Críticas a la imputación de «lesiones leves» en la represión de Purmamarca

La imputación de «lesiones leves» a los policías involucrados en la represión en Purmamarca durante las protestas de 2023 ha generado un fuerte rechazo por parte de las abogadas querellantes. Estas profesionales del derecho califican la decisión como una «burla» y una revictimización de las víctimas, argumentando que los hechos podrían constituir tentativa de homicidio o crímenes de lesa humanidad dada la gravedad de las lesiones y la falta de protocolos policiales. En este contexto, las abogadas han señalado la responsabilidad del entonces gobernador Gerardo Morales y la cúpula policial en dar las órdenes, y han anunciado que continuarán con una querella autónoma para que paguen los «verdaderos culpables».

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Contexto de la represión en Purmamarca

El 17 de junio de 2023, Purmamarca fue escenario de una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes que protestaban contra la Reforma de la Constitución de Jujuy y los bajos salarios docentes. Este evento se produjo en el contexto de un corte de ruta en la intersección de RN 9 y RN 52, donde más de un centenar de efectivos policiales reprimieron a comunidades, personas independientes y turistas que rodeaban el lugar.

Las consecuencias de esta represión fueron graves: varios heridos, detenidos y personas que no recibieron atención médica. Un caso emblemático es el de Liam Lamas, un joven de 17 años que fue víctima de disparos en la cara por parte de efectivos policiales, resultando en la pérdida de un ojo, lo que constituye una discapacidad permanente. Este caso ha sido central en las críticas a la imputación inicial de la policía por «lesiones leves».

Críticas a la imputación inicial

Las abogadas querellantes, Alejandra Cejas y Silvana Llanés, han expresado su indignación ante la calificación de los hechos como «lesiones leves». Argumentan que esta calificación no condice con la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas. En sus declaraciones, Cejas afirmó: «Es una vergüenza que se califique de esta manera lo que ocurrió. La investigación dista mucho de ser seria».

Subestimación de la gravedad de las lesiones

Las abogadas sostienen que los hechos deberían ser imputados como «tentativa de homicidio» o «daños graves». Citan el caso de Liam Lamas, quien perdió un ojo por disparos en la cara, y otro joven que recibió múltiples impactos y no recibió atención médica. «Las consecuencias fueron mucho más allá de lesiones menores», enfatizan.

Violencia institucional y delitos de lesa humanidad

Las querellantes argumentan que los hechos configuran «violencia institucional» y «delitos de lesa humanidad». Explican que el Estado provincial utilizó sus recursos humanos, armas e instituciones para atacar a la ciudadanía, buscando incluso el «exterminio de las comunidades originarias». También mencionan torturas y vejámenes en la cárcel, así como el ataque deliberado a comunidades, docentes y turistas.

Responsabilidad de altos funcionarios

Otro punto de crítica es la imputación que recae sobre un número limitado de efectivos policiales, a quienes consideran «perejiles» que están «pagando por los reales responsables». Las abogadas sostienen que las órdenes provenían de altos mandos, incluyendo al exgobernador Gerardo Morales, el exministro de Seguridad Guillermo Corro y el exjefe de la Policía Herbas Mejías. «Buscamos la cabeza de los responsables, no solo de los que están en la calle», afirman.

Falta de protocolos y accionar deliberado

Las declaraciones de efectivos policiales revelan la ausencia de un protocolo antidisturbios o para el uso de armas. Se señala que los policías dispararon directamente a la cara, lo cual está prohibido incluso para armas como gases lacrimógenos o balas de goma. Este accionar, junto con las imágenes donde se ve a la policía persiguiendo a la gente «a cazar» y no a disuadir, contradice la versión policial de actuar solo para repeler agresiones y refuerza la idea de un ataque deliberado y violento.

Revictimización de las víctimas

La calificación de «lesiones leves» y la forma en que se lleva la investigación son percibidas como una revictimización para quienes sufrieron las heridas y la violencia. Las abogadas han señalado que esta situación no solo afecta a las víctimas directas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad sobre la protección de los derechos humanos en el país.

La llegada de Amnistía Internacional

En medio de este contexto, se ha anunciado la próxima llegada de Amnistía Internacional a la provincia para investigar los hechos. Las abogadas querellantes han expresado su esperanza de que la presencia de esta organización internacional acelere el proceso de justicia. «La llegada de Amnistía Internacional es un rayo de esperanza para las víctimas», comentó Silvana Llanés.

Implicaciones de la investigación

La llegada de Amnistía Internacional está prevista para la próxima semana, y su propósito es constituirse como amicus curiae y tomar conocimiento del proceso. Las abogadas sugieren que la aparente prisa en realizar algunas imputaciones podría estar relacionada con esta visita, aduciendo que la justicia se estaría apresurando por la presión internacional.

Reacciones de la comunidad y organizaciones de derechos humanos

La comunidad de Purmamarca y diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a las víctimas y su rechazo a la imputación de «lesiones leves». Se han llevado a cabo manifestaciones y actos de solidaridad en los que se exige justicia y se pide que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la represión.

Declaraciones de activistas

Activistas locales han manifestado su preocupación por la situación. «No podemos permitir que la violencia institucional quede impune. Es fundamental que se reconozcan los hechos por lo que realmente son», afirmó un representante de una organización de derechos humanos en la región.

Conclusiones

La imputación de «lesiones leves» a los policías involucrados en la represión en Purmamarca ha desatado un fuerte debate sobre la violencia institucional y la protección de los derechos humanos en Argentina. Las abogadas querellantes han planteado argumentos sólidos que cuestionan la calificación inicial y exigen una investigación más profunda que incluya a los altos funcionarios responsables.

La llegada de Amnistía Internacional representa una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia y para que se visibilicen las violaciones a los derechos humanos en el país. La comunidad y las organizaciones de derechos humanos continúan movilizándose en apoyo a las víctimas, demandando que se reconozcan los hechos y se tomen medidas adecuadas para prevenir futuras violaciones.