Milagro Sala, dirigente social condenada a 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, enfrenta un desalojo inminente que amenaza con revocar su arresto domiciliario y forzar su regreso a un establecimiento penitenciario. La situación alcanzó un punto crítico tras el vencimiento del acuerdo de ocupación de la vivienda donde reside en La Plata y la imposibilidad de encontrar una nueva propiedad en alquiler.
El conflicto expone las consecuencias directas de una condena firme ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pone en evidencia cómo una dirigente sentenciada por delitos contra el Estado enfrenta ahora las limitaciones propias de su situación judicial. Sin un domicilio válido para cumplir la medida restrictiva, la justicia debe resolver si mantiene el beneficio otorgado por razones de salud o dispone su traslado a prisión.
Condena confirmada por delitos graves
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el 8 de mayo de 2025 una pena única de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta para Milagro Sala. La sentencia, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, unificó dos condenas dictadas por la justicia de Jujuy en causas separadas.
Fin del relato K en Jujuy: Corte Suprema ratificó la condena de 15 años a Milagro Sala
En la causa «Pibes Villeros», sentenciada el 14 de enero de 2019, Sala fue condenada a 13 años de prisión efectiva por asociación ilícita en calidad de jefa, fraude a la administración pública y extorsión. La investigación determinó que lideraba una estructura criminal para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El dinero era redireccionado en efectivo hacia Sala y su círculo cercano, mientras muchas viviendas nunca se construyeron, dejando a decenas de familias sin los hogares prometidos.
En la causa «Amenazas», sentenciada el 15 de febrero de 2019, recibió 2 años de prisión efectiva por amenazar a personal policial. El 13 de octubre de 2014, cuando ejercía como diputada provincial, realizó dos llamadas telefónicas a una comisaría en Alto Comedero exigiendo la devolución de prendas secuestradas.
Según consta en el expediente judicial, Sala profirió amenazas explícitas al oficial Angélica Vásquez: «son una manga de maricones y van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos». Minutos después, amenazó a la comisaria Ángela Cabero: «Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí. Los voy a hacer volar a la mierda, ya me van a conocer».
Esta condena unificada y firme es el marco legal que determina la actual situación de Milagro Sala, quien debe cumplir una pena por delitos comprobados contra el patrimonio público y funcionarios del Estado.
Vencimiento del acuerdo y proceso de desalojo
El conflicto habitacional se originó tras el vencimiento del convenio de desocupación firmado entre Sala y los propietarios del inmueble ubicado en Villa Elvira, al sur del Gran La Plata, según pudo saber 0221.com.ar. El acuerdo expiró el 3 de diciembre de 2025, pero la dirigente condenada permanece en la vivienda sin autorización.
La relación contractual había comenzado con alquileres temporarios renovables cada dos meses. Posteriormente, Sala realizó reservas de compra que no se concretaron, lo que llevó a la firma del acuerdo de desocupación. Sin embargo, según fuentes vinculadas al caso, «nadie quiere alquilarle una vivienda a Sala», generando un estancamiento que afecta directamente los derechos de los propietarios.
Los dueños del inmueble, representados por los abogados Alicia Cagnani Salinas y Guillermo Herskovic, iniciaron acciones legales para recuperar su propiedad. El caso fue presentado inicialmente en el fuero Civil y Comercial de La Plata, que se declaró incompetente al considerar que la situación está atravesada por una medida de detención domiciliaria. El expediente fue derivado al Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata, a cargo del juez Juan José Ruiz.
Los propietarios enviaron una carta al gobernador Axel Kicillof solicitando la intervención del gobierno bonaerense para garantizar una alternativa habitacional, pero no han obtenido respuesta. La falta de acción estatal deja a ciudadanos comunes atrapados en un conflicto generado por la situación judicial de una persona condenada por delitos graves.
Riesgo de revocación del arresto domiciliario
La ausencia de una vivienda alternativa pone en grave peligro el beneficio del arresto domiciliario de Sala. Como señalan fuentes judiciales, «sin un domicilio válido, el arresto domiciliario entra en riesgo y la posibilidad de que se revierta la medida y se ordene su regreso a un establecimiento penitenciario deja de ser una hipótesis lejana».
El arresto domiciliario, técnicamente considerado una «internación domiciliaria», fue otorgado por razones de salud tras recomendaciones de organismos internacionales. Sin embargo, este beneficio depende fundamentalmente de la existencia de un domicilio fijo donde cumplir la medida restrictiva. La imposibilidad de conseguir un alquiler debido a su condición de condenada por delitos graves genera un problema legal que la justicia debe resolver.
El juez Juan José Ruiz enfrenta una decisión que debe sopesar el derecho de propiedad de los dueños del inmueble, la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta por la justicia, y las consideraciones de salud que fundamentaron el traslado desde Jujuy.
Contexto de salud y permanencia en Buenos Aires
Milagro Sala fue trasladada desde Jujuy a La Plata en diciembre de 2022 para tratar una trombosis venosa profunda. Especialistas de la Fundación Favaloro recomendaron la colocación de stents, y actualmente continúa en tratamiento en el Hospital Italiano de La Plata.
El 8 de octubre de 2025, el juez Ruiz dictaminó que Sala debía permanecer en la provincia de Buenos Aires tras solicitar informes médicos y visitarla personalmente. La resolución estableció: «La señora Sala debe continuar cumpliendo la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, a fin de salvaguardar el derecho a la salud».
Sin embargo, esta orden judicial choca ahora con la realidad: la dirigente condenada no puede encontrar una propiedad donde cumplir la medida, y los propietarios actuales exigen legítimamente recuperar su inmueble. El Estado provincial bonaerense no ha ofrecido soluciones concretas, dejando a la justicia en una encrucijada donde debe hacer cumplir una condena firme mientras resuelve las condiciones materiales para hacerlo.
Decisión judicial pendiente
El juez Juan José Ruiz debe tomar una decisión que determinará el futuro inmediato de Milagro Sala. Las opciones incluyen habilitar el desalojo inmediato, establecer un plazo especial para la búsqueda de vivienda, ordenar al Estado que provea una solución habitacional, o disponer directamente el traslado a un centro penitenciario.
A casi diez años de su detención inicial el 16 de enero de 2016, el caso expone las complejidades de ejecutar una pena de prisión cuando existen beneficios por motivos de salud. La dirigente social, condenada por asociación ilícita, fraude millonario al Estado y amenazas graves a funcionarios policiales, enfrenta las consecuencias de una sentencia ratificada por la máxima instancia judicial del país.
La situación plantea un interrogante fundamental: ¿debe el sistema judicial mantener beneficios excepcionales cuando las circunstancias materiales y sociales impiden su cumplimiento efectivo? La respuesta determinará si Milagro Sala permanece en arresto domiciliario o regresa a prisión para cumplir los 15 años de condena que pesan sobre ella por delitos contra el patrimonio público y la seguridad de funcionarios estatales.
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