El gobernador Carlos Sadir tomó juramento el 13 de marzo de 2026 al abogado y exfiscal Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad Pública, en reemplazo del coronel retirado Juan Manuel Pulleiro, cuya renuncia fue aceptada dos días antes mediante el decreto N° 5090-JG. El cambio de mando se produce en el peor momento institucional que atraviesa la fuerza en años: protestas violentas frente a la Casa de Gobierno, rejas del edificio histórico arrancadas por los propios manifestantes y una crisis salarial que expuso las fracturas más profundas del sistema de seguridad provincial.
La chispa que encendió el polvorín fue el conocimiento de aumentos diferenciados del 70% para la plana mayor de la Policía —Jefatura incluida— y del 35% para custodios del gobernador y efectivos del CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales), beneficios que fueron suspendidos ante el escándalo. La tropa de base, que enfrenta el delito en los barrios más conflictivos de la provincia con haberes pulverizados por la inflación, interpretó esa maniobra como una traición inaceptable.
Los manifestantes presentaron un petitorio que solicitaba un aumento del 50%: 30% al sueldo básico y 20% en ítems adicionales, y exigieron además la salida del secretario Pulleiro y del jefe de Policía, Milton Sánchez, señalados como responsables de los denominados «aumentos VIP».
La caída de Pulleiro: un colapso anunciado
El punto más álgido de la crisis se registró cuando un grupo de manifestantes —familiares de policías activos y retirados— se movilizó hasta la Casa de Gobierno, mientras el gobernador Carlos Sadir se encontraba en Estados Unidos formando parte de una comitiva junto al presidente Javier Milei. La imagen de las rejas del edificio histórico arrancadas por quienes debían custodiarlas condensó simbólicamente el nivel de quiebre institucional alcanzado.
A la crisis salarial se sumó otra decisión que generó fuerte malestar interno: días antes de su renuncia, Pulleiro autorizó mediante resolución ministerial el ingreso de 25 nuevos agentes, once de ellos oriundos de la provincia de Salta, cuando la formación regular demanda aproximadamente dos años y medio. La medida fue interpretada como una afrenta adicional a una fuerza ya al límite de su paciencia.
El coronel retirado arrastraba cuestionamientos incluso antes de asumir el área. Las organizaciones de derechos humanos objetaron sus declaraciones durante su etapa en el Ejército, en las que reivindicó el accionar militar en Manchalá, y también sus homenajes a militares que participaron del Operativo Independencia en Tucumán. Ese lastre simbólico le restó legitimidad ante amplios sectores desde el primer día.
En respuesta al estallido, el propio Pulleiro anunció que las resoluciones que establecían los incrementos diferenciados quedarían sin efecto, lo que permitió descomprimir la protesta de manera momentánea. Pero el daño ya estaba hecho: su imagen dentro de la fuerza era irreparable.
Gil Urquiola: el perfil técnico-judicial que apuesta al diálogo
Tras asumir el cargo, el nuevo secretario brindó sus primeras declaraciones reconociendo el estado de situación: «Es un momento muy importante, me encuentro con una cartera muy complicada, y voy a dar lo mejor de mi persona y confiaré en todo el equipo. Siguiendo los lineamientos que me indicó el Gobernador, apostaré al diálogo y, a través de ese medio, podremos llegar a distintos acuerdos, sobre todo en la parte operativa», según informó Somos Jujuy.
El perfil del nuevo funcionario contrasta radicalmente con el de su antecesor. Gil Urquiola es un hombre de los tribunales: durante seis años se desempeñó como fiscal en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde protagonizó causas de alto impacto. Fue el estratega de la «Causa Horizonte», mediante la que desarticuló una asociación ilícita liderada por Julio Aldecoa que estafó a más de 700 familias jujeñas. También tuvo un papel central en el juicio político contra el entonces procurador Sergio Lello Sánchez en 2025, lo que le valió una imagen de «institucionalista» ante el Ejecutivo provincial.
Al momento de la jura, el gobernador Sadir fundamentó la designación en términos personales y de confianza: «Tengo plena confianza en él. Conozco y sé de la tarea que ha realizado en todos estos años en la policía y en los distintos ámbitos que le tocó actuar. Posee una experiencia vasta en todo lo que es la materia de la seguridad», expresó el mandatario, según consignó El Libertario.
El acto de asunción, realizado en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, contó con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis, diputados provinciales, ministros del Poder Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola, y el Procurador General del MPA, Alejandro Bosatti.
El flamante secretario trazó cuatro ejes principales para su gestión: atención prioritaria a los planteos salariales del personal policial y penitenciario; reorganización operativa de los recursos disponibles; profundización de la lucha contra el narcotráfico en coordinación con fuerzas federales; y reconfiguración de la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.
Las voces críticas: entre la idoneidad cuestionada y las «cajas» sin transparentar
No todo es respaldo al nuevo funcionario. Desde la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), su referente Luis Miranda elevó objeciones que van más allá de los nombres propios y apuntan a la arquitectura institucional misma.
Miranda cuestionó que el área continúe con rango de Secretaría y no de Ministerio de pleno derecho, lo que —según su análisis— limita la capacidad del funcionario para dictar actos administrativos con plena legitimidad: «¿Por qué no pasó esto? Evidentemente, o bien están pensando en designar a otra persona como ministro de Seguridad, o bien directamente consideran que no es necesario», advirtió el dirigente sindical.
Sobre el perfil específico de Gil Urquiola, el referente de la FASIPP fue directo: «El hombre puede saber de defensa, pero no sabe de estrategia, táctica, seguridad». La brecha entre la experiencia judicial y la gestión operativa de una fuerza policial en crisis es, para este sector, un abismo que ningún expediente puede cerrar.
El cuadro de situación material que describe Miranda es elocuente por sí solo: comisarías con goteras, muebles destruidos, sin calefacción; efectivos que llevan sus propias computadoras e impresoras desde sus hogares para poder redactar un acta de denuncia; y condiciones de descanso que, en sus palabras, «ni un perro quisiera». Mientras tanto, el Estado provincial exhibe una voracidad recaudatoria intacta a través de la Justicia Contravencional, la Seguridad Vial y la Tasa Vial —el impuesto al combustible que impacta directamente en el bolsillo ciudadano—, áreas que ahora quedan bajo la órbita directa del nuevo secretario.
La pregunta que instala la crisis en toda su crudeza no es técnica sino política: ¿cómo explicarle a un policía que los flujos millonarios de esas «cajas» no se traducen en su salario ni en el mantenimiento de su comisaría? El Ministerio ha sido señalado reiteradamente por funcionar como una «financiera» interna que deriva fondos hacia gastos reservados antes que hacia las condiciones de trabajo de la tropa.
El mandato de Sadir: auditoría total y prueba de fuego
El gobernador fue explícito respecto de lo que espera de su nuevo funcionario: una «reorganización profunda» y una auditoría integral de las cúpulas de la Policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario. Gil Urquiola tendrá la potestad de determinar, sobre la base de informes técnicos y no de lealtades políticas, quién continúa y quién abandona los cargos de conducción.
El Poder Ejecutivo precisó que el secretario quedará a cargo del Ministerio hasta tanto se designe formalmente a un ministro de seguridad de la provincia. Esta provisoriedad institucional alimenta las dudas sobre si el cambio es estructural o meramente cosmético.
Sadir, al rechazar los episodios de violencia, envió también un mensaje directo a la tropa: «Sepan todos nuestros agentes estatales que estamos para dialogar todo el tiempo, para hablar, para recibirlos. La manera en que vamos a salir adelante es trabajando, no con la violencia que no conduce a nada».
El nuevo secretario de Seguridad de Jujuy hereda, en suma, un polvorín con mecha corta. Su éxito o fracaso no se medirá por la cantidad de multas recaudadas ni por los informes técnicos archivados, sino por una pregunta mucho más concreta que formula la propia tropa policial cada día que sale a patrullar: ¿cuándo va a dejar de traer la computadora de su casa para poder trabajar?
Descubre más desde JUJUYGRÁFICO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.