Un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina (PFA) y el FBI de Estados Unidos logró desarticular en febrero de 2026 una masacre escolar que estaba siendo meticulosamente planificada por dos menores de edad desde diferentes puntos del país. Uno de los principales sospechosos residía en La Quiaca, Jujuy, en la frontera con Bolivia, mientras que el otro se encontraba en Miramar, provincia de Buenos Aires. Ambos adolescentes, que nunca se conocieron personalmente, coordinaban a través de redes sociales lo que pretendía ser un atentado masivo motivado por discursos de odio, antisemitismo y supremacía racial.
La investigación, que se extendió durante siete meses —desde julio de 2025 hasta febrero de 2026—, culminó con allanamientos simultáneos en cuatro puntos estratégicos del país: La Quiaca (Jujuy), Miramar, Quilmes y San Martín (Buenos Aires). Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron cuchillos de caza, municiones de armas de fuego, dispositivos electrónicos y material con simbología nazi, confirmando que el plan había trascendido la fantasía virtual para convertirse en una amenaza real e inminente.
Según informó el medio local TodoJujuy, el caso centró su atención en el menor residente en La Quiaca, quien mantenía contacto permanente con su cómplice de Buenos Aires para la planificación del ataque. Las autoridades judiciales han caratulado la causa como «Intimidación Pública» bajo la dirección del juez federal Santiago Inchausti, del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, y la intervención de la fiscal Laura Mazzaferri.
Alerta internacional: El FBI como centinela digital de Argentina
La cadena de eventos que evitó la tragedia comenzó en julio de 2025, cuando el FBI de Estados Unidos detectó conversaciones de «altísimo riesgo» en una red social reconocida. En esos intercambios, dos usuarios difundían mensajes de odio, contenido antisemita y expresiones de supremacía racial, manifestando explícitamente su intención de llevar adelante una masacre escolar en territorio argentino.
El organismo estadounidense remitió un informe clasificado directamente a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), liderada por el fiscal Horacio Azzolin. Según reveló Infobae, el reporte alertaba sobre la naturaleza extremista de las conversaciones y la planificación detallada de posibles hechos de violencia en colegios.
La cooperación internacional se activó inmediatamente. El Ministerio de Seguridad de la Nación supervisó el operativo, mientras que el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) coordinó las tareas de campo. La UFECI delegó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, cuyos agentes emplearon técnicas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) para rastrear a los sospechosos.
Fuentes judiciales confirmaron a La Nueva que «los sospechosos difundían mensajes de odio y supremacía racial en redes sociales», y que el monitoreo de estos discursos extremistas fue clave para detectar la amenaza antes de que se materializara.
La Quiaca en la mira: Radicalización sin fronteras geográficas
La particularidad del caso radica en la desconexión física pero hiperconexión ideológica de los implicados. El menor residente en La Quiaca, Jujuy, ubicada a más de 3.000 kilómetros de su cómplice en Miramar, jamás había tenido contacto presencial con él. Sin embargo, ambos compartían un cordón umbilical virtual de violencia alimentado por ecosistemas digitales radicalizados.
Mediante técnicas de OSINT, los analistas de la DUIA lograron cruzar metadatos y publicaciones públicas para transformar direcciones IP anónimas en ubicaciones físicas concretas. Así fue como detectaron que uno de los menores residía en la ciudad fronteriza de La Quiaca, demostrando que la radicalización juvenil no conoce límites geográficos ni socioeconómicos.
El 2 de febrero de 2026, la PFA ejecutó operativos simultáneos en cuatro puntos neurálgicos:
- La Quiaca (Jujuy): Domicilio del menor implicado en la frontera norte, que operaba desde la Puna jujeña.
- Miramar (Buenos Aires): Residencia del segundo menor y centro de operaciones digitales.
- San Martín (Buenos Aires): Punto vinculado a la logística y planificación táctica.
- Quilmes (Buenos Aires): Domicilio clave para el rastreo de comunicaciones y acopio de información.
Según reveló La Noticia 1, fuentes del caso explicaron: «Se logró identificar a los autores de las publicaciones. Uno vive en La Quiaca y otro en Miramar, pero como sus padres están separados, hubo posteos hechos en la localidad de Ezpeleta, en Quilmes, y en el partido de San Martín. Se determinó que era cuando viajaban para, uno ver a su madre y el otro a su padre».
En el procedimiento realizado en Jujuy, la PFA contó con el apoyo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca, asegurando la coordinación eficiente en la zona de frontera.
El arsenal del odio: Lo que encontraron en La Quiaca y Miramar
Las órdenes de allanamiento, firmadas por el juez Santiago Inchausti y respaldadas por la fiscal Laura Mazzaferri, permitieron a las fuerzas federales irrumpir en los domicilios de ambos menores. Lo hallado confirmó que el plan había abandonado la fase de fantasía para entrar en ejecución inminente.
Los elementos secuestrados incluyeron:
- Armamento blanco: Cuchillos de caza y armas blancas de gran porte.
- Municiones: Proyectiles de armas de fuego listos para ser utilizados.
- Dispositivos tecnológicos: Tres notebooks, una tablet y siete teléfonos celulares que contendrían la hoja de ruta completa del ataque.
- Simbología nazi: Banderas, documentos y objetos que exaltaban la supremacía racial como justificación ideológica de la violencia.
Fuentes judiciales subrayaron que «los sospechosos mostraban una marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi y glorificaban a distintos atacantes múltiples», según confirmó Aire Digital.
Los dispositivos electrónicos se encuentran bajo peritaje forense para reconstruir el plan detallado, determinar el grado de ejecución y establecer si existían vínculos con grupos extremistas o terroristas nacionales o internacionales.
Una epidemia silenciosa: 13 casos similares en dos años
Este operativo no es un evento aislado, sino un síntoma alarmante de una tendencia global. Según estadísticas oficiales del DUIA y el FBI, en los últimos dos años se han registrado al menos 13 casos similares en Argentina, todos protagonizados por menores de edad.
Los antecedentes recientes evidencian un patrón preocupante:
- Noviembre de 2025 (Caballito, CABA): Un adolescente de 16 años fue detenido tras anunciar un tiroteo escolar en la red social X. Se hallaron réplicas de subfusiles con nombres de tiradores masivos como Rafael Solich (autor de la masacre de Carmen de Patagones), Brenton Tarrant (Nueva Zelanda) y Anders Breivik (Noruega). También tenía instrucciones para fabricar cócteles Molotov y un plan de ataque previsto para ese mes. La causa fue llevada por la jueza María Romilda Servini y caratulada como «Intimidación Pública».
- Abril de 2025 (Ingeniero Maschwitz, Escobar): Cuatro estudiantes de entre 13 y 15 años crearon un grupo de WhatsApp llamado «Tiroteo escolar» para planificar un ataque armado contra su establecimiento. Fueron declarados inimputables debido a su edad.
- Septiembre de 2004 (Carmen de Patagones): La primera masacre escolar registrada en América Latina, donde un menor de 15 años mató a tres compañeros. Este trágico evento sigue siendo el «norte trágico» que muchos jóvenes radicalizados buscan emular.
Según reportó Minuto Uno, las fuerzas de seguridad advierten que «el comportamiento responde a una tendencia a nivel mundial vinculada a la radicalización juvenil a través de entornos digitales».
El perfil del atacante: Consumo de propaganda extremista
Los investigadores han identificado un patrón común en el perfil de los menores involucrados. Según reveló Infobae, se trata de adolescentes que consumen propaganda yihadista de organizaciones como ISIS, el Estado Islámico y Al Qaeda. En algunos casos, solicitan instrucciones para fabricar artefactos explosivos caseros o armas impresas en 3D a través de contactos realizados en redes sociales con supuestos integrantes de organizaciones extremistas que reclutan «lobos solitarios» mediante aplicaciones de mensajería.
Las autoridades señalan que estos jóvenes son captados en burbujas digitales donde circulan discursos de odio racial, antisemitismo y supremacía blanca, creando una radicalización orgánica que ocurre en el silencio de los hogares, lejos de la supervisión familiar.
El vacío legal: inimputabilidad y frustración judicial
A pesar de la eficacia policial, el sistema judicial argentino enfrenta una vulnerabilidad estructural. Debido a que los involucrados son menores de edad por debajo del umbral de responsabilidad penal, resultan inimputables según el Código Penal argentino.
Esta situación genera profunda frustración en las fuerzas de seguridad y la fiscalía. En el caso de Maschwitz, por ejemplo, los menores solo fueron apartados del colegio y obligados a cursar de forma virtual, una respuesta que parece insuficiente ante la magnitud del peligro evitado.
El marco legal actual, diseñado para una era pre-digital, lucha por procesar a adolescentes que, aunque inimputables, poseen la capacidad técnica y la voluntad ideológica para cometer masacres. Los investigadores se encuentran en una paradoja: detectan la amenaza a tiempo, pero las herramientas de sanción y reformación son limitadas frente a delitos de esta envergadura.
Medidas de prevención: protección reforzada en escuelas jujeñas
La justicia ha dispuesto medidas de resguardo y prevención en las escuelas que habían sido identificadas como posibles blancos del ataque. Aunque las autoridades no han revelado públicamente los nombres de los establecimientos educativos por razones de seguridad, fuentes judiciales confirmaron que se implementaron protocolos especiales de vigilancia en instituciones de La Quiaca y otras localidades de Jujuy.
El magistrado interviniente continúa analizando el grado de ejecución del plan, la posible participación de terceros y si existen vínculos con grupos extremistas organizados.
El llamado a la responsabilidad familiar y social
El éxito de la PFA y el FBI evitó que la provincia de Jujuy —y Argentina en general— registrara una nueva tragedia educativa, pero la victoria es parcial. La detección digital es el último eslabón de una cadena de fallos que comienza mucho antes, en la soledad de un joven frente a un algoritmo de odio.
Los expertos coinciden en que la prevención no puede ser solo policial; debe ser social y familiar. Si la radicalización juvenil ocurre en el silencio de los hogares, la pregunta para la sociedad es ineludible: ¿Hasta qué punto conocemos los entornos virtuales donde nuestros hijos pasan sus horas?
La responsabilidad de monitorear estas «burbujas de odio» es el primer paso para evitar que el próximo informe del FBI apunte a una escuela en nuestra propia ciudad. En La Quiaca, como en el resto del país, la vigilancia parental, la educación digital y el diálogo intergeneracional se presentan como herramientas fundamentales para combatir la radicalización antes de que sea demasiado tarde.
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