El Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy dictó este sábado 7 de marzo de 2026 una resolución que sacude el escenario judicial y político de la provincia: el juez Rodolfo Fernández dispuso el sobreseimiento total y definitivo del exgobernador Eduardo Fellner y de otros doce imputados en la denominada Megacausa, la investigación que desde hace una década indaga el presunto desvío millonario de fondos públicos destinados a la construcción de 1.200 viviendas sociales. Al mismo tiempo, el magistrado confirmó que el proceso judicial continuará y avanzará hacia el juicio oral para un grupo de ocho acusados encabezados por la dirigente social Milagro Sala.
Según informó El Tribuno de Jujuy, la resolución firmada por Fernández aceptó los planteos de las defensas y desvinculó de manera definitiva a los trece imputados, aunque el expediente mantiene su curso para el grupo central de acusados. La causa investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial, encuadradas en la figura de fraude por administración infiel y asociación ilícita, con un monto estimado superior a los dos mil millones de pesos.
Los sobreseídos: figuras clave del poder político provincial
La nómina de imputados desvinculados definitivamente del proceso incluye a las figuras más prominentes de la política jujeña. Además de Fellner, quedaron fuera el actual intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge; el intendente de Ciudad Perico, Rolando Ficoseco; el exintendente de San Pedro, Julio Moisés; y los exjefes comunales Ramón Jorge Ale, Elsa Faustina Flores, Alberto Faustino Ortiz, Adrián Mendieta y Nilson Ortega, entre otros exfuncionarios. En total, trece personas desvinculadas de una causa que, durante años, los señaló como partícipes de uno de los despojos de fondos públicos más resonantes de la historia provincial.
El caso del exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luis Cosentini, quedó en un escalón intermedio: recibió un sobreseimiento parcial que lo desliga de los cargos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y asociación ilícita, pero permanece imputado por el delito de fraude a la administración pública, convirtiéndose en el único eslabón del gabinete provincial que aún debe rendir cuentas por la defraudación.
Milagro Sala y siete procesados, rumbo al juicio oral
La resolución judicial, sin embargo, no implica el cierre de la Megacausa. El juez Fernández rechazó los planteos de nulidad y los pedidos vinculados al plazo razonable del proceso presentados por las defensas de los imputados que continúan procesados. La dirigente social Milagro Sala, señalada por la fiscalía como presunta líder de la asociación ilícita, permanece imputada junto a José López —el exsecretario de Obras Públicas de la Nación célebre por el escándalo de los bolsos—, Germán Nivello, Héctor Carrizo y el expresidente del IVUJ, José Abregú. Completan la nómina las integrantes de la organización Túpac Amaru Gladys Noemí Díaz, Liliana Mirta Aizama y Claudia Alicia Trenque.
El expediente de la Megacausa es monumental en sus proporciones: acumula más de 50.000 fojas distribuidas en más de 90 cuerpos y 150 carpetas de prueba, producto de una investigación que abarca el período 2011-2015 y que sostiene que se diseñó una estructura estatal para desviar fondos nacionales hacia las cooperativas de Sala sin justificación jurídica ni legal suficiente, utilizando la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) como canal del desvío.
Las voces: entre el alivio procesal y la denuncia de persecución
Las reacciones no tardaron en manifestarse. El intendente de Ciudad Perico, Rolando Ficoseco, aprovechó su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante para referirse a su situación judicial. Según consignó Qué Pasa Jujuy, el jefe comunal sostuvo: «La justicia resolvió mi sobreseimiento, lo que implica que no existe vinculación con los hechos investigados. La causa fue utilizada como una herramienta de cuestionamiento político en mi contra.»
En el polo opuesto, el requerimiento de citación a juicio del MPA había descripto a Fellner con términos demoledores. Según el escrito fiscal: «Se erigió como el garante del despojo más fenomenal de fondos públicos que se recuerde en esta Provincia… el accionar desplegado no se efectuó en el marco de la legítima discrecionalidad política, sino animado por una inequívoca intención de favorecer los ilícitos.» Esa misma acusación quedó sin sustento procesal luego del fallo del sábado.
El derrumbe del MPA: la sombra de Lello Sánchez
El giro judicial de marzo de 2026 es imposible de entender sin mirar el contexto institucional que lo precedió. El 2 de octubre de 2025, el hasta entonces todopoderoso Procurador General del MPA, Sergio Lello Sánchez, y su adjunto, Ignacio Pasquini, presentaron sus renuncias indeclinables horas después de que la Legislatura provincial admitiera un pedido de juicio político en su contra.
Según detalló Infobae, el pedido de destitución incluyó cargos de abuso de autoridad, violencia de género y hostigamiento laboral, encubrimiento y violación de deberes de funcionario público. Se ordenaron allanamientos simultáneos en las oficinas del MPA y en el domicilio de Lello Sánchez.
Ante las consultas periodísticas, el gobernador Carlos Sadir minimizó el escándalo, declarando —según recogió Jujuy al Momento—: «Los funcionarios públicos, así como son designados, también pueden tomar la decisión de irse, de renunciar.»
El constitucionalista Vicente Casas había advertido que la renuncia del procurador era «la crónica de una muerte anunciada», señalando que la reforma constitucional de 2023 otorgó atribuciones desproporcionadas a determinados funcionarios «que prácticamente no han tenido control».
Una causa, dos velocidades: el debate sobre la selectividad judicial
El fallo del juez Fernández reabre, con fuerza renovada, el debate sobre la independencia y selectividad del Poder Judicial jujeño. La decisión de rechazar el argumento del «plazo razonable» para los imputados que continúan —entre ellos Sala, Díaz y Aizama— contrasta con el resultado práctico de los sobreseídos, cuyo paso del tiempo operó como una salida del proceso.
Para los defensores de Sala, la causa es desde su origen un instrumento de persecución política. Su abogada Alejandra Cejas ha sostenido en distintas instancias que «solamente en el ámbito de la provincia de Jujuy puede prosperar una causa sin pruebas, sin andamiaje probatorio», según declaraciones recogidas por El 1 Digital.
Para quienes sostienen la legitimidad de la investigación, en cambio, el proceso sigue siendo la única vía para responder una pregunta que permanece sin respuesta oficial: quién se quedó con los más de dos mil millones de pesos que llegaron a la provincia para construir viviendas que nunca existieron.
La Megacausa avanza ahora hacia el juicio oral con un elenco acotado, pero con una deuda histórica intacta: las 1.200 familias jujeñas que aguardaron hogares que nunca se construyeron siguen sin saber, a diez años del inicio de la investigación, quiénes son los responsables condenados por ese despojo.
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