Un ambicioso proyecto de urbanización para la Barranca de Castañeda, premiado en un concurso regional de arquitectura en 2015, volvió a encender el debate entre vecinos, autoridades y desarrolladores tras la aparición de carteles de venta en diciembre de 2025. La iniciativa, que buscaba equilibrar el desarrollo urbano con la preservación ambiental, choca con la percepción comunitaria del área como un pulmón verde esencial para la capital jujeña.
El terreno de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en el corazón de la ciudad ha sido objeto de múltiples intentos de urbanización desde 1999, pero la propuesta actual surgió de un proceso diferente: un concurso regional de arquitectura organizado por el Colegio de Arquitectos de Jujuy, la Municipalidad capitalina y los propietarios del predio, la familia Castañeda.
El origen del proyecto: un concurso para evitar el loteo tradicional

La iniciativa nació cuando los herederos de la familia Castañeda, legítimos propietarios del terreno, consultaron al Colegio de Arquitectos sobre las posibilidades constructivas del área. Ante la magnitud de la obra potencial, la entidad profesional propuso realizar un concurso de proyectos que trascendiera el modelo convencional de subdivisión de tierras.
El entonces presidente del Colegio de Arquitectos de Jujuy, Pablo Fórbice, explicó la desconexión fundamental que alimenta el conflicto: «En la memoria de todos se ve como un espacio verde pero no lo es». Esta frase resume la brecha entre la percepción colectiva y la realidad legal del predio, que permanece como propiedad privada.
El intendente Raúl Jorge destacó en 2015 el valor de esta estrategia colaborativa: «A la alternativa de un loteo tradicional que no aporta a la espacialidad de la ciudad, esto fue un avance muy importante y destacamos la actitud generosa de trabajar mancomunadamente».
Un concurso en dos etapas
El certamen se estructuró en un formato de «dos vueltas» para garantizar la calidad de las propuestas. En la primera fase de ideas participaron 16 equipos de arquitectos de Jujuy y Salta, quienes presentaron conceptos generales para resolver la problemática urbana. Un jurado especializado seleccionó cuatro propuestas finalistas —dos de cada provincia— que avanzaron a una segunda etapa de mayor desarrollo técnico.
La premiación se realizó el 30 de octubre de 2015, marcando el final de un proceso de varios años de planificación que involucró a los tres actores principales mediante un convenio urbanístico que estableció normativas específicas para la zona.
El proyecto ganador: filosofía de mínima intervención

El Primer Premio fue otorgado al estudio Horizontal Arquitectos, conformado por los arquitectos Martín Alemán, Carlos Javier Cícero, Carlos Maldonado, José Agustín Puglisi, Osvaldo José Puglisi, Ramiro Ramos y Ricardo Zapata, con la colaboración del diseñador industrial Juan Manuel Vazquez y la arquitecta paisajista Celeste Iglesias.
La propuesta se destacó por su filosofía central de «proponer la menor huella posible«, es decir, el menor factor de uso de suelo. José Puglisi, uno de los autores, explicó que buscaron «pensar en un edificio que tenga el menor impacto posible en la espacialidad de la ciudad».
El diseño contemplaba una intervención sobre 15.000 metros cuadrados de superficie total, con apenas 3.500 metros cuadrados de superficie cubierta. La estrategia consistía en concentrar la edificación en dos torres de viviendas sobre un basamento comercial en el borde inferior de la barranca, sobre la calle Iguazú, liberando así la mayor cantidad de espacio verde posible.
Componentes urbanos y conectividad

El proyecto articulaba los diferentes niveles topográficos de la barranca mediante elementos de conectividad urbana:
En el borde inferior, sobre la calle Iguazú, se propuso un basamento con locales comerciales y una vereda ensanchada a seis metros para reforzar el carácter de «calle corredor» y dinamizar la vida urbana. Sobre este zócalo se alzarían las dos torres residenciales.
En el borde superior, un paseo-mirador conectaría los espacios verdes existentes, aprovechando las vistas panorámicas hacia la ciudad y el paisaje circundante.
Entre ambos niveles, el espacio se resolvía con una escalera urbana que zigzaguea entre los árboles existentes, complementada con senderos y pasarelas flotantes diseñadas con mínimos puntos de apoyo para no alterar los flujos naturales de agua y fauna.
Enfoque ecológico y sostenibilidad
Uno de los aspectos más destacados del proyecto ganador fue su detallado plan de manejo ambiental, que incluía:
Preservación arbórea: El diseño se planificó alrededor de los árboles existentes, demarcando zonas de raíces protegidas para minimizar daños durante la construcción. Se contempló el uso de barreras «anti-raíz» para guiar el crecimiento sin afectar la estabilidad de los ejemplares.
Revegetación con especies nativas: Las áreas afectadas por la construcción serían revegetadas con flora endémica para atraer fauna autóctona, incrementar la biodiversidad y fortalecer la identidad del paisaje local.
Senderos de bajo impacto: Los caminos se diseñaron como pasarelas flotantes con mínimos puntos de apoyo para mantener los flujos naturales de agua y permitir el tránsito de la fauna.
Uso de recursos locales: Se priorizó el empleo de tecnología, materiales y mano de obra de la región.
La resistencia vecinal: una historia de tres décadas

A pesar de la planificación detallada y los esfuerzos por crear un proyecto de bajo impacto ambiental, la iniciativa enfrenta una férrea oposición por parte de los vecinos del barrio Cuyaya y zonas aledañas.
En diciembre de 2025, la aparición de un cartel de la empresa Caballero Inmuebles ofreciendo «Lotes o fracciones con financiación» reactivó las alarmas comunitarias. Según reportó el medio Jujuy Dice, el Ministerio de Ambiente de la provincia desconocía la existencia del cartel de venta, y la inmobiliaria no proporcionó detalles sobre el proyecto de urbanización.
Los vecinos sostienen que este es el tercer intento de urbanizar el área, siendo el anterior en 1999 durante la gestión del intendente Hugo Conde. Sus argumentos de resistencia se mantienen consistentes a través del tiempo:
Valor ecológico: Consideran la barranca un pulmón verde fundamental para San Salvador de Jujuy, destacando que alberga gran variedad de árboles nativos y especies de aves, funcionando como parte del corredor de la biosfera de Jujuy.
Legado histórico: Sostienen que la familia Castañeda donó el espacio para que fuera un parque público y un pulmón verde de la ciudad, contradiciendo la premisa de urbanización privada.
Riesgo geológico: Existe un temor significativo por la construcción en un terreno con marcada pendiente y una capa freática superficial que genera una «ciénaga permanente». Los vecinos afirman, citando opiniones de agrónomos, que el suelo no es apto para construir.
Falta de transparencia: Denuncian ausencia de información sobre estudios de impacto ambiental y falta de respuestas de las autoridades municipales.
Incertidumbre actual y pedidos de intervención

Los residentes han enviado notas formales a la Dirección de Espacios Verdes, la Dirección General de Obras Públicas y el Concejo Deliberante capitalino en busca de respuestas, sin haberlas recibido al momento de la publicación del artículo de Jujuy Dice.
La situación actual evidencia una desconexión entre el proceso técnico-administrativo completado hace una década y las preocupaciones ambientales y de seguridad de la comunidad. No hay certeza sobre si se implementará el proyecto premiado en 2015 o si la comercialización actual responde a una nueva estrategia de desarrollo.
Un conflicto entre visiones de ciudad
El caso de la Barranca de Castañeda ilustra la tensión entre diferentes concepciones sobre el desarrollo urbano. Por un lado, arquitectos y autoridades municipales presentaron en 2015 una propuesta técnicamente elaborada que buscaba equilibrar intereses privados con beneficios públicos, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental y conectividad urbana.
Por otro lado, la comunidad defiende un espacio que, aunque legalmente privado, ha funcionado de facto como área verde pública durante décadas, configurando una memoria colectiva que choca con los planes de urbanización.
Fórbice había planteado en 2015 el desafío de «transformar un área que todavía conserva rasgos patológicos en algo positivo», mientras que Jorge destacó que el proyecto representaba un «avance muy importante» frente al loteo tradicional.
Sin embargo, diez años después, el proyecto permanece en un limbo entre la planificación arquitectónica premiada y la resistencia social, planteando interrogantes sobre cómo equilibrar el derecho de propiedad privada, las necesidades de desarrollo urbano y las demandas comunitarias de preservación ambiental en una ciudad en crecimiento.
El destino final de la Barranca de Castañeda permanece incierto, mientras vecinos, autoridades y propietarios mantienen posiciones que hasta el momento no han logrado encontrar un punto de convergencia.

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