La Legislatura de Jujuy aprobó la Ley N° 6.468, que autoriza la transformación jurídica de las Sociedades del Estado provinciales a Sociedades Anónimas, desatando una intensa controversia política y jurídica que divide opiniones entre el cumplimiento de normativas nacionales y una presunta privatización encubierta de empresas públicas.
La medida, impulsada por el gobierno del gobernador Carlos Sadir, ha generado fuertes críticas de la oposición política y referentes de la sociedad civil, quienes denuncian que la norma constituye una «carta blanca» para la privatización total o parcial de estas empresas mediante decreto, sin el debido control legislativo.
El marco normativo nacional como justificación
El Poder Ejecutivo provincial fundamenta la iniciativa en el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Ejecutivo Nacional, que derogó la Ley Nacional N° 20.705. Según explicó el gobernador Carlos Sadir, esta transformación no constituye una decisión autónoma del gobierno provincial, sino una adecuación obligatoria a las nuevas disposiciones nacionales.
«Solo se cambia la forma societaria», declaró Sadir, enfatizando que «el titular sigue siendo el Estado» y que las empresas «no pasarán a manos privadas». El mandatario provincial insiste en que se trata de una modificación formal necesaria para garantizar la continuidad operativa y la seguridad jurídica de estas entidades.
El diputado oficialista Adriano Morone respaldó esta posición, explicando que la ley busca «dar un marco formal necesario para adecuarlas a la nueva normativa nacional» y «darles mayor protección a las Sociedades del Estado». Según Morone, cualquier decisión importante sobre estas empresas requerirá una mayoría agravada de la Legislatura.
Las empresas afectadas y las excepciones
Entre las empresas estatales que podrían verse afectadas por esta transformación se encuentran Cannava, Cauchari, el Tren Solar, Xuma, Jujuy Digital y, potencialmente, la empresa de agua potable. Estas entidades podrían incorporar hasta un 49% de capital privado, manteniendo el Estado provincial una mayoría accionaria mínima del 51%.
La única excepción establecida por la ley es Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que deberá conservar en todo momento la titularidad estatal total de su capital social. Sin embargo, incluso esta excepción ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona la falta de transparencia sobre los fondos y ganancias de esta empresa.
La oposición denuncia inconstitucionalidad
La senadora nacional Carolina Moisés ha encabezado las críticas más contundentes contra la medida, calificándola como una «barbaridad» y una «privatización encubierta e inconstitucional». Según Moisés, la ley «le da carta blanca al gobierno provincial para que privatice todas las empresas del Estado, de manera parcial o total».
«Lo más grave es que lo hace por decreto», denunció la senadora, quien considera que esta facultad otorgada al Poder Ejecutivo para realizar privatizaciones mediante decreto, sin necesidad de pasar por la Legislatura para cada caso, constituye una violación constitucional. «Es inconstitucional y vergonzoso», agregó Moisés, anunciando que su equipo legal está evaluando acciones como un «planteo de inconstitucionalidad y un amparo inmediato».
El legislador Gastón Remy, del Frente de Izquierda, también se sumó a las críticas, advirtiendo que a pesar de las garantías formales sobre el mantenimiento de la mayoría accionaria estatal, la ley mantiene un artículo que «habilita la privatización total de las empresas» al permitir la venta del 100% de las acciones en ciertas circunstancias.
Los cuestionamientos legales de fondo
Alicia Chalabe, referente de la asociación de defensa del consumidor CODELCO y abogada, ha planteado las objeciones legales más específicas contra la medida. Chalabe sostiene que la Legislatura de Jujuy delegó su facultad de legislar al Poder Ejecutivo, lo cual está prohibido por el Artículo 76 de la Constitución Nacional.
«Es un horror, es un escándalo», declaró Chalabe, calificando la norma como «bochornosa» por permitir que el Poder Ejecutivo modifique las estructuras jurídicas de las empresas mediante decreto «sin razón alguna». La abogada considera que esta delegación de facultades constituye una concentración de poder inadmisible bajo el ordenamiento constitucional.
Chalabe también cuestionó la estrategia argumentativa del oficialismo, señalando que el DNU Nacional 70/23, utilizado como justificación, se encuentra judicializado y «ha sido declarado inconstitucional por varios jueces». Según la experta, el decreto nacional «de ninguna manera dice que te van a transformar las SE y que va a ser facultad del Ejecutivo».
Implicaciones para los servicios públicos
Una de las preocupaciones centrales expresadas por los críticos de la medida se refiere al impacto potencial en las tarifas de servicios públicos esenciales, particularmente el agua potable. Alicia Chalabe planteó interrogantes específicos sobre este aspecto: «Si delegan al Poder Ejecutivo que regule la venta ¿cómo le vas a fijar una tarifa? Hay un exceso de facultades».
La abogada advirtió que si se privatiza la empresa de agua, los usuarios terminarán pagando tarifas fijadas por el Poder Ejecutivo sin una regulación clara o transparente. Esta preocupación se enmarca en un contexto más amplio de críticas sobre la gestión de las empresas estatales y su impacto económico en la población.
Las acusaciones de opacidad y endeudamiento
La oposición ha denunciado consistentemente una «falta de transparencia total» en el manejo de los recursos y fondos de las empresas estatales desde el inicio de la gestión de Gerardo Morales en 2015. Carolina Moisés señaló que proyectos como Cauchari y el Tren Solar han «endeudado a los jujeños y jujeñas» sin que exista claridad sobre los beneficios obtenidos por la población.
«Algunos ganaron mucho dinero» a través de «directorios con sueldos millonarios», denunció Moisés, quien expresó su sospecha de que el objetivo final de la ley es «armar una mesa de dinero para que unos pocos se repartan las ganancias» de estas empresas. La senadora utilizó la frase «Las deudas son de nosotros, las empresas son ajenas» para resumir su crítica sobre el manejo de estos recursos públicos.
Esta línea argumental incluye la denuncia de que, a pesar de las inversiones realizadas con fondos públicos y deuda en dólares contraída en nombre de los jujeños, la provincia mantiene «una de las tarifas de luz más caras del país», según señaló Moisés en referencia específica al proyecto Cauchari.
Los mecanismos de control establecidos
Desde la perspectiva oficialista, la Ley N° 6.468 establece «estrictos mecanismos de control» sobre el ingreso de capital privado, asegurando su compatibilidad con los fines estratégicos provinciales, la solvencia de los inversores y la transparencia en los procesos.
Según el comunicado oficial de la Legislatura, la privatización total solo se contempla bajo «circunstancias económicas, financieras o estratégicas debidamente acreditadas», con dictámenes previos y comunicación a la Legislatura. Además, se establece que la Legislatura podría rechazar cualquier decisión de privatización total con mayoría absoluta de los miembros presentes en un plazo de 30 días.
Sin embargo, la oposición considera que este mecanismo de control legislativo es ineficaz y constituye una «trampita» que «dinamita el Poder Legislativo», según las palabras de Alicia Chalabe.
El contexto económico y las nuevas fuentes de financiamiento
El gobierno provincial justifica la incorporación de hasta un 49% de capital privado como una vía para habilitar nuevas fuentes de financiamiento e inversión con el objetivo de mejorar la gestión, expandir actividades y generar empleo. Esta estrategia se enmarca en un contexto económico provincial y nacional desafiante, donde la búsqueda de eficiencia y contención del gasto público se presenta como una prioridad.
El oficialismo argumenta que esta transformación jurídica dotará a las empresas públicas de herramientas legales modernas y flexibles, acordes al ordenamiento vigente, garantizando su continuidad operativa, seguridad jurídica, solvencia institucional y capacidad de desarrollo.
Las reacciones políticas y sociales
El debate ha generado una polarización política notable en la provincia. Mientras el oficialismo presenta la medida como una modernización necesaria y un cumplimiento normativo, partidos como el Frente de Izquierda y el Partido Justicialista se han opuesto unánimamente al proyecto.
Gastón Remy ha criticado la falta de información disponible sobre los ingresos y balances de las empresas estatales, mientras que el diputado del PJ Rubén Rivarola ha expresado preocupaciones adicionales sobre las implicaciones para las empresas locales y la fuga de capitales hacia otras provincias.
La sociedad civil, representada por organizaciones como CODELCO, también ha manifestado su rechazo a la medida, planteando interrogantes sobre la constitucionalidad del proceso y sus implicaciones futuras para los servicios públicos y los derechos de los usuarios.
Perspectivas futuras y acciones legales
La controversia generada por la Ley N° 6.468 no parece estar próxima a resolverse. La senadora Carolina Moisés ha anunciado que está evaluando acciones legales concretas, incluyendo planteos de inconstitucionalidad y amparos inmediatos, lo que podría llevar el debate al ámbito judicial.
Por su parte, Alicia Chalabe ha señalado que el DNU Nacional 70/23, que sirve de base para la justificación gubernamental, ya está siendo cuestionado en diversos tribunales del país, lo que podría afectar la validez legal de la norma provincial.
El futuro de empresas estratégicas como Cannava, Cauchari, el Tren Solar, Xuma, Jujuy Digital y la empresa de agua potable queda así en el centro de un debate que trasciende los aspectos meramente técnicos para abordar cuestiones fundamentales sobre el rol del Estado, la transparencia gubernamental, el control democrático y los derechos ciudadanos.
La transformación de las empresas estatales jujeñas representa un caso emblemático de las tensiones actuales entre las políticas de modernización estatal, las exigencias de eficiencia económica y la preservación del control público sobre activos estratégicos, en un contexto donde las garantías constitucionales y la transparencia democrática se convierten en elementos centrales del debate político y social.
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