Crisis en el PJ de Jujuy: postergan la interna en medio de denuncias de proscripción

La crisis política que atraviesa el Partido Justicialista de Jujuy ha alcanzado un punto de ebullición. Tras una contundente derrota en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el peronismo dividido perdió su única banca en la Cámara de Diputados, la Intervención del partido decidió postergar las esperadas elecciones internas.

Esta medida, lejos de calmar las aguas, ha desatado una guerra abierta de acusaciones entre sus principales facciones, encabezadas por la diputada de La Cámpora, Leila Chaher, el expresidente del partido, Rubén Rivarola, y la senadora nacional, Carolina Moisés, dejando al peronismo jujeño sumido en su fractura más profunda y en una total incertidumbre sobre su futuro.

El Epicentro de la Crisis: Internas suspendidas y denuncias de proscripción

La suspensión de las elecciones internas del PJ Jujuy no es un mero ajuste de calendario; es el síntoma más visible de una fractura expuesta y el campo de batalla inmediato por el control de un partido a la deriva. Lo que debía ser un proceso de normalización para sanar las heridas de la división se ha convertido en el epicentro de una disputa feroz, marcada por resoluciones oficiales, operaciones mediáticas y denuncias de intentos de proscripción masiva que revelan la profundidad del cisma.

Oficialmente, la decisión fue formalizada a través de la Resolución N° 22/2025 de la Intervención del partido. El documento establece de manera clara la postergación de los comicios, trasladando la fecha del 16 de noviembre de 2025 al domingo 15 de febrero de 2026. La resolución especifica que esta medida se tomó «en virtud de la solicitud efectuada por la lista ‘Generación Valiente‘», que postula a Carolina Moisés como presidenta, y que contó con la conformidad de la lista «Primero La Patria«, liderada por Leila Chaher. El objetivo declarado es «garantizar una adecuada organización y participación de los afiliados».

Sin embargo, en las sombras de la formalidad administrativa, una versión mucho más explosiva comenzó a circular. El medio El Expreso de Jujuy publicó una investigación que sacudió los cimientos de la interna peronista, afirmando que la postergación fue, en realidad, la consecuencia de una maniobra de alto voltaje político. Según esta versión, Leila Chaher, con el supuesto aval de la propia Cristina Fernández de Kirchner, habría intentado suspender a 500 afiliados del padrón.

La lista de proscritos no era un compendio de militantes de base, sino un ataque quirúrgico al corazón de sus adversarios: incluía a «candidatos en otros frentes para la elección provincial y la nacional» y a figuras de peso como los exgobernadores Eduardo Fellner y Rodolfo Tecchi, además de sus rivales directos, Rubén Rivarola y Carolina Moisés. La intención, según el medio, era «hacer caer a las dos listas y todo el proceso electoral interno» para perpetuarse al mando del partido.

Esta presunta operación habría sido frenada en seco por José Mayans, presidente en ejercicio del PJ a nivel nacional. De acuerdo con la publicación, Mayans intervino para evitar lo que consideraba un «desastre» y habría dado una orden tajante: «ninguna sanción a ningún afiliado por ningún motivo». La contradicción se profundiza con la fecha de la elección: mientras la resolución oficial fija el 15 de febrero, el mismo reporte periodístico asegura que Mayans propuso una nueva convocatoria para marzo. Esta dualidad entre la formalidad del documento y la crudeza de la operación mediática no es casual; evidencia una lucha que se libra en dos frentes simultáneos: el legalista, para mantener las apariencias de un proceso democrático, y el mediático, para deslegitimar al adversario antes de que se cuenten los votos. La discrepancia en las fechas revela el caos reinante y la existencia de estructuras de poder paralelas que disputan la autoridad real sobre el partido.

En un intento por disipar estas graves acusaciones, la resolución oficial de la Intervención aborda el tema de las sanciones de manera cautelosa. El Artículo 3° del texto establece que «no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto de suspensiones o expulsiones de afiliados», argumentando que a la fecha no existen «actuaciones formales ni procedimientos disciplinarios en curso» que habiliten tal medida. Esta declaración busca poner un manto de legalidad sobre la disputa, aunque no logra acallar los rumores que recorren los pasillos del justicialismo.

Así, la batalla por las fechas, los padrones y las reglas del juego interno se ha convertido en la manifestación más cruda de un conflicto cuya herida original no es administrativa, sino electoral. La suspensión de las internas es la consecuencia directa del fracaso colectivo en las urnas, una derrota que ha dejado al peronismo sin representación y con sus líderes apuntándose unos a otros.

Anatomía de una derrota histórica: El revés electoral del 26 de Octubre

La derrota del 26 de octubre no fue un simple resultado adverso para el peronismo jujeño; fue el catalizador que hizo implosionar las tensiones acumuladas durante años. La incapacidad de presentar un frente unido transformó una contienda electoral en un suicidio político, donde la principal víctima fue el propio partido, que se quedó con las manos vacías y expuso ante toda la provincia su incapacidad para resolver sus diferencias.

El resultado fue tan claro como doloroso: el justicialismo, al competir dividido en dos grandes frentes, no logró retener la única banca de diputado nacional que ponía en juego. Los tres escaños en disputa se repartieron entre los dos polos de la política nacional y provincial: La Libertad Avanza y el radicalismo del gobernador Carlos Sadir. El peronismo, que en otros tiempos supo ser la fuerza mayoritaria de Jujuy, se convirtió en un mero espectador de su propia irrelevancia.

Los números de la votación son la radiografía de esta fractura y, a la vez, el combustible de la guerra posterior:

• La lista Fuerza Patria, encabezada por la diputada de La Cámpora Leila Chaher (quien buscaba renovar su banca), obtuvo el 15,5% de los votos, lo que se traduce en 63.112 sufragios.
• El Frente Primero Jujuy Avanza, que llevaba como candidato a Pedro Pascuttini y contaba con el respaldo político y estructural de Rubén Rivarola, alcanzó el 15,13% de los votos, sumando 61.539 sufragios.

La diferencia de apenas 0,38 puntos porcentuales es clave para entender la psicología del conflicto. En lugar de resolver la disputa de liderazgo, esta paridad técnica permitió que ambos sectores se autoproclamaran vencedores morales, profundizando la división. La suma de ambos espacios superaba el 30%, un caudal de votos que, de haber confluido en una única lista, habría garantizado la retención de la banca y posicionado al peronismo como una fuerza competitiva. La noche misma de la elección, Rubén Rivarola no ocultó su enojo y apuntó directamente a sus adversarios internos. Desde el escenario, sentenció con una contundencia que anticipaba la tormenta: «Nosotros no hicimos mal nada. Los que hacen mal son los que vienen desde Buenos Aires, La Cámpora, queriendo imponer a su candidato. Si hubiéramos estado juntos, la historia sería otra. Hubiéramos sacado 130 mil votos».

Esta declaración marcó el tono de la guerra que vendría después. Sin embargo, desde el sector de Chaher, la lectura fue diametralmente opuesta. El medio Jujuy Dice interpretó la ajustada diferencia como una «victoria interna implícita» para Fuerza Patria. Sostuvo que, a pesar de la derrota general, el hecho de haber superado al sector de Rivarola posicionaba al espacio de Chaher como el «referente del peronismo en Jujuy», argumentando desde este medio afín al kirchnerismo explícito que lo lograron «sin aparato y sin negocios con el gobierno de turno».

De esta manera, los resultados electorales se convirtieron en el principal argumento de cada facción para culpar a la otra del fracaso colectivo. Para Rivarola, la derrota fue producto de la «imposición» de La Cámpora. Para Chaher, fue la consecuencia de la «traición» de un sector del peronismo que prefirió dividir antes que aceptar su liderazgo. Estos resultados no solo definieron la pérdida de un escaño, sino que proveyeron la munición para la batalla campal que se desataría en los días siguientes.

La guerra de acusaciones: Las voces de los protagonistas

Con los resultados electorales sobre la mesa y las elecciones internas en el horizonte, el conflicto en el PJ Jujuy abandonó las negociaciones a puerta cerrada para estallar en el ámbito público. Las acusaciones cruzadas entre los principales referentes revelan las estrategias, las alianzas rotas y las profundas desconfianzas que definen una interna peronista que parece no tener retorno. Cada facción ha construido una narrativa para exculparse de la derrota y responsabilizar a sus rivales, dejando al descubierto las grietas irreconciliables del justicialismo provincial.

La postura de Leila Chaher es de confrontación total y revela una estrategia de suma cero. La diputada de La Cámpora no solo señala a Rubén Rivarola como el principal responsable, asegurando que «siempre negoció con [Gerardo] Morales y jugó para los radicales» y que la amenazó explícitamente con competir por fuera si no le «devolvían el partido», sino que va un paso más allá. En una declaración a Letra P que dinamita cualquier puente de diálogo, Chaher afirmó que no debería haber elecciones internas en absoluto. Su argumento es lapidario: «Ya les gané». Sostiene que la victoria por un estrecho margen en octubre le otorga la legitimidad para conducir, y que sus rivales deberían ser sancionados por «traición». En esta línea, también apunta contra Carolina Moisés, a quien acusa de ser funcional a Rivarola y de haber perdido toda autoridad para liderar el PJ tras su voto a favor de la Ley Bases de Javier Milei.

Desde la vereda de enfrente, Rubén Rivarola, en su doble rol de dirigente y director ejecutivo del diario El Tribuno, activó su principal herramienta de presión. Fiel a su declaración de la noche electoral, culpa a «La Cámpora» y a las «imposiciones desde Buenos Aires» por haber forzado la división. Su periódico informó sobre una supuesta presión de dirigentes de base que reclamaban la «normalización» del partido, criticando una «crisis de conducción, representación y de vínculo con las bases», un mensaje claramente dirigido a la gestión de la Intervención y a la figura de Chaher.

El tercer vértice de este triángulo de poder es el sector de Carolina Moisés, que busca posicionarse como una alternativa democrática al conflicto. Una fuente cercana a la senadora le adjudicó la responsabilidad de la ruptura directamente a Chaher: «Todos los planteos apuntaban a que Leila encabezara la lista, pero que a la vez había que resolver la interna. Ella no quiso y rompió con todos». Desde este espacio, la postura es clara y se ha mantenido firme: la única salida posible a la crisis política es a través de las urnas. Insisten en que es fundamental «sostener el proceso de elecciones» y que la solución definitiva es «ir a las urnas y que decidan los afiliados».

Para visualizar con mayor claridad las posturas irreconciliables, la siguiente tabla resume las acusaciones centrales de cada facción:

Este cruce de acusaciones no es una tormenta en un vaso de agua. Es el reflejo de divisiones que no son nuevas, sino que hunden sus raíces en una historia reciente de intervenciones, alianzas fallidas y decisiones estratégicas que han llevado al peronismo jujeño al borde del abismo.

Las raíces del cisma: De la intervención a las alianzas rotas

Para comprender la magnitud de la crisis política actual en el PJ de Jujuy, es imprescindible mirar hacia atrás. La implosión post-electoral no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de deterioro que se aceleró en los últimos años. La intervención del partido en 2023 no fue el inicio del problema, sino la consecuencia de fracturas previas, alianzas coyunturales y una lucha de poder que ya venía erosionando la unidad del movimiento.

El cisma actual es el resultado de una cascada de rupturas que se aceleró en 2023. El punto de inflexión fue la intervención del Partido Justicialista decretada por el entonces presidente del PJ nacional, Alberto Fernández. La medida fue una respuesta directa al apoyo explícito de Rubén Rivarola, quien presidía el partido a nivel provincial, a la controvertida reforma constitucional impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales. Este acto fue considerado una traición por la conducción nacional, que designó a Aníbal Fernández y a Gustavo Menéndez como interventores para «normalizar» la situación.

Sin embargo, las divisiones ya eran palpables. Ese mismo año, las dos principales figuras femeninas del peronismo jujeño se enfrentaron en las Primarias (PASO) por la candidatura al Senado, una contienda en la que Carolina Moisés se impuso sobre Leila Chaher. Meses antes, de cara a las elecciones provinciales de mayo, se había gestado una efímera y fallida alianza entre Chaher y el propio Rivarola. El acuerdo no prosperó y el peronismo llegó a esos comicios completamente atomizado. Los resultados fueron un presagio de la catástrofe que vendría: el Frente Justicialista oficial (Chaher-Rivarola) obtuvo un magro 10,2%, mientras que una pléyade de otras listas peronistas no superó el umbral de la relevancia, como el frente de Moisés (Somos Más, 3,71%) o Primero Jujuy (3,62%). El medio El Expreso de Jujuy no dudó en calificar este resultado como «el peor de la historia del peronismo en Jujuy».

En este contexto se consolida la narrativa que el sector de Chaher esgrime contra sus rivales, enmarcada en lo que el medio Jujuy Dice denomina el «peronismo empresario». Esta etiqueta apunta a figuras como Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, a quienes acusan de mantener negocios con el Estado provincial y de ser funcionales a los intereses del radicalismo. El caso de Pedro Pascuttini, candidato de Rivarola en octubre, es emblemático: como presidente de la Cámara del Tabaco y convencional constituyente, votó a favor de la reforma de Morales, un proceso marcado por una fuerte represión social. Esta conexión es la que utiliza Chaher para validar su acusación de que Rivarola «siempre jugó para los radicales».

Tras el fracaso de mayo, la frágil alianza entre Chaher y Rivarola se evaporó por completo, llevándolos a competir por separado en las elecciones nacionales de octubre y consumando la división que resultó en la pérdida de la banca.

Hoy, el PJ de Jujuy se encuentra atrapado en un laberinto de incertidumbre. Entre resoluciones oficiales que postergan una interna clave, operaciones mediáticas que denuncian conspiraciones y acusaciones cruzadas que dinamitan cualquier puente de diálogo, su futuro es una incógnita. La elección interna, reprogramada para febrero de 2026, no será solo una compulsa por el liderazgo, sino una prueba de supervivencia para un partido que debe decidir si puede reconstruirse desde sus escombros o si está condenado a la irrelevancia en el nuevo mapa político de la provincia.