La controversia sobre el manejo de la pauta oficial Jujuy alcanzó su punto crítico cuando el propio secretario de Comunicación, el C.P.N. Alberto Siufi, fue expuesto exigiendo la censura previa de una nota de portada al editor del semanario El Expreso de Jujuy.
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Un nuevo y grave escándalo institucional sacude la administración pública provincial a mediados de noviembre de 2026. La filtración de una grabación de audio enviada a través de WhatsApp puso al descubierto los mecanismos de presión y castigo financiero desplegados desde la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto.
En el registro sonoro, el funcionario provincial intercede de manera explícita para detener la difusión de un informe que abordaba la interna del radicalismo gobernante tras la dura interpelación parlamentaria al ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas. En la grabación, las declaraciones del vocero estatal resultan categóricas: “Me dicen que mañana sale una tapa del tema de Posadas y todo… Yo te pido en nombre mío y en nombre del gobernador que bajes eso. Nosotros necesitamos parar esto”.
Lejos de tratarse de una simple sugerencia privada, Alberto Siufi admitió las tensiones políticas en el Poder Ejecutivo sosteniendo que “los problemas internos también existen, los problemas internos no te lo niego y sé que te tienen que estar hablando todo lo que vos quieras, pero nosotros necesitamos parar”, para luego confesar las maniobras de retención informativa de la cartera a su cargo: “no favorece a nadie la escalada de esta interna y venimos bloqueando todo”.
El mensaje concluyó con un pedido que desdibujó los límites de la ética pública: “si me aparecés con una tapa, la verdad me jodés mucho la vida. Te lo pido como una cuestión personal, sí, y de parte del gobernador también te lo pedimos encarecidamente”.
La repercusión política e institucional en la provincia fue inmediata. El reconocido abogado constitucionalista Vicente Casas calificó el hecho como un “intento de censura institucional” que evidencia una preocupante “degradación institucional” y la ausencia de división de poderes en Jujuy. En declaraciones periodísticas, Vicente Casas remarcó que “el funcionario que hizo eso mínimamente debería irse, o alguien pedirle la renuncia y asumir la responsabilidad política”, cuestionando además la habitual inacción de la Legislatura de Jujuy frente a los atropellos del Ejecutivo. En ese marco, diversos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados comenzaron a evaluar la presentación de una cuestión de privilegio para forzar la interpelación formal de Alberto Siufi en el recinto.
A su vez, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un durísimo pronunciamiento el 16 de noviembre de 2026, condenando formalmente el intento de censura previa y la posterior represalia económica sufrida por el medio gráfico. La entidad nacional remarcó que utilizar los recursos estatales como instrumento de coacción atenta severamente contra la libertad de expresión y la pluralidad de voces en el marco republicano.

El caso «El Expreso»: de la nota incómoda a la asfixia financiera

La cronología del conflicto entre el Gobierno provincial y el semanario independiente se remonta a las jornadas del 23 y 24 de octubre de 2026. Según consta en el informe del Monitoreo FOPEA, diversos funcionarios del Poder Ejecutivo comenzaron a realizar llamadas a los responsables del medio solicitando que retiraran la nota de tapa prevista para la Edición N.º 975. El argumento esgrimido por los emisores oficiales fue que la nota trataba sobre un asunto exclusivo de la «interna gubernamental» en el que la prensa no debía involucrarse.
Pese al pedido personal e institucional del secretario de Comunicación, la redacción de El Expreso de Jujuy decidió mantener su compromiso informativo con los lectores y confirmó la publicación. El semanario salió a la calle con el título de portada «Posadas y el descontrol…», desarrollado en páginas interiores bajo el encabezado «Posadas, incendio y después…», analizando el temblor político dejado por el paso del ministro Federico Posadas por la Legislatura.
La represalia del Poder Ejecutivo se ejecutó mediante la asfixia económica. De forma inmediata posterior a la distribución del ejemplar, el Gobierno cortó el envío del material publicitario que el medio recibía de forma habitual en sus ediciones semanales. Frente al silencio de las autoridades a los llamados telefónicos, el 12 de noviembre el semanario intimó formalmente al Poder Ejecutivo vía correo electrónico para regularizar el flujo de la pauta oficial Jujuy, bajo la advertencia explícita de iniciar acciones judiciales.
Ante los requerimientos del organismo nacional de monitoreo, Alberto Siufi rechazó las acusaciones de represalia y justificó la quita alegando una supuesta “readecuación presupuestaria y de criterios técnicos de difusión”. Sin embargo, el funcionario no presentó documentación respaldatoria ni se pronunció sobre el audio difundido. FOPEA desestimó la explicación gubernamental dada la coincidencia temporal de los hechos y recordó la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el fallo “Editorial Río Negro S.A. c/ Provincia de Neuquén” (2007), donde se establece que el Estado tiene prohibido utilizar los fondos públicos de propaganda como un castigo editorial.
«No te lo sé decir»: el reparto de los $2.000 millones y la firma de Siufi

El intento de censura contra la prensa escrita destapó una trama más amplia vinculada al manejo opaco de los recursos económicos. El 3 de noviembre de 2026, durante una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, los cronistas del medio Jujuy al Momento e interrogantes de Canal 2 cuestionaron a Alberto Siufi sobre la extrema concentración en la asignación de la pauta oficial Jujuy.
Planillas oficiales requeridas por la oposición revelaron que, sobre una partida global de $3.200 millones presupuestados para la Secretaría de Comunicación, una suma superior a los $2.000 millones (equivalente al 65% del total) fue dirigida a tan solo 5 grupos mediáticos alineados con la gestión de gobierno.
Al ser consultado sobre las métricas técnicas o parámetros de audiencia que justificaban semejante favoritismo hacia plataformas de reciente creación como Coso Stream y Circular Info, Alberto Siufi ensayó una contradictoria respuesta institucional: “Sobre el criterio de cómo se distribuye no te lo sé decir porque son números del año 2025 y yo no estaba en este tema”. Segundos después, el vocero clausuró la indagatoria de forma tajante: “No vamos a hablar sobre este tema”, agregando además su malestar por la difusión de los datos: “Nunca hemos pensado que esto se hacía únicamente para el escarnio o para ser utilizado políticamente. No es normal que se anden publicando este tipo de cosas”.

La declaración del funcionario colisiona de lleno con los registros documentales. Las planillas oficiales de liquidación del ejercicio 2025 llevan la firma de puño y letra y el sello de verificado del propio Alberto Siufi. Más aún, los informes contables revelan que el actual secretario figura registrando siete órdenes de pago a su nombre como persona física (Siufi Alberto) durante 2025 por un acumulado de entre $8,6 millones y $14,9 millones (destacándose la Orden de Pago 82 por $1.659.600 con fecha del 10 de abril de 2025). Administrar el presupuesto oficial y argumentar desconocimiento sobre planillas que llevan su propia firma constituye un punto crítico de la gestión de la pauta oficial Jujuy.
A continuación, se detalla la concentración presupuestaria hacia los principales grupos favorecidos por el esquema oficial:
Grupo / Medio beneficiario | Monto Proyectado / Acumulado ($ ARS) | Detalle / Observaciones |
| Editora S.A. (El Tribuno de Jujuy) | $654.144.133 | Medio tradicional de amplia grilla territorial. |
| Circular S.A.S. (Circular Info y COSO) | $622.121.000 | Vinculada al ex CM provincial Mario Agustín Valdez; absorbe casi la mitad del presupuesto analizado destinado al segmento de nuevos medios digitales y plataformas de streaming. |
| TV Music House Jujuy S.R.L. (El Cuatro, Todo Jujuy, Radio City | $281.873.000 | Grupo audiovisual alineado a la agenda del Ejecutivo. |
| Radio Visión Jujuy S.A. (Canal 7, AM630, Somos Jujuy) | $278.324.000 | Empresa tradicional de radiodifusión provincial. |
| Medios S.A.S. (Red Estación Latina) | $104.430.000 | Emprendimiento de difusión digital. |
Disparidades y la regla del 68%: Jujuy a la cabeza de la dependencia estatal

La distribución de los fondos estatales expone una brecha en la estructura periodística provincial. Mientras las empresas hegemónicas perciben transferencias periódicas de entre $3 millones y $20 millones, la red de comunicadores del interior, periódicos comunitarios y medios autogestivos reciben montos que oscilan entre los $60.000 y $90.000 mensuales.
Esta disparidad ratifica las conclusiones del estudio elaborado por FOPEA y la Fundación Gabo. Según el relevamiento nacional, Jujuy encabeza el ranking del país en dependencia financiera mediática respecto del Estado, alcanzando un 68,23%. Asimismo, el 30,8% del empleo periodístico provincial depende directamente de contratos o partidas públicas de la pauta oficial Jujuy, cifra que duplica la media nacional del 12,2%.
Diversas personalidades de la política y de organizaciones sociales expresaron su rechazo ante este panorama expuesto por el portal Jujuy Dice:
- El diputado provincial Gastón Remy (Frente de Izquierda) tildó las cifras de «obscenas», señalando que responden a un esquema de blindaje informativo. Gastón Remy exigió que estos millonarios recursos sean reorientados de inmediato a la compra de tomógrafos, obras de pavimentación y la reactivación de viviendas sociales.
- El titular del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores (CODECUC), Alejandro Mur, presentó un pedido formal de Acceso a la Información Pública bajo el amparo de la Ley 5.886. La presentación, dirigida al gobernador Carlos Sadir y al intendente Raúl Jorge, exige transparentar las fórmulas de reparto y aclarar los cobros individuales efectuados por el funcionario. Alejandro Mur denunció enfáticamente que el problema de fondo es que el Estado está «pagando a los medios para que no informen la realidad», lo cual contrasta frontalmente con la promesa pública de Carlos Sadir de sostener un «gobierno de puertas abiertas».
- Desde La Libertad Avanza en Palpalá, Ramiro Petrizzi cuestionó la ejecución de $3.327 millones en publicidad estatal en un contexto de profundas deficiencias en la infraestructura municipal y los servicios básicos de la provincia.
Antecedentes históricos y el rol del Poder Legislativo

El escenario que enfrenta la gestión de Alberto Siufi guarda un claro paralelismo con los acontecimientos institucionales de 2017. En aquel año, el entonces gobernador Gerardo Morales le solicitó la renuncia al secretario de Comunicación Raúl García Goyena, tras la filtración de grabaciones en las que el exfuncionario explicaba el manejo arbitrario del presupuesto publicitario con la frase: “Voy a hacer que se arrodillen”.
El presente caso coloca en una encrucijada las promesas de transparencia del Poder Ejecutivo. Semanas atrás, durante la interpelación parlamentaria al ministro Federico Posadas, tanto el gobernador Carlos Sadir como el vicegobernador Alberto Bernis defendieron la apertura institucional asegurando que “cuando se requiere que un funcionario dé explicaciones, ahí está”. La solicitud de interpelación impulsada por la oposición a raíz del audio filtrado pondrá a prueba si esa premisa se aplica al control de la pauta oficial Jujuy o si prevalece el blindaje político sobre el vocero estatal.
Las preguntas que siguen sin respuesta en el Salón Blanco

El entramado expuesto en la administración provincial deja abiertos interrogantes fundamentales que el Gobierno de Jujuy aún se niega a responder:
- Criterio técnico: La inexistencia de una fórmula objetiva que diferencie la asignación de fondos entre proyectos de streaming recientes con métricas dudosas y medios tradicionales de gran despliegue operativo.
- Conflicto de interés: La falta de aclaración institucional sobre las órdenes de pago emitidas a nombre del propio funcionario encargado de administrar la distribución de la pauta oficial Jujuy.
- Responsabilidad política: El silencio del Gobernador frente a un funcionario que utilizó el nombre del primer mandatario provincial para exigir la supresión de tapas periodísticas incómodas.
Mientras las conferencias de prensa oficiales prefieren desviar la atención hacia los partes sobre bacheo en la Ruta Nacional 9 o anuncios de servicios del PAMI, la gestión de los recursos públicos de comunicación continúa operando sin un reglamento transparente. La información pública no es una concesión del gobierno de turno ni un cheque en blanco; es un derecho de la ciudadanía jujeña que no se compra ni se censura.
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