En un escenario cruzado por severos ahogos financieros locales y el prematuro encendido de los motores electorales hacia 2027, la política municipal jujeña ha resuelto abrir un nuevo frente de debate institucional. Seis jefes comunales acordaron de manera unificada interceder ante la Legislatura provincial para solicitar la rápida reglamentación e incorporación de la figura del viceintendente en Jujuy.
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La movida del bloque oficialista reunió a Raúl «Chuli» Jorge (San Salvador de Jujuy), Dante Aníbal Velázquez (La Quiaca), Oscar Jayat (Libertador General San Martín), Rolando Ficoseco (Perico), Víctor Hugo González (El Carmen) y Luciano Moreira (Monterrico). El argumento central expuesto en el anteproyecto elevado al parlamento jujeño sostiene que dotar a las fórmulas municipales de un segundo al mando —quien pasaría a presidir directamente el Concejo Deliberante— aportará previsibilidad y paz democrática a las gestiones comunales, erradicando los recurrentes y desgastantes choques con las bancadas legislativas.
Sin embargo, detrás del ropaje del ordenamiento institucional, la propuesta ha abierto de inmediato un incisivo interrogante en la opinión pública. La ciudadanía observa cómo la dirigencia política exhibe una inusitada agilidad normativa para multiplicar los cargos del esquema ejecutivo justo cuando las arcas municipales languidecen, la infraestructura urbana se deteriora y los servicios esenciales demandan auxilio urgente.
El frente de los 6 intendentes y la reforma constitucional de 2023

La avanzada territorial para consagrar la viceintendencia no es un brote espontáneo, sino la maduración de una rendija legal abierta durante la reforma de la carta magna jujeña. El proyecto busca dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 207 de la Constitución provincial reformada en 2023, un precepto cuya discusión de origen fue documentada en su momento por el reporte periodístico de Todo Jujuy.
Durante las deliberaciones de la Convención Constituyente, específicamente en la Comisión de Régimen Electoral y Régimen Municipal —presidida por Lisandro Aguiar junto a Amelia de Dios—, se examinó el modelo institucional de la provincia de Córdoba. En aquella oportunidad, el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola, expuso ante los convencionales que la fórmula cordobesa permitía resolver de raíz los episodios de ingobernabilidad local, ya que el compañero de lista presidiendo el Concejo Deliberante neutraliza de manera natural las parálisis deliberativas que año a año traban las comunas y comisiones municipales jujeñas.
Un matiz institucional insoslayable distingue a las ciudades firmantes del anteproyecto. Tal como lo subrayó el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, tres de los municipios representados en la mesa de concertación —la propia capital provincial, Libertador y Perico— forman parte del acotado grupo de cinco ciudades jujeñas que poseen su propia Carta Orgánica redactada.
A este núcleo de municipios autónomos se sumaron las comunas de La Quiaca, El Carmen y Monterrico, gobernadas por la Ley Orgánica de Municipios. Para este conjunto heterogéneo de localidades, la falta de una ley de reglamentación general dictada por la Legislatura ha dejado el texto constitucional de 2023 en una meseta de inacción que los intendentes pretenden resolver con presteza antes del turno electoral de 2027.
En el plano del discurso político, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge, se erigió en el decano del reclamo al recordar que viene sosteniendo la necesidad de esta figura colegiada desde hace más de tres décadas. Jorge remarcó que someter la fórmula de gobierno comunal al voto popular directo dotará a los municipios de una solidez democrática indispensable.
En una sintonía similar, Dante Velázquez (La Quiaca) argumentó que la reglamentación permitirá delimitar de forma rigurosa las responsabilidades de cada poder, posibilitando que las bancadas legislativas trabajen estrictamente en la producción de ordenanzas sin colisionar permanentemente con las competencias del Departamento Ejecutivo.
A su turno, Rolando Ficoseco (Perico) y Víctor Hugo González (El Carmen) encuadraron el movimiento dentro del estricto cumplimiento del mandato constitucional, sosteniendo que el debate parlamentario trasciende las eventuales aspiraciones de reelección personal de los alcaldes de turno para proyectar una estructura institucional estable hacia el futuro. Finalmente, Luciano Moreira (Monterrico) calificó la iniciativa como una medida de radical importancia para terminar con la «triste historia» de enfrentamientos coyunturales entre concejales y jefes comunales cada vez que se deben renovar los sillones de conducción edilicia.
No obstante, el análisis analítico de este armado institucional expone una reconfiguración drástica del poder territorial. Como fue advertido en el análisis político publicado por La Voz de Jujuy, el trasfondo del debate reside en cómo «la figura coloca a una autoridad elegida en la misma fórmula del intendente al frente del órgano legislativo local», un mecanismo que modifica de forma sustancial el reparto del poder municipal y restringe el margen de maniobra de la oposición legislativa.
El aval de Carlos Sadir para crear el cargo de viceintendente en Jujuy y la incógnita presupuestaria
La iniciativa legislativa para consagrar al viceintendente en Jujuy obtuvo un espaldarazo clave de la cima del Poder Ejecutivo. El gobernador Carlos Sadir respaldó abiertamente la validez del anteproyecto municipal al considerar que la propuesta atiende un mandato explícito de la Constitución modificada y ofrece una salida institucional sensata para desactivar la permanente fricción política que desgasta a las gestiones locales.
Sadir razonó públicamente que fijar por cuatro años una autoridad electa al frente de las presidencias deliberativas resulta un avance evidente «para que no estén año a año en la discusión de elegir ya sea presidente de la comisión municipal, ya sea presidente del Concejo Deliberante; ya lo tenés seleccionado por cuatro años y la verdad que evitaría cuestiones de estar eligiendo año a año». Desde la mirada de la gobernabilidad oficialista, la medida pretende erradicar los tradicionales recambios de fin de año, caracterizados por negociaciones cruzadas, bloqueos parlamentarios y disputas de facción.
Sin embargo, el visto bueno político del Palacio de Gobierno dejó expuesto un llamativo y profundo vacío de precisiones financieras. Tal como se desprende de las revelaciones consignadas por El Expreso de Jujuy, el mandatario provincial evitó detallar el mecanismo de financiamiento o el origen de las partidas presupuestarias que deberán costear la ampliación de las estructuras comunales.
La creación de estos cargos no impactará sobre un erario provincial holgado, sino sobre municipios del interior fuertemente castigados por la caída de la recaudación y cuya subsistencia salarial básica depende casi de forma exclusiva del goteo diario de la coparticipación provincial.
Estructura, costos y el riesgo de subordinar los Concejos Deliberantes
La incorporación formal de la figura del viceintendente en Jujuy representa un impacto económico innegable sobre los maltrechos presupuestos locales. La institucionalización de este nuevo escalón de gobierno excede holgadamente la mera liquidación de un sueldo ejecutivo adicional, arrastrando la creación de un nuevo entramado burocrático en el seno del Poder Legislativo municipal.
La carga económica para las finanzas públicas y el contribuyente abarcará:
- Asignación del salario, Dietas y contribuciones patronales del nuevo viceintendente.
- Contratación de un cuerpo propio de asesores legales, técnicos y consultores políticos.
- Nombramientos directos de secretarios de despacho, directores de área y personal administrativo de gabinete.
- Habilitación de nuevos espacios físicos, despachos, mobiliario, equipamiento informático y partidas para logística operativa.
Más allá del peso monetario sobre las cuentas públicas, la arquitectura del proyecto abre un agudo debate sobre el equilibrio democrático de poderes. Al situar al propio compañero de fórmula del intendente a presidir el Concejo Deliberante —con potestad para manejar el orden del día, administrar la caja parlamentaria y desempatar votaciones neurálgicas—, se corre el riesgo de transformar al órgano fiscalizador en una mera escribanía del Ejecutivo. La independencia del cuerpo deliberativo corre así el peligro de ser neutralizada en nombre de la «gobernabilidad», debilitando la auditoría republicana sobre el uso de los fondos públicos comunales.
Oposición local, repudio ciudadano y la Ley de Coparticipación olvidada
La velocidad con la que se pretende aprobar la figura del viceintendente en Jujuy desató una fuerte resistencia en las bancadas opositoras del interior. En la ciudad de El Carmen, el concejal Adrián Mendieta denunció abiertamente la «urgencia» del intendente Víctor Hugo González y sus pares continentales. Mendieta recordó que el artículo 207 de la Constitución de 2023 establece una facultad potestativa, pero bajo ningún punto de vista impone la obligatoriedad de crear el cargo en cada municipio.
El edil del interior expuso una sospecha central sobre la oportunidad política del proyecto: la maniobra respondería al temor de varios intendentes de perder el control de la presidencia de sus respectivos concejos deliberantes antes de las elecciones de 2027.
Mediante la instauración de una fórmula cerrada en la boleta ejecutiva, los jefes comunales buscarían garantizarse de antemano el mando del cuerpo legislativo sin depender de las cambiantes mayorías de los bloques. Asimismo, Mendieta remarcó una paradoja hiriente dentro de la agenda de la Legislatura provincial: mientras la dirigencia acelera el armado de nuevos sillones ejecutivos, el debate para sancionar una nueva Ley de Coparticipación Municipal —reclamo histórico para terminar con la discrecionalidad en el reparto de fondos— permanece congelado hace años en los cajones parlamentarios.
Por su parte, el descontento social ha encontrado eco en amplios sectores de la comunidad, según lo reportado por portales de noticias locales como Que Pasa Jujuy y Diario Jujuy. La ciudadanía ha manifestado un contundente repudio ante una iniciativa percibida como desconectada de la realidad social.
En medio de reclamos cotidianos por baches, falta de alumbrado, paros en el servicio de transporte urbano y salarios municipales rezagados, los vecinos advierten que la figura del viceintendente en Jujuy amenaza con convertirse en una vía de escape para financiar el nepótiqo acomodo de dirigentes políticos salientes, multiplicando las estructuras defensivas del oficialismo a costa del erario público.
Oportunismo electoralista en medio de tensiones socio-políticas
El impulso definitivo para instituir al viceintendente en Jujuy de cara al turno electoral de 2027 ha ingresado en su etapa definitoria en la Cámara de Diputados de la provincia. Mientras la coalición de los seis intendentes defiende la viabilidad del anteproyecto como el único remedio eficaz contra la ingobernabilidad y las peleas parlamentarias, la oposición y la ciudadanía cuestionan con severidad la oportunidad, la intencionalidad política y el origen de los recursos.
En una provincia que atraviesa profundos reajustes económicos, la discusión parlamentaria que se avecina pondrá a prueba las verdaderas prioridades de la clase política: determinar si la gobernabilidad municipal requiere multiplicar la burocracia estatal o si es tiempo de atender las exigencias de los contribuyentes que sostienen el funcionamiento de las ciudades.
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