En medio del paisaje árido de Jujuy, la se alza como un oasis de biodiversidad. Este humedal, que en épocas de lluvias alcanza hasta 240 kilómetros cuadrados de extensión, no solo es hogar de flamencos y vida silvestre, sino también el epicentro de un conflicto que lleva más de 14 años.
La lucha gira en torno a la explotación del litio, un recurso clave para la transición energética global. Mientras las comunidades originarias se resisten al avance minero, los proyectos en pueblos vecinos como Olaroz despiertan expectativas de progreso económico en los más jóvenes. Este choque de visiones ha llevado a una tensión que se agudiza con cada nuevo intento de las empresas por ingresar en la zona.
El impacto ambiental, una preocupación central
La resistencia de las 38 comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se basa en dos puntos clave: el impacto ambiental y la distribución desigual de los beneficios económicos. La extracción de litio, especialmente en regiones áridas, requiere grandes volúmenes de agua, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad hídrica de la zona.
“Nos están dividiendo. La extracción de litio en una zona con poca agua nos preocupa. Nosotros seremos un sacrificio”, advirtió Verónica Chávez, referente histórica del movimiento de resistencia, durante una reciente audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El temor a la escasez de agua se suma al impacto que podría tener en los ecosistemas locales, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también las actividades tradicionales de las comunidades, como la agricultura y la ganadería.
Promesas de desarrollo y desconfianza
Del otro lado del conflicto, el Estado provincial y las empresas mineras destacan los beneficios económicos que la explotación del litio podría traer a la región. Proyectos como los de Río Tinto y Exar, ubicados en Olaroz, han transformado la economía local, permitiendo a algunos habitantes acceder a bienes como vehículos e inmuebles.
“Hoy una Hilux cuesta 70 millones de pesos, y hay gente que se la puede comprar. Los demás los ven pasar por la ruta, es lógico que a algunos les despierte interés”, comentó un vecino que prefirió mantener el anonimato.
Sin embargo, las comunidades en resistencia ven estas promesas con recelo. Sienten que las ganancias del litio están destinadas a las empresas y a un reducido grupo de beneficiarios, mientras que los costos ambientales y sociales recaen sobre ellos.
Episodios recientes: un reflejo de la tensión
En las últimas semanas, la desconfianza hacia las empresas mineras se ha intensificado. Un episodio ocurrido en el poblado de Santuario Tres Pozos puso de manifiesto el delicado equilibrio que se vive en la región.
Un grupo de médicos, respaldados por empresas mineras como Litica Resources y Lithion Energy, llegó al lugar para ofrecer una campaña gratuita de prevención del cáncer de piel. Los habitantes interpretaron la acción como un intento de las empresas por ganar aceptación social y pidieron a los médicos que se retiraran.
Posteriormente, en un comunicado, las comunidades expresaron: “Rechazamos el intento de las empresas multinacionales de litio de obtener licencia social a través de una asistencia malintencionada”.
División interna entre las comunidades
La resistencia unificada de las comunidades comenzó a fracturarse el 21 de junio pasado, cuando algunos integrantes de las comunidades Lipán de El Moreno y Rinconadillas manifestaron su disposición a autorizar el ingreso de proyectos mineros.
Este cambio de postura ha sido celebrado por el gobierno provincial, que aboga por un modelo pro-minero. Sin embargo, ha generado tensiones internas en la región, donde el sentido de comunidad y unidad es clave para la supervivencia cultural de los pueblos originarios.
Un futuro incierto para la Laguna de Guayatayoc
El conflicto en la Laguna de Guayatayoc refleja un dilema más amplio que enfrenta Argentina y otros países ricos en recursos naturales: ¿cómo equilibrar las necesidades del desarrollo económico con la preservación del medioambiente y las culturas ancestrales?
A medida que el litio se convierte en un recurso estratégico para la transición energética global, la presión sobre las comunidades aumenta. Las empresas prometen inversiones, empleos y regalías, mientras las comunidades exigen garantías de sostenibilidad y una distribución justa de los beneficios.
“Ante el avance de la transición energética, queremos estar presentes y ser incluidos como beneficiarios, no como una zona de sacrificio donde se extrae lo que se necesita y se abandonan los despojos”, expresa un fragmento del podcast Habla Pacha, que da voz a las comunidades afectadas.
El rol del Estado y las empresas
El gobierno de Jujuy y las empresas mineras tienen un papel clave en este escenario. Para avanzar en los proyectos, necesitan obtener la llamada “licencia social”, es decir, la aceptación de las comunidades locales. Sin embargo, los métodos utilizados para lograr este objetivo han sido cuestionados, como lo demuestra el rechazo en Santuario Tres Pozos.
Por otro lado, las empresas deben enfrentar el desafío de demostrar que su presencia puede ser un motor de desarrollo sostenible, respetando los derechos y las tradiciones de las comunidades originarias.
La transición energética: ¿un futuro más justo?
El conflicto por el litio en Jujuy también pone en evidencia una paradoja de la transición energética. Mientras el mundo busca alternativas al petróleo para combatir el cambio climático, los recursos necesarios para esta transformación a menudo se extraen de regiones donde las comunidades locales no son incluidas como protagonistas del desarrollo.
En este contexto, las comunidades de la Laguna de Guayatayoc reclaman un lugar en la mesa de decisiones. Su lucha no es solo por el agua o el litio, sino por su derecho a un futuro en el que puedan coexistir el desarrollo económico, la justicia social y la preservación ambiental.
Hacia un modelo inclusivo y sostenible
El conflicto en la Laguna de Guayatayoc es una muestra de cómo las tensiones entre el desarrollo económico y la sostenibilidad pueden fracturar comunidades y poner en jaque a gobiernos y empresas. En un mundo que avanza hacia una transición energética, este caso subraya la importancia de escuchar a las comunidades locales, proteger los recursos naturales y construir un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.
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