El Juzgado Federal N° 1 de Jujuy sacudió este jueves el tablero político del noroeste argentino con una resolución de profundo impacto institucional: dispuso la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) – Distrito Jujuy por un plazo de 180 días y designó como interventor al dirigente salteño Ricardo Guillermo Villada, exministro de Gobierno de la provincia de Salta y hombre de estrecha confianza del gobernador Gustavo Sáenz.
La resolución, firmada el 9 de abril de 2026 por el juez Esteban Eduardo Hansen, declara además la nulidad de las Resoluciones N° 2 y 3 del año 2026 dictadas por los hasta ahora interventores partidarios, al considerar que vulneraron derechos fundamentales de los afiliados.
La decisión desplaza de manera inmediata a Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, los dos referentes del kirchnerismo nacional que conducían el partido en Jujuy desde mediados de 2023 y que habían sido avalados en sus cargos por la actual presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.
Tres años de parálisis que terminaron en la justicia
El trasfondo del conflicto es una intervención partidaria que se extendía desde julio de 2023 y que, lejos de ordenar la vida interna del PJ jujeño, derivó en una seguidilla de decisiones contradictorias. A lo largo de ese período, las elecciones internas fueron convocadas, modificadas y suspendidas en reiteradas oportunidades, sin que se concretara ningún proceso efectivo de renovación de autoridades.
La cronología del fracaso institucional es elocuente. Las internas fueron programadas para noviembre de 2024, luego para marzo de 2025, posteriormente para noviembre de 2025, más tarde para febrero de 2026 y finalmente para el 24 de abril de 2026. El tribunal advirtió que, incluso con esa última fecha fijada, la intervención «no acreditó avances concretos en la organización de los comicios» y que el expediente abierto para ese proceso carecía de documentación que respaldara su realización. Para el magistrado, esta inacción revelaba una falta de voluntad real de normalizar el partido.
El texto del fallo es categórico: «La suspensión masiva de afiliados —carente de sustento procedimental— y la persistente dilación en la organización del proceso electoral no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones concurrentes de un mismo cuadro de anormalidad institucional, caracterizado por la restricción indebida de la participación política interna y la postergación indefinida de los mecanismos democráticos de renovación de autoridades.»
La purga de los 300: suspensiones sin garantías
Uno de los hallazgos más graves que fundamentan la intervención judicial es la detección de una maniobra de exclusión masiva. Bajo las Resoluciones N° 2 y 3 de 2026, los interventores salientes habían dispuesto la suspensión de más de 300 afiliados, entre ellos figuras de peso como el senador Rubén Armando Rivarola, el exlegislador Guillermo Jenefes y la propia senadora nacional Carolina Moisés.
El juez Hansen fue contundente: determinó que estas sanciones se aplicaron «al margen de toda garantía procedimental mínima», sin cargos concretos ni posibilidad de descargo, lo que constituye una violación directa al debido proceso.
El tribunal cuestionó además la decisión de los interventores de cancelar el proceso electoral en curso y convocar a nuevos comicios sin restituir previamente los derechos de los afiliados suspendidos. Para la Justicia, esta maniobra implicó una restricción sustancial de los derechos políticos intrapartidarios y alteró las condiciones de competencia.
Las voces que impulsaron el reclamo judicial
La presentación ante la Justicia Federal fue impulsada por distintos sectores del peronismo local que se sentían proscriptos por la conducción kirchnerista. Según confirmó La Nación, la senadora Moisés incluso propuso a Villada como interventor en una terna que analizó el juez, que incluía también nombres alineados con Rivarola y con Jenefes.
La propia Moisés fue una de las voces más críticas contra la gestión saliente. En declaraciones reproducidas por Noticias Argentinas, la legisladora sostuvo: «Solicitamos a la Justicia Federal que garantice nuestros derechos a participar y elegir nuestras autoridades partidarias, cosa que debían hacer los interventores puestos por CFK y boicotearon cada convocatoria a elecciones, suspendieron reiteradamente las internas, hasta llegar a echar del PJ por su capricho a toda la estructura territorial del peronismo en Jujuy.»
Y celebró el fallo con una convocatoria al diálogo: «Hoy logramos que se vayan los interventores de Buenos Aires puestos por La Cámpora, hoy empezamos a recuperar nuestro partido para hacerlo fuerte, para hacerlo ganador, para defender a los jujeños en cada banca que ocupemos, para gobernar Jujuy. Lo vamos a lograr a través del diálogo honesto entre todas las partes.»
Villada: un perfil salteño para normalizar el partido
El Juzgado Federal N° 1 designó al frente del partido a Ricardo Villada, exministro de Gobierno de Salta y actual funcionario ad honorem de la gobernación, con clara alineación con el gobernador Gustavo Sáenz.
Su mandato como delegado normalizador y auxiliar de la justicia es preciso: debe garantizar condiciones de participación igualitaria para todas las corrientes internas, integrar la Junta Electoral Partidaria con representantes de los distintos sectores y organizar elecciones internas libres y transparentes dentro de los 180 días establecidos. El interventor Villada está además obligado a presentar informes quincenales al juzgado, detallando el avance concreto de la normalización y el cronograma electoral que debe derivar en la renovación legítima de autoridades.
La designación de un dirigente con raíces salteñas y vinculación directa con Sáenz marca un giro estratégico en el mapa del peronismo regional: el PJ jujeño sale de la órbita de la conducción kirchnerista metropolitana para integrarse en un esquema de poder más alineado con el federalismo pragmático del NOA.
El PJ Nacional prepara la apelación
La decisión judicial no está exenta de controversia. Desde el PJ nacional, cuya defensa legal encabeza Patricia Blanco, ya anticipan impugnaciones basadas en la «incompetencia» del juez Hansen para tomar esa decisión. El choque de jurisdicciones no es menor: en el esquema legal del PJ, las intervenciones partidarias tienen un circuito institucional que pasa por el Consejo Nacional y la justicia electoral de Capital Federal.
Los referentes provinciales Leila Chaher (exdiputada nacional) y Guillermo Snopek (actual diputado nacional) son los dirigentes más importantes del PJ jujeño alineados con Cristina Kirchner. «Nombraron a una persona ligada a la política, que es lo peor que puede pasar», señaló a La Nación un dirigente vinculado a la conducción nacional al referirse al nuevo interventor.
Los 180 días que definirán el futuro del peronismo jujeño
La resolución toma en cuenta que el mandato de los actuales interventores vencía el 20 de mayo de 2026, lo que reforzaba la necesidad de una salida institucional ordenada en el corto plazo. Con el reloj en marcha, Ricardo Villada asume el desafío más urgente: hacer en seis meses lo que la conducción kirchnerista no logró en casi tres años, esto es, devolverle al peronismo jujeño su capacidad democrática interna.
La Justicia fue categórica en su diagnóstico: la intervención judicial no es un castigo, sino el único mecanismo disponible para salvar la personería política de un partido que se encontraba al borde de la parálisis definitiva. Ahora, la pelota queda en el campo de los propios dirigentes peronistas de Jujuy, convocados a demostrar que pueden superar sus diferencias y reconstruir una estructura representativa, legítima y competitiva de cara al ciclo electoral que se aproxima.
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