AGN expone irregularidades en la UNJu: problemas persistentes desde 2016

Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) ha puesto de manifiesto que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) no ha logrado corregir la mayoría de las falencias detectadas en una auditoría anterior realizada en 2016. A pesar de las múltiples observaciones y advertencias formuladas en ese momento, el nuevo relevamiento, realizado en 2021 y aprobado en 2024, ha revelado que la institución “tuvo un escaso cumplimiento”: de 56 recomendaciones efectuadas, apenas 13 fueron implementadas, dos se cumplieron parcialmente y 41 continúan sin resolverse.

Contexto de la auditoría

Según publicó el portal El Auditor, la auditoría de 2016 había expuesto serias debilidades en la estructura organizativa, en la administración de recursos, en el manejo de cuentas bancarias y en los procesos de compras y contrataciones. Cinco años después, los principales problemas continúan vigentes, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión y el futuro de la UNJu.

Estructura desordenada y falta de control interno

Uno de los puntos críticos que ya había sido señalado en 2016 es la falta de una estructura organizativa integral que defina claramente las funciones de cada área. Esto incide desfavorablemente en el deslinde de las responsabilidades y en la exigibilidad de su cumplimiento a los agentes. La insuficiencia de un organigrama actualizado y una asignación precisa de tareas impactan negativamente en el control y la eficiencia del funcionamiento de la UNJu.

La auditoría también destaca la insuficiencia de personal en la Unidad de Auditoría Interna (UAI), lo que limita las posibilidades de control interno. Según el informe, “los recursos necesarios para desarrollar tareas adecuadas de control frente a la magnitud y a la complejidad del universo a auditar son insuficientes”.

Además, la UNJu continúa sin cumplir la Ley 22.431, que establece el Sistema de Protección Integral de personas con discapacidad. Según la auditoría, “el porcentaje de cumplimiento es del 0.189%, por debajo del 4% señalado en el artículo”.

Irregularidades presupuestarias y falta de planificación

En materia presupuestaria, la situación también evidencia retrocesos. La Universidad todavía no ha creado un área de programación presupuestaria, necesaria para la planificación y ejecución ordenada de los recursos.

Las inconsistencias son notables: no se elaboran cálculos de recursos propios, los actos administrativos para modificar el presupuesto se realizan de forma extemporánea o directamente sin fecha, y se registran movimientos por montos millonarios sin el debido respaldo documental. Por ejemplo, “se verificó la falta de dictado de actos administrativos por modificaciones y/o reajuste de presupuesto por un monto total de $469.336.365,09”. Estos problemas reflejan una administración deficiente, carente de previsión y control, que incumple normas básicas de la Ley de Administración Financiera.

Cuentas bancarias y manejo de fondos: desorden y riesgos

El informe vuelve a poner de manifiesto el manejo poco organizado de las cuentas bancarias. La UNJu utiliza cuentas para fines distintos de los autorizados, no declara adecuadamente la tenencia de moneda extranjera y sigue registrando cheques antiguos sin depurar, acumulando montos millonarios que comprometen la disponibilidad y la transparencia de los fondos.

Incluso, pese a que había sido objetada en 2016, todavía existe una cuenta bancaria abierta a nombre de la Universidad que, en realidad, corresponde al Consejo de Rectores por la Integración de la subregión Centro Oeste de Sudamérica (CRISCOS). «En ese sentido, cabe poner de manifiesto que esa Institución no tiene, jurídicamente ni orgánicamente, dependencia alguna con la UNJu», indicó el informe.

Compras y contrataciones: prácticas que esquivan los controles

Uno de los hallazgos relevantes es la persistencia de prácticas irregulares en las compras y contrataciones. El nuevo informe evidencia que la Universidad sigue utilizando, de manera generalizada, el mecanismo de «reconocimiento de gastos» para validar pagos ya efectuados, sin haber realizado los procedimientos de contratación correspondientes. Durante el ejercicio 2021, se aprobaron 545 gastos “bajo la figura de reconocimiento de gasto o cancelación de facturas” por un total de $23.206.074, y “sin cumplir con la reglamentación de adquisición de bienes y servicios del Estado Nacional”, lo que evidencia una tendencia a esquivar los mecanismos de licitación y competencia previstos por la normativa nacional.

A esto se suma la emisión de órdenes de compra sin la debida autorización y la adjudicación directa de obras sin cumplir con los procedimientos legales de contratación pública. Estas prácticas no solo comprometen la transparencia de la gestión, sino que también generan un ambiente propicio para la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.

Reacciones y declaraciones

Ante la publicación del informe, varios actores de la comunidad educativa y política de Jujuy han expresado su preocupación. La rectora de la UNJu, en una declaración reciente, afirmó que “la universidad está comprometida con la mejora continua y tomará las medidas necesarias para abordar las observaciones realizadas por la AGN”. Sin embargo, muchos críticos sostienen que las promesas de cambio no se han traducido en acciones concretas.

Por su parte, un legislador provincial, quien ha seguido de cerca la situación de la UNJu, comentó: “Es inaceptable que después de tantos años, la universidad no haya podido resolver problemas tan graves. Necesitamos una gestión más eficiente y responsable que garantice el uso adecuado de los recursos públicos”.

Implicaciones para la comunidad educativa

La falta de acción por parte de la UNJu no solo afecta a la administración de la institución, sino que también tiene repercusiones directas en la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes. La ineficiencia en la gestión de recursos puede traducirse en una menor inversión en infraestructura, programas académicos y servicios para los alumnos.

Además, la falta de cumplimiento con la Ley de Protección Integral de personas con discapacidad es un tema crítico que afecta a un sector vulnerable de la población. La comunidad educativa y la sociedad en general deben exigir que se tomen medidas para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación de calidad.

Conclusiones

El informe de la Auditoría General de la Nación sobre la Universidad Nacional de Jujuy revela una situación alarmante que requiere atención inmediata. La escasa implementación de las recomendaciones realizadas en 2016 pone de manifiesto la falta de compromiso por parte de la administración de la universidad para abordar las falencias detectadas.

Es fundamental que la UNJu tome medidas concretas para mejorar su gestión y cumplir con las normativas vigentes. La comunidad educativa, los legisladores y la sociedad civil deben trabajar juntos para exigir cambios y garantizar que la universidad cumpla con su misión de ofrecer una educación de calidad y accesible para todos.