolso de 43 millones. Este proyecto derivó en denuncias de usurpación de tierras, violencia institucional y falsificación de documentos públicos.
Una comunidad kolla que resiste
La comunidad kolla de Caspalá, reconocida como ancestral y registrada formalmente, sufrió el desalojo de su cancha comunitaria, un espacio simbólicamente valioso, para dar lugar a la construcción de la escuela. Según la denuncia, esta acción estuvo respaldada por documentos falsos que negaban la existencia de la comunidad aborigen en la zona, lo que facilitó el avance del proyecto sin su consentimiento.
“La justicia nos empieza a dar la razón. Esto es un pequeño respiro para Caspalá, pero queda mucho por hacer”, afirmó la abogada Silvana Llanes, quien representa a los comuneros junto a su colega Alejandra Cejas.
El conflicto escaló rápidamente cuando, en noviembre de 2022, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la localidad para hacer cumplir la orden de desocupar la cancha comunitaria, donde se pretendía construir la escuela. Esta acción resultó en la destrucción de parte del terreno y la represión de los pobladores, quienes en todo momento se opusieron al uso de ese espacio para la construcción del establecimiento educativo.
Imputaciones a funcionarios clave
Hasta ahora, seis funcionarios de la gestión de Morales han sido formalmente imputados, incluidos:
- María Teresa Bovi, exministra de Educación.
- Natividad Apaza, excomisionado municipal de Caspalá.
- José Raúl Torrejón, actual director de Proyectos Educativos.
- María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación.
- María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura Educativa.
- Diego Ignacio Montenovi, asesor en la Fiscalía de Estado.
Los delitos señalados incluyen defraudación al erario público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con penas que podrían alcanzar los 12 años de prisión.
La causa se basa en una serie de irregularidades detectadas en el manejo de los fondos destinados a la construcción de la escuela. En particular, se acusa al gobierno de Morales de haber recibido una suma considerable de dinero del gobierno nacional para la construcción del establecimiento, pero de no haber invertido esos recursos en el proyecto. Según las abogadas de la querella, se enviaron 43 millones de pesos para la obra, pero no se construyó nada en Caspalá, y la comunidad no vio ningún avance tangible en la obra.
Acusaciones directas contra Gerardo Morales
“Vamos por la cabeza de la serpiente”, declaró Llanes, refiriéndose directamente al exgobernador Morales como el autor intelectual de las irregularidades. La querella busca demostrar que Morales orquestó las acciones, facilitando el uso indebido de recursos públicos y promoviendo un modelo extractivista que perjudica a las comunidades locales.
Por su parte, la abogada Alejandra Cejas subrayó la gravedad del caso al afirmar que “la plata llegó, pero no hay nada hecho; lo único que hay es daño”.
La figura de Gerardo Morales ha sido un punto central en el caso, ya que las abogadas de la querella sostienen que las decisiones del gobierno de Jujuy, impulsadas por él, no solo fueron ilegales, sino que también tuvieron un impacto negativo en la comunidad de Caspalá, una comunidad de pueblos originarios que fue atropellada en su derecho a decidir sobre su propio territorio.
Un avance inédito en la justicia jujeña
Este caso marca la primera vez en casi una década que funcionarios de alto rango de la gestión de Morales son imputados por corrupción. Según Llanes, las pruebas recopiladas por la Fiscal Federal, Lucía Orsetti, evidencian una red de delitos destinados a ocultar el destino de los fondos y legitimar la expropiación violenta de tierras.
“La corrupción en este caso es ostensible, y las pruebas lo demuestran”, aseguró la abogada. Entre los elementos destacados, se encuentran documentos falsificados que mostraban el consentimiento de la comunidad para la obra, pese a su rechazo explícito.
La querella también ha adelantado que ampliarán las denuncias para incluir a otros funcionarios que pudieron haber estado involucrados en el fraude y la corrupción relacionados con la construcción de la escuela. La abogada Alejandra Cejas ha afirmado que, en su opinión, el caso podría incluso involucrar una figura de asociación ilícita, dado el número de personas que participaron en los delitos y la falsificación de documentos.
La restitución de derechos, un paso inicial
En paralelo al proceso penal, un convenio judicial homologado en 2022 obliga al Estado provincial a devolver la cancha comunitaria y restaurar los daños. Sin embargo, según Llanes, estos trabajos aún no han comenzado.
“La jueza ordenó que participemos en todo el proceso de restitución. Estamos atentos para garantizar que la reparación se haga de manera adecuada”, afirmó.
En noviembre de 2024, la jueza federal Carina Gregoraschuk homologó un convenio entre la fiscalía y el gobierno provincial para la restitución de este terreno y la reparación de los daños ocasionados. Sin embargo, aún no se ha iniciado el proceso de restauración, lo que mantiene a la comunidad en una espera que ya dura más de un año.
¿Un caso que podría cambiar el panorama?
La causa de Caspalá podría convertirse en un precedente en la lucha contra la corrupción institucional en Jujuy. Para los representantes de la comunidad, esta es una oportunidad para evidenciar las prácticas sistemáticas de abuso de poder que afectan a las comunidades originarias.
“Esto no es solo sobre Caspalá, sino sobre la dignidad y los derechos de todas las comunidades que han sido avasalladas por políticas extractivistas”, concluyó Cejas.
El caso de Caspalá ha puesto en evidencia una serie de irregularidades y abusos por parte del gobierno de Gerardo Morales. La denuncia de fraude, falsificación de documentos, usurpación de tierras y represión institucional se han convertido en un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las comunidades originarias en Jujuy. A medida que avanza la causa, la expectativa de justicia crece, y la comunidad de Caspalá sigue firme en su lucha por la restitución de sus tierras y por la sanción de los responsables.
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